Tras más de 20 meses, las víctimas de los trágicos sucesos de Bagua continúan esperando su derecho a la verdad, la justicia y la reparación, recordó Amnistía Internacional tras recibir noticias sobre la sentencia emitida este mes por un Tribunal Policial Militar contra dos generales de la Policía Nacional del Perú y un alto mando del Ejército.
POR AMNISTÍA INTERNACIONAL
Las sentencias están relacionadas con hechos que, al parecer, tienen que ver con su participación en el operativo de desalojo en Bagua en el que 33 personas murieron, incluidos 23 policías, y al menos 200 personas resultaron heridas.
Aunque Amnistía Internacional no ha podido aún obtener copia de la reciente sentencia, le preocupa que el fallo en el fuero policial militar pueda usarse para obstaculizar el proceso que se está siguiendo en la justicia ordinaria contra miembros de las fuerzas del orden por violaciones a los derechos humanos durante el operativo de desalojo en Bagua, incluida la muerte de civiles y heridas graves a decenas de manifestantes. El proceso se encuentra en la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Bagua, a la espera de que el juez de inicio al juicio.
En el pasado, el juzgamiento paralelo de los presuntos responsables en el fuero policial militar, ha sido uno de los factores que ha contribuido en gran medida a perpetuar la impunidad que durante décadas ha imperado en el Perú.
Amnistía Internacional confía en que en el caso de Bagua no se repitan los errores del pasado y la justicia ordinaria asuma su responsabilidad de investigar y sancionar a todos los responsables de las violaciones a los derechos humanos.
La organización reitera que el Estado peruano continúa sin garantizar los derechos de todas las víctimas de Bagua y de sus familiares a la verdad, la justicia y la reparación integral.
El Estado peruano tiene la obligación de investigar con prontitud, independencia e imparcialidad las violaciones a los derechos humanos y juzgar a los responsables en tribunales independientes e imparciales.
El uso del fuero policial militar para investigar y sancionar delitos comunes como son las violaciones a los derechos humanos contradice las normas y tratados internacionales de derechos humanos de los cuales el Estado peruano es parte. El fuero policial militar contribuye a perpetuar la impunidad por su insuficiente independencia, resultante de la subordinación jerárquica a la que están sometidos todos o parte de sus miembros. La competencia de este fuero debe limitarse a las infracciones de carácter específicamente militar o policial cometidas por miembros de las fuerzas del orden, las cuales no incluyen las violaciones de derechos humanos, que son competencia de los tribunales nacionales ordinarios.
Amnistía Internacional insiste en que es imprescindible que si se quiere evitar la repetición de los trágicos hechos de Bagua, se esclarezca lo sucedido y se determinen todas las responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el operativo de desalojo, incluidas las muertes de los 23 policías. Asimismo, se deben tomar de forma urgente las medidas necesarias para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y originarios del Perú, poniendo así fin a décadas de discriminación y abusos. Amnistía Internacional recuerda que el Estado peruano continúa sin atender los legítimos reclamos de los pueblos indígenas que motivaron en primer lugar la protesta de Bagua.
El Estado peruano no sólo no ha adoptado aún las medidas necesarias para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y originarios del Perú (en particular su derecho a participar en el proceso de toma de decisiones y a ser consultados con el objetivo de conseguir su consentimiento previo, libre e informado antes de que se adopte cualquier medida administrativa o legislativa que pueda afectarles), sino que continúa dando concesiones a compañías extractivas y aprobando legislación que podría afectar los territorios y forma de vida de estos pueblos.
Información complementaria
El 5 de junio de 2009, la policía intervino para despejar un bloqueo en un tramo de la carretera Belaúnde Terry conocido como “Curva del Diablo”, departamento de Amazonas, que fue organizado por las comunidades indígenas awajún y wampís.
Miles de indígenas llevaban más de 50 días bloqueando pacíficamente la carretera para protestar por la promulgación de una serie de decretos legislativos relacionados con el uso de la tierra y los recursos naturales que, según afirman, constituyen una amenaza para sus derechos a sus tierras ancestrales y medios de subsistencia. Durante el operativo policial se cometieron graves actos de violencia y violaciones de derechos humanos.
Según informes, los dos generales de la Policía Nacional del Perú y el alto mando del Ejército que dirigieron el operativo habrían sido condenados en marzo de 2011 por el fuero policial militar por el delito de “Omisión del cumplimiento del deber en función operativa”, a penas en suspenso de entre 12 y 36 meses, además del pago de distintos montos en concepto de reparación civil al Estado.
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