El proyecto se llama Reconocimiento Constitucional de los Pueblos Originarios pero según las organizaciones indígenas significa la cancelación definitiva de sus derechos. Para el abogado del Observatorio Ciudadano especialista en derechos indígenas, José Aylwin, “más que un reconocimiento es una negación, una propuesta engañosa que está muy por debajo de los estándares internacionales”.
Fuentes:
Por Francisco Marin, martes 10 de marzo de 2009
El abogado especialista en derechos humanos y pueblos indígenas advierte que propuesta de reforma constitucional “es un candado al reconocimiento de los derechos indígenas” e indica lo perjudicial que sería entender la Nación chilena como “una, indivisible y multicultural”. En el Senado, en tanto, cunde la confusión, pero el senador Juan Pablo Letelier defiende la propuesta y sostiene que “cualquier avance en materia de reconocimiento es un avance”.
El proyecto se llama Reconocimiento Constitucional de los Pueblos Originarios pero según las organizaciones indígenas significa la cancelación definitiva de sus derechos. Para el abogado del Observatorio Ciudadano especialista en derechos indígenas, José Aylwin, “más que un reconocimiento es una negación, una propuesta engañosa que está muy por debajo de los estándares internacionales”.
Iniciado por moción de los senadores Espina, Allamand, Ruminot, Romero y Cantero -todos RN salvo el último- y con la categoría de “suma urgencia” puesta por el gobierno, el proyecto se vota en la sesión de esta tarde del Senado. Es el resultado de la fusión de dos proyectos previos que realizó la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en la que obtuvo la aprobación de senadores de derecha pero también de Soledad Alvear y del precandidato radical José Antonio Gómez. Sólo se opuso el senador socialista Pedro Muñoz.
Aylwin, quien participó a comienzos de los ’90 en la Comisión Especial de Pueblos Indígenas y en el anteproyecto de la ley indígena actual, reconoce problemas de forma y fondo en la reforma. “De forma por la ausencia de procesos efectivos de consulta a las comunidades y organizaciones indígenas, como lo ordenan los tratados internacionales suscritos por el Estado chileno”, explica el abogado.
En esto coinciden los consejeros indígenas de la CONADI, quienes en una carta dirigida a la Presidenta Bachelet demandan paralizar la tramitación del proyecto y explican que “el Convenio 169 de Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT obliga al Estado de Chile, sumado a la Declaración de Derecho de los Pueblos Indígenas de la ONU a iniciar un proceso de consulta a los pueblos tanto en el Congreso Nacional como en las instituciones de gobierno ante cualquier medida que afecte sus derechos”.
Un Chile único, indivisible y multicultural
Los problemas de fondo, explica Aylwin, “son varios y bastante graves”. En materia de tierras “no reconoce la propiedad ancestral indígena y tiene una visión muy limitada de la propiedad y el aprovechamiento de las aguas”. Pero el peor, explica el abogado, “es que pone un candado al reconocimiento de los pueblos indígenas cuando los considera sólo un aporte a la conformación de una Nación chilena que es ‘una, indivisible y multicultural”.
En efecto, el inciso primero del único artículo del proyecto, considera a “la Nación chilena” como “una, indivisible y multicultural”. El inciso segundo reconoce la existencia de los pueblos indígenas pero deja claro que la calidad de sujetos de derecho no la detentan ellos sino sus “comunidades, organizaciones e integrantes”. Mientras que el tercero especifica que los pueblos podrán organizar su vida de acuerdo a sus costumbres, “siempre que ello no contravenga la Constitución y las leyes”.
Bernardo Clavero, miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, advirtió ayer en su blog personal que “el pueblo indígena en sí no es aquí sujeto estrictamente de derecho alguno. Se elude incluso la expresión de derecho consuetudinario como derecho de pueblo indígena no sólo para supeditársele siempre a ley, sino también para evitarse que el mismo se considere sujeto ni político ni jurídico”.
Además, por más “progre” que suene, el concepto de multiculturalidad no tiene ningún valor para los pueblos indígenas. Aylwin explica que “la política de la multiculturalidad ya fue superada por las constituciones más modernas, como la de Ecuador y Bolivia, porque sólo supone una ‘foto de los diferentes’, ahora se necesita una política de la interculturalidad que reconozca además de diferencias la interrelación”.
Lo más grave de esta reforma, sin embargo, es que supedita a la ley doméstica tratados multilaterales firmados por el Estado chileno, lo que constituye una violación al derecho internacional. Es el caso del Convenio 169 de la OIT, aprobado el 4 de marzo de 2008 y vigente desde septiembre de ese año, que los senadores anulan al indicar que sus “preceptos no podrán contravenir la legislación nacional ni el régimen de garantías constitucionales.”
“El reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho ya es un derecho constitucional cuando el Estado aprueba tratados internacionales como el 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, pero ahora no los cumple, lo que es condenable desde cualquier punto de vista”, aclara Aylwin.
Segura aprobación en el Senado
En el Senado se espera que se apruebe “la idea de legislar” sobre esta nueva propuesta por amplia mayoría, ya que contaría con el apoyo de los senadores de la Alianza y de la gran mayoría de la Concertación. Juan Pablo Letelier, representante de la bancada de senadores del PS, reconoció a El Ciudadano que los socialistas aprobarán la propuesta a pesar de la oposición del senador Pedro Muñoz, que ya en la comisión de Constitución rechazó la propuesta.
Consultado por la flagrante violación del derecho internacional y el descontento de los pueblos indígenas, Letelier llamó a la calma pues sólo se aprobará la idea de legislar, indicó que “tenemos preparadas varias indicaciones al proyecto” y subrayó que “cualquier avance en materia de reconocimiento es un avance”.
Los radicales enfrentarían quebrados la votación de hoy, pues Nelson Ávila rechazaría la idea de legislar sobre la base de esta propuesta, mientras que el precandidato presidencial José Antonio Gómez la aprobaría. La situación reviste una especial polémica, pues Ávila es el encargado de la campaña de Gómez y ve en grave peligro su imagen como la alternativa “progresista” de la Concertación.
Al interior de la DC también cunden las confusiones, ya que al igual que Gómez la senadora Soledad Alvear elaboró y aprobó la propuesta en la comisión especial. Fuentes cercanas a la tienda falangista indican, sin embargo, que los senadores no se comportarían de forma distinta a la ex presidenta del partido.
Fuentes:
Por Francisco Marin, martes 10 de marzo de 2009
El abogado especialista en derechos humanos y pueblos indígenas advierte que propuesta de reforma constitucional “es un candado al reconocimiento de los derechos indígenas” e indica lo perjudicial que sería entender la Nación chilena como “una, indivisible y multicultural”. En el Senado, en tanto, cunde la confusión, pero el senador Juan Pablo Letelier defiende la propuesta y sostiene que “cualquier avance en materia de reconocimiento es un avance”.
El proyecto se llama Reconocimiento Constitucional de los Pueblos Originarios pero según las organizaciones indígenas significa la cancelación definitiva de sus derechos. Para el abogado del Observatorio Ciudadano especialista en derechos indígenas, José Aylwin, “más que un reconocimiento es una negación, una propuesta engañosa que está muy por debajo de los estándares internacionales”.
Iniciado por moción de los senadores Espina, Allamand, Ruminot, Romero y Cantero -todos RN salvo el último- y con la categoría de “suma urgencia” puesta por el gobierno, el proyecto se vota en la sesión de esta tarde del Senado. Es el resultado de la fusión de dos proyectos previos que realizó la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en la que obtuvo la aprobación de senadores de derecha pero también de Soledad Alvear y del precandidato radical José Antonio Gómez. Sólo se opuso el senador socialista Pedro Muñoz.
Aylwin, quien participó a comienzos de los ’90 en la Comisión Especial de Pueblos Indígenas y en el anteproyecto de la ley indígena actual, reconoce problemas de forma y fondo en la reforma. “De forma por la ausencia de procesos efectivos de consulta a las comunidades y organizaciones indígenas, como lo ordenan los tratados internacionales suscritos por el Estado chileno”, explica el abogado.
En esto coinciden los consejeros indígenas de la CONADI, quienes en una carta dirigida a la Presidenta Bachelet demandan paralizar la tramitación del proyecto y explican que “el Convenio 169 de Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT obliga al Estado de Chile, sumado a la Declaración de Derecho de los Pueblos Indígenas de la ONU a iniciar un proceso de consulta a los pueblos tanto en el Congreso Nacional como en las instituciones de gobierno ante cualquier medida que afecte sus derechos”.
Un Chile único, indivisible y multicultural
Los problemas de fondo, explica Aylwin, “son varios y bastante graves”. En materia de tierras “no reconoce la propiedad ancestral indígena y tiene una visión muy limitada de la propiedad y el aprovechamiento de las aguas”. Pero el peor, explica el abogado, “es que pone un candado al reconocimiento de los pueblos indígenas cuando los considera sólo un aporte a la conformación de una Nación chilena que es ‘una, indivisible y multicultural”.
En efecto, el inciso primero del único artículo del proyecto, considera a “la Nación chilena” como “una, indivisible y multicultural”. El inciso segundo reconoce la existencia de los pueblos indígenas pero deja claro que la calidad de sujetos de derecho no la detentan ellos sino sus “comunidades, organizaciones e integrantes”. Mientras que el tercero especifica que los pueblos podrán organizar su vida de acuerdo a sus costumbres, “siempre que ello no contravenga la Constitución y las leyes”.
Bernardo Clavero, miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, advirtió ayer en su blog personal que “el pueblo indígena en sí no es aquí sujeto estrictamente de derecho alguno. Se elude incluso la expresión de derecho consuetudinario como derecho de pueblo indígena no sólo para supeditársele siempre a ley, sino también para evitarse que el mismo se considere sujeto ni político ni jurídico”.
Además, por más “progre” que suene, el concepto de multiculturalidad no tiene ningún valor para los pueblos indígenas. Aylwin explica que “la política de la multiculturalidad ya fue superada por las constituciones más modernas, como la de Ecuador y Bolivia, porque sólo supone una ‘foto de los diferentes’, ahora se necesita una política de la interculturalidad que reconozca además de diferencias la interrelación”.
Lo más grave de esta reforma, sin embargo, es que supedita a la ley doméstica tratados multilaterales firmados por el Estado chileno, lo que constituye una violación al derecho internacional. Es el caso del Convenio 169 de la OIT, aprobado el 4 de marzo de 2008 y vigente desde septiembre de ese año, que los senadores anulan al indicar que sus “preceptos no podrán contravenir la legislación nacional ni el régimen de garantías constitucionales.”
“El reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho ya es un derecho constitucional cuando el Estado aprueba tratados internacionales como el 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, pero ahora no los cumple, lo que es condenable desde cualquier punto de vista”, aclara Aylwin.
Segura aprobación en el Senado
En el Senado se espera que se apruebe “la idea de legislar” sobre esta nueva propuesta por amplia mayoría, ya que contaría con el apoyo de los senadores de la Alianza y de la gran mayoría de la Concertación. Juan Pablo Letelier, representante de la bancada de senadores del PS, reconoció a El Ciudadano que los socialistas aprobarán la propuesta a pesar de la oposición del senador Pedro Muñoz, que ya en la comisión de Constitución rechazó la propuesta.
Consultado por la flagrante violación del derecho internacional y el descontento de los pueblos indígenas, Letelier llamó a la calma pues sólo se aprobará la idea de legislar, indicó que “tenemos preparadas varias indicaciones al proyecto” y subrayó que “cualquier avance en materia de reconocimiento es un avance”.
Los radicales enfrentarían quebrados la votación de hoy, pues Nelson Ávila rechazaría la idea de legislar sobre la base de esta propuesta, mientras que el precandidato presidencial José Antonio Gómez la aprobaría. La situación reviste una especial polémica, pues Ávila es el encargado de la campaña de Gómez y ve en grave peligro su imagen como la alternativa “progresista” de la Concertación.
Al interior de la DC también cunden las confusiones, ya que al igual que Gómez la senadora Soledad Alvear elaboró y aprobó la propuesta en la comisión especial. Fuentes cercanas a la tienda falangista indican, sin embargo, que los senadores no se comportarían de forma distinta a la ex presidenta del partido.
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