Una de las principales razones que tuvieron once presos políticos mapuche para continuar con su ayuno fue la poca garantía que tenían en relación al compromiso del Ejecutivo de retirar las querellas por Ley Antiterrorista ya que, finalmente, es el Ministerio Público el que tiene la última palabra en este tipo de casos. Así lo confirmaron también los abogados defensores de los comuneros quienes advirtieron sobre el peligro de que este organismo utilice sus atribuciones con “sesgos racistas”.
Por Paula Correa
Fuente: Radio Universidad de Chile
Son once los comuneros mapuche que continúan en huelga de hambre, entre ellos un menor de edad de la cárcel de Chol–Chol. Los presos decidieron mantener esta medida de presión pues consideran que el compromiso que adoptó el Ejecutivo el viernes pasado de eliminar las querellas amparadas bajo la Ley Antiterrorista, no es suficiente.
Según indicaron los huelguistas, la propuesta del Gobierno no garantiza que se deje de invocar esta controversial legislación en los procesos ligados a las reivindicaciones mapuche. Pero además, Luis Marileo Cariqueo –el menor de 17 años que sigue ayunando– sostuvo que tampoco se han cumplido las exigencias que se hicieron al Servicio Nacional de Menores (Sename) como el reconocimiento de la realidad que afecta a los niños mapuche y un pronunciamiento oficial respecto de ello.
Para los abogados de los presos, en tanto, parte de este problema también pasaría por las grandes atribuciones que tiene el Ministerio Público a la hora de iniciar un proceso por Ley Antiterrorista.
“El Ministerio Público es autónomo del Estado y como tal el Ejecutivo no puede interferir en sus funciones y puede continuar procesando por esta ley. Sin embargo, lo que queda claro aquí es que para la sociedad en su conjunto este tipo de legislaciones, que son de excepción y para situaciones de guerra, no pueden ser utilizadas en contra de los mapuche”, dijo el abogado de la ONG Liberar, Sebastián Saavedra.
En la misma línea, el abogado de Derechos Humanos, Jaime Madariaga, explicó que “todo el mundo habla de la separación de los poderes del Estado en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero ¿Qué pasa con el Ministerio Público? Lo cierto es que no está bajo el amparo de ninguno de ellos, pero se está convirtiendo en un ente tan poderoso que puede decidir aplicar la Ley Antiterrorista a cualquiera de nosotros. Cuando hay facultades de esa naturaleza comienza a tambalear el sistema democrático y el estado de derecho.”
Madariaga también llamó la atención respecto del peligro de que el Ministerio Público “califique tan exageradamente estas conductas”, sobre todo “cuando se hace con un sesgo racista”. “Hechos similares no ocurridos en la región de la Araucanía no son calificados como terroristas”, advirtió.
Además de la modificación a la ley quedan otros temas pendientes como la figura del incendio terrorista y la presencia de testigos protegidos.
De todas formas, en la audiencia que se realizó en Lautaro por la quema del fundo San Leandro, donde ya existía una acusación particular del Gobierno para utilizar la Ley Antiterrorista, se presentó un documento a tener presente para revertir esa situación.
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