“Con ello, se les impide
trabajar a pescadores y algueros indígenas, pues se les cierran las puertas de
los lugares donde siempre han ejercido su actividad laboral”, señalan los
dirigentes indígenas Ariel León Baciány Francisco Vera Millaquén.
Vía: corpo.jacha.marka.aru@gmail.com
Ariel Leon Bacián, Presidente de la Corporación Aymara Jach’a MarkaAru, y Francisco Vera Millaquén, werkén de la Comunidad Indígena Pepiukelen de Pargua, denuncian que “el gobierno en conjunto con empresas salmoneras y concesionarios marítimos encontraron la forma de desactivar la ley lafquenche, lo que impedirá trabajar a miles de pescadores y algueros indígenas”.
Como es sabido, el año 2008, se aprobó la Ley Nº 20.249, de 16 de febrero de 2008, que crea la figura jurídica del espacio costero marino de los pueblos originarios (ECMPO), con el objetivo de reconocer y preservar el uso ancestral indígena de dichos espacios, sea económico, laboral, religioso o recreacional.
De acuerdo a Ariel León Bacián, “la solicitud que hacen las comunidades se presenta en la Subsecretaría de Pesca, recibe informe de CONADI y la decisión final es de las Comisiones Regionales de Borde Costero, presididas por el Intendente respectivo. Pero es del caso que la Subsecretaría debe informar a la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, para que esta paralice la tramitación de las concesiones de acuicultura y concesiones marítimas, pues de lo contrario, las solicitudes de la ley lafkenche quedan en segundo orden de prioridad y Subpesca solicita que se reduzcan a nada".
“Si la comunidad no reduce su solicitud dejando intactas las concesiones marítimas o de acuicultura, entonces la solicitud de la comunidad queda en nada, cero, como si nunca se hubiera presentado”, precisó Francisco Vera Millaquén.
No obstante, Ariel León Bacián, “a través del caso de la comunidad Indígena Montañas de Apeche, de Queilen, Chiloé, pudimos descubrir que Subpesca, al mando del Subsecretario Pablo Galilea, no está informando a la Subsecretaría de Fuerzas Armadas acerca de las solicitudes indígenas, y por lo tanto, estas quedan como superpuestas a otras concesiones y pierden su prioridad. Este hecho es absolutamente ilegal, pues el no informar provoca que se constituyan las concesiones acuícolas y marítimas, y luego, la Subpesca acusa a la comunidad de superposición, y con eso los hacen cargo de un error que es de ellos, no de los indígenas. La comunidad Apeche corre el peligro de que si no reduce su solicitud, esta se declarará abandonada, todo por culpa de Subpesca”
Para Vera Millaquén, quien también es miembro pleno de la Comisión Regional de Uso de Borde Costero de la Región de Los Lagos, “esta es la más brutal violación de nuestros derechos como indígenas, pues las solicitudes ECMPO se basan en la no discriminación, pues antes se nos obligaba a disfrazarnos de pescadores artesanales. Pero también se nos vulnera el derecho de propiedad de los pueblos indígenas a su territorio ancestral, toda vez que la ley nos reconoce el uso ancestral, que para el derecho internacional es fundamento de la propiedad por título nativo”.
Para Ariel León Bacián, “aquí se vulneran además los derechos a la libertad de culto, el derecho a la enseñanza, y el derecho a realizar libremente actividades económicas, todos garantizados por la Constitución. La comunidad Apeche, como muchas otras, ya no podrá ejercer libremente sus ngillatunes, sus proyectos de educación intercultural que tenía planeados en el lugar, ni sus iniciativas turísticas, de pesca y de recolección de algas. Esto es un etnocidio programado y de responsabilidad del Subsecretario de Pesca Pablo Galilea”
Ariel León cree que “Esta ley ya había sido criticada por muchas organizaciones indígenas pues no era retroactiva, es decir, las ECMPO no desactivaban las concesiones de acuicultura o marítimas ya constituidas. Ahora tampoco valen para el futuro, es como si no existiera la ley, pues Subpesca ha tomado como política de Estado no informar a la Subsecretaría de Marina, y por otro lado, el Ministerio de Defensa, vía Subsecretaría de Fuerzas Armadas se hace el ciego”.
Vera Millaquén, por su parte señala que “el Ministerio de Defensa no puede hacerse el desentendido de esto. El estado es uno solo, y esta es una corresponsabilidad. El Ministro Allamand fue el principal opositor a la ley lafkenche, fue el que puso más obstáculos, más requisitos, estaba realmente en contra de la ley, por lo que imaginamos que le acomoda mucho esta situación. El Presidente de la república debe dar una explicación.”
Para León y Vera, “esto es definitivamente dar y quitar, pues por un lado el gobierno debe cumplir la ley, pero por otro idea los estratagemas más ingeniosos para que la ley no se cumpla. Esperamos que los Tribunales de Justicia y la Contraloría pongan orden, pues vendrá una lluvia de demandas, donde las comunidades indígenas solicitarán indemnizaciones al Estado por reducir o desactivar ilegalmente sus solicitudes ECMPO. La pérdida fiscal será millonaria, pero lo peor es que finalmente se desenmascara la real voluntad de este gobierno con los derechos indígenas. Ya no nos dejan ni siquiera trabajar, ni en las labores más tradicionales, ni en las más humildes. Todo por el valor de la tierra, del mar, que ya no será nuestro, sino de las salmoneras, cuya mano debe estar detrás de todo este fraude a la ley”.
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