Castilla no puede ser resuelto mediante un comparendo de conciliación

El abogado de OLCA Álvaro Toro, mandatado por la Junta de Vecinos de Totoral interpuso el viernes 25 de mayo un recurso de reposición ante salida conciliatoria propuesta por el Presidente de la Tercera Sala de la Corte Suprema, Ministro Sergio Muñoz en el Caso Castilla, bajo el argumento de que los derechos vulnerados no son factibles de avalúo pecuniario, es decir, no tienen precio.

La acción repositoria que fue ingresada hoy en la Corte Suprema se sustenta, fundamentalmente, en que en el ordenamiento jurídico chileno la conciliación tiene lugar respecto de procesos en donde prima el principio dispositivo, y en donde las pretensiones de las partes son susceptibles de avaluaciones pecuniarias. Para los vecinos de Totoral, la garantía constitucional reconocidamente vulnerada en el Fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que es el derecho de los ciudadanos de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, no tiene precio. Así como tampoco lo tiene la irresponsabilidad de las autoridades que actuaron ilegal y arbitrariamente en este caso.

El abogado, en el recurso interpuesto plantea a la Corte cuestiones como “¿Cómo podría conciliarse en torno a la actuación ilegal de una autoridad de gobierno?, ¿Acaso se podría convenir, por la sola voluntad de las partes, que la Central Termoeléctrica a carbón pulverizado más grande del continente, es apenas una industria molesta?”

Los vecinos de la localidad de Totoral, quienes en los próximos días se reunirán en una Asamblea para emitir un pronunciamiento oficial sobre este punto, recurrieron a los tribunales de justicia para denunciar la vulneración de sus derechos, esperando de los tribunales el amparo y protección que les garantiza la Constitución y la ley, razón por la cual, esperan que la Corte Suprema, el máximo tribunal de la República, falle sobre el asunto sometido a su conocimiento, y ratifique la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Esa es la pretensión comunitaria.

De acogerse esta medida, la Corte debería revocar la dictación de un comparendo conciliatorio y fallar, en medio de las fuertes presiones de la autoridad que jamás han dejado de hacer lobby comunicacional y político, y de las movilizaciones de la región de Atacama que articula a comunidades que ya no están más dispuestas a ser consideradas como zona de sacrificio del “progreso y el desarrollo”.