Por la senda de Marifil, Egaña y Quintana, miente, miente sin verguenza que algo queda / "Los gobiernos democráticos no han aplicado la ley antiterrorista a demandas o reivindicaciones sociales de la población indígena (...) entre el año 1999 y 2009, esta ley especial se ha invocado sólo en 16 casos (...) en sólo dos ocasiones (...) a personas de origen indígena", dijo en su discurso el embajador chileno Carlos Portales.
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El gobierno de Chile negó este jueves en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que hubiera utilizado abusivamente su ley antiterrorista en perjuicio de la comunidad mapuche.
"Los gobiernos democráticos no han aplicado la ley antiterrorista a demandas o reivindicaciones sociales de la población indígena (...) entre el año 1999 y 2009, esta ley especial se ha invocado sólo en 16 casos (...) en sólo dos ocasiones (...) a personas de origen indígena", dijo en su discurso el embajador chileno Carlos Portales.
La posición chilena fue expuesta durante el debate de aprobación del informe final de su Examen Periódico Universal (EPU), un nuevo mecanismo de control donde se revisa la situación general de los derechos humanos de cada uno de los 192 Estados miembros de la ONU, y al que cada país está obligado de someterse cada 4 años.
La Unión Europea le había recomendado a Chile que revisara dicha ley, para impedir que se persiguiera "a miembros de las comunidades indígenas, en particular la mapuche, por sus actividades pacíficas de carácter político o religioso", pero el embajador Portales negó que eso fuera cierto.
Sin embargo, una docena de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que pudieron intervenir en las deliberaciones, fustigaron la versión oficial chilena, en particular Danielle Mitterrand, viuda del difunto presidente francés, quien acusó al Estado de Chile de "criminalizar las demandas del pueblo Mapuche, aplicando una cruel represión de la que yo misma he sido testigo".
"La Ley Antiterrorista, heredada de la dictadura militar (...) engendra pérdida de garantías de un proceso equitativo, mantiene en secreto una gran parte de la investigación, impone la prisión preventiva como medida de precaución y agrava las penas que la ley penal ordinaria aplica a los delitos comunes", señaló Danielle Mitterrand, que dirige la Fundación "France Libertés".
"Las protestas pacíficas que forman parte de los derechos constitucionales son continuamente reprimidas (...) en los últimos 6 años, 6 mapuches han sido asesinados por la policía, aun cuando los autores de dichos delitos están identificados, ninguno de ellos ha sido condenado", denunció Andrea Marifil, de la Asociación Internacional contra la Tortura.
El Estado chileno está empeñado en despojar a los mapuches de su identidad cultural y formas de vida, al negarles el derecho a la fuente principal de su existencia "sus territorios ancestrales- (...) esa política, excluyente y genocida, enfocada a exterminar su existencia", concluyó Reynaldo Mariqueo, del Comité Mapuche de Derechos Humanos.
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