mercredi 18 mars 2009

¡MIRA LO QUE PASA EN CHILE! El Doble estándar del estado en materia de Derechos Humanos


Una vez más el estado chileno, a través de su administración pública, atenta a los Derechos de los Pueblos Indígenas por medio de viciados e irregulares procesos de consultas levantados por el Gobierno; Como también, por medio de Imposiciones de violatorias iniciativas legislativas de Reforma Constitucional sobre Pueblos Indígenas, aparejados con la imposición de nefastos proyectos de industrias extractivas o energéticas en territorios indígenas.


FOTO: SENADO


El doble estándar que ha venido asumiendo el estado chileno en materia de Pueblos Indígenas queda de manifiesto. Por una parte, en el plano internacional, asume la ratificación del Convenio 169 de la OIT, suscribe la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas e informa ante diversas instancias de los órganos internacionales de Derechos Humanos sobre supuestos avances en favor de los indígenas en Chile; Y por la otra, en el plano real y local, intenta coartar y cancelar Derechos Humanos Colectivos consagradas en estas normas internacionales y que por su carácter, son obligatorias al estado.


El Gobierno chileno y sectores legislativos, a través de operadores políticos, en vez de avanzar en la implementación y resguardo pleno y efectivo de los Derechos Indígenas al interior del ordenamiento jurídico y político del estado, se ha dedicado insistentemente en buscar por todos los medios de restringirlos. Entre otros: Los intentos por imponer en sus fases de aprobación, ratificación y promulgación del Convenio 169 de la OIT, una declaración interpretativa para limitarla; Los aberrantes Proyectos de reforma constitucional para la asimilación jurídica y política en la condición de “Pueblos Indígenas” bajo los preceptos de “Nación chilena única e indivisible”, junto con la negación de que los Pueblos Indígenas son sujetos y titulares de Derechos; y la subordinación jurídica que se quiere hacer al Convenio 169, son hechos graves y alarmantes.


Es imperioso que las representaciones públicas del estado chileno terminen de una vez con las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en Chile, particularmente en cuanto a las imposiciones de diversos proyectos de industrias extractivas, energéticas y de servicios en los territorios indígenas, tales como: Forestales, celulosas. mineras, bio combustibles, hidroeléctricas, salmoneros, vertederos, plantas de tratamiento, obras viales. También, de asumir debidamente y de buena fe, la implementación, valoración, promoción y resguardo integral y en plenitud de todos los Derechos Humanos que le asisten a los Pueblos Indígenas. Asimismo, frente a políticas públicas, a establecer los mecanismos adecuados de consulta como deber del estado, cuyas propuestas deben atender las normas internacionales sobre consentimiento libre, previo e informado, como asimismo, a respetar, valorar y garantizar los Derechos de participación.


El estado chileno a través de su gobierno, debe cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos vinculadas a Pueblos Indígenas. Entre otras:


- Atender e implementar las recomendaciones efectuadas por diversos órganos internacionales de Derechos Humanos, tales como: La Relatoría de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas; Las de los Comités de Comité de Derechos Humanos (CDH), y del Comité de Derechos del Niño (CDN); Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC).


- Atender y Responder la denuncia por Racismo y Discriminación socio Ambiental a causa de vertederos y plantas de tratamiento de aguas servidas ante el Comité ONU de la Eliminación de la Discriminación (CERD) y establecer inmediatas medidas de reparación por los daños ocasionados, como asimismo frente a otros casos que se llevan en dicha instancia.


- Cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA quien exige modificar la competencia de la Justicia Militar en asuntos que involucra a civiles.


- Cumplir con el acuerdo amistoso ante la CIDH de OEA por el caso Ralco, en el sentido de no instalar un nuevo proyecto hidroeléctrico en territorio Pewenche en los Altos del Bio Bio y frenar los intentos de imposición del proyecto hidroeléctrico “Angostura” de la empresa Colbún.


- Atender e implementar las diversas Comunicaciones y Recomendaciones de organismos No Gubernamentales de Derechos Humanos.


- Cumplir íntegramente con los deberes y obligaciones que le establecen los diferentes pactos, tratados y declaraciones sobre Derechos Humanos.


AS

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