MAPUCHES BAJO FUEGO

Abogado de familiares de Jaime Mendoza Collio confirmó existencia de Informe sobre montaje de Carabineros. Jaime Madariaga asegura que el chaleco antibalas del único uniformado procesado recibió impactos de perdigones con posterioridad a los hechos que implicaron la muerte del joven comunero de Ercilla. Informe sepulta versión policial de la "legítima defensa", deja en entredicho respaldo del gobierno a Carabineros y abre nuevas aristas en investigación de Fiscalía Militar. No se descarta el procesamiento de otros uniformados.. (Escribe Pedro Cayuqueo)

“El documento sí existe y ya está acompañado en el expediente”. Así de taxativo fue el abogado de la familia del joven mapuche, Jaime Mendoza Collío, sobre la existencia de un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) que habla de un montaje por parte de Carabineros para encubrir su crimen, acontecido el pasado 12 de agosto en las inmediaciones del Fundo San Sebastián, comuna de Angol.

“Sí, podemos confirmarlo (la existencia del documento). Mientras, en público, el Ministerio del Interior no niega la existencia del documento, más bien simplemente no lo conoce. La verdad es que sí existe y ya está acompañado en el expediente”, aseguró el abogado Jaime Madariaga a ADN Radio Chile.

La existencia del informe fue denunciada por el diario Austral de Temuko, pero la información fue inmediatamente desmentida por el Gobierno, primero por la vocera Carolina Tohá y luego por el propio subsecretario del Interior, Patricio Rosende. “Si, existe, yo lo he visto –insistió el abogado– lamentablemente es ahí donde falla el sistema procesal penal antiguo, ya que no puedo hablar de su contenido pues es secreto de sumario, pero sí existe”, señaló Madariaga.

En este sentido manifestó que los impactos de escopeta que recibió el chaleco antibalas del funcionario de Fuerzas Especiales, cabo Miguel Patricio Jara, “los recibió sin un cuerpo humano adentro y además donde el carabinero dice que recibió múltiples disparos, en la tierra no hay ningún resto de perdigones. Se hicieron búsquedas completas y no se encontró nada”, precisó el destacado abogado de derechos humanos.

Madariaga, incluso, afirma que hay superiores y hasta generales involucrados en el supuesto encubrimiento. “Hay simplemente dos opciones: esos sujetos que participaron en el delito, en este intento de encubrimiento para lograr la impunidad engañaron a sus superiores jerárquicos, o bien, esos superiores jerárquicos no fueron engañados e intentaron engañar a la sociedad toda”, puntualizó el profesional.

Asimismo, el profesional dijo estar molesto por el hecho de que el Gobierno no se haga parte en la causa, “ya que tiene facultades para hacerlo y tiene copia de todos los antecedentes, inclusive de este informe. Ahora, el Gobierno no niega la existencia, sino dice simplemente ‘todavía no nos llega’, así que ojalá que les llegue, lo lean y puedan opinar”.

Gobierno en entredicho
Cabe recordar que tras filtrarse el Informe, la subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, desestimó la información, señalando que el Gobierno no se refería a hechos que no habían sido comprobados. “No nos vamos a referir a situaciones que no están comprobadas. Aquí no se hace ciencia ficción, hay que obrar sobre los hechos que el Fiscal Militar vaya dando a conocer y vaya comprobando en los cauces. No nos vamos a referir sobre trascendidos”, declaró la subsecretaria.
Además, Blanco manifestó que espera que el caso se resuelva lo antes posible para evitar la aparición de trascendidos, que a su juicio, no tienen sustento. “Nosotros siempre esperamos que lo antes posible se resuelvan estas situaciones para no dar cabida a este tipo de trascendidos.

Para eso estamos poniendo todo el apoyo, la ayuda y la información que sea necesaria a disposición del Fiscal Militar. El carabinero en este minuto se encuentra procesado pero en libertad y no se encuentra separado de sus funciones”, sentenció.

Con los nuevos antecedentes, los próximos pasos de la defensa de Mendoza Collío será solicitar que el Gobierno se haga parte en el proceso a través del Consejo de Defensa del Estado, “para transparentar la información y luego vamos a pedir que se revoque la libertad del carabinero involucrado (el cabo Miguel Patricio Jara) y que se procese a todos los otros que eventualmente pudieron haber tenido participación criminal”, señaló Madariaga.

Human Rights Watch
Tras su última visita a Chile, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, criticó al accionar de Carabineros en la zona del conflicto y tuvo especiales palabras para fustigar la actitud del general a cargo en el País Mapuche, Cristián Llévenes. “Me parece especialmente grave que el general de Carabineros de la zona después de conocido el report, el informe de medicina legal que muestra cómo fue asesinado este mapuche por la espalda, insista y siga insistiendo que esto fue un hecho de legítima defensa”, señaló.

“Tienes a la máxima autoridad regional de Carabineros que parece que más le importa dar una explicación o justificar los hechos y hasta encubrirlos, y no respetar a lo menos los informes técnicos que reflejan que aquí efectivamente se produjo un homicidio, y hay que colocar todo a disposición para sancionar y no proteger a este policía”, recalcó. Vivanco además sostuvo que la organización internacional que él representa tiene documentos que acreditan que en la zona del conflicto hay “brutalidad” policial contra los mapuches.

“Es un problema ya que podríamos calificarlo como crónico. Hasta ahora todas las estrategias intentadas no han tenido resultados, y una de las causales que agravan este conflicto es la violencia policial, son los abusos. Hemos documentado abusos en el pasado, y muchas veces la brutalidad con que se conduce Carabineros en desalojos o allanamientos es realmente indignante, porque afecta a veces a niños y a mujeres”, relató.

El director de HRW recalcó que “estos hechos están plenamente documentados”, aunque descartó que desde el Estado se aplique una política represiva contra los pueblos originarios del Bíobío y La Araucanía. “Nuestros pronunciamientos son muy fuertes y categóricos, pero al mismo tiempo en el último tiempo sólo hemos tenido que lamentar cuatro homicidios: uno en 2002, otro el 2006, el 2008 y este de ahora.

Entonces, una política de estado o una actitud sistemática de carácter represivo, me parece que los hechos no alcanzan para hablar de algo de esa naturaleza”, sostuvo.