“No sé si todos saben que fui herido por carabineros; me botaron parte de la pantorrilla, la mitad. Según ellos, yo fui el autor de dos quemas de camiones en la zona de Angol; o sea, ellos dijeron que yo era, que tenían pruebas, que había testigos, testigos sin rostro. Es por eso que he estado preso, con puras mentiras, montaje del Estado chileno”...
COMUNICACIONES ANIDE
BOLETÍN PICHIKECHE
Esto fue parte del testimonio que entregó Leonardo Quijón Pereira hace un año en el Primer Seminario sobre Violencia Institucional hacia la Niñez Mapuche que realizó Fundación ANIDE en Temuco y Santiago.
El escopetazo policial que menciona le significó una grave lesión de la cual no ha logrado recuperarse. La masa muscular destruida y 176 perdigones incrustrados profundamente en una pierna le significan hasta hoy dificultades para desplazarse y permanentes dolores. Tenía 17 años entonces y aunque quedó en grave estado -incluso en riesgo de muerte-, no hubo intento alguno desde el Estado por su aportar a su recuperación física. Al contrario, durante el largo período de detención recibió de la policía y sus custodios abundante castigo físico, torturas y tratos vejatorios.[1]
Fue juzgado dos veces por los mismos hechos y en ambos juicios fue absuelto. Recuperó la libertad pero, quizá por lo mismo, su vida ya no volvió a ser la misma. Se convirtió en un objetivo permanente de revanchismo, de acoso y de amenazas por parte de agentes del Estado. Hoy, con 19 años de edad, Leonardo Quijón vuelve a revivir el circuito de la detención y la cárcel. Ha sido imputado como participante de un asalto ocurrido a comienzos de septiembre en una parcela de San Rafael, donde fue ultimado de tres balazos el agricultor Gallardo Aillapán.
Por el mismo caso está detenido Luis Marileo Cariqueo, quien también pasó desde de niño por la experiencia del maltrato y la persecución.[2] A los 16 años sufrió fractura de mandíbula producto de un golpe de con la culata de un arma policial, y un año más tarde figura como víctima de detención en su colegio, secuestro, torturas y casi un año de prisión por el caso Quino, una de las grandes causas por Ley Antiterrorista que impulsó el Ministerio Público, con una decena de imputados que el tribunal de Angol terminó por archivar hace algunos meses debido a la falta de pruebas.
El tercer imputado es el menor G.V.M., de 17 años, quien fue uno de los siete heridos durante un brutal allanamiento de Carabineros contra la comunidad Wente Winkul Mapu el 7 de junio pasado. El suceso dio lugar a un dictamen de la Corte de Temuco, confirmado por la Suprema que estableció que el “rigor desplegado por la policía excedió el marco de lo aceptable, con lo cual afectó derechos y garantías de terceros, que aún oponiéndose indebidamente, no pudieron ser víctimas de los apremios excesivos que recibieron”.
Sabiendo que eran mencionados como sospechosos por la policía, y para evitar problemas a sus familiares y sus comunidades, los tres de manera voluntaria resolvieron ponerse a disposición de la justicia. Todos aseguran absoluta inocencia y existencia de testigos que pueden declarar que estaban en otros lugares al momento de los hechos. En todo caso, el Juzgado de Garantía de Angol dictó, de partida, un período de detención de cuatro meses, medida que G.V.M. cumple en el Centro de Internación Provisoria del Sename en Chol Chol, mientras que Quijón y Marileo fueron enviados a la cárcel de Temuco. Allí el 1 de octubre iniciaron una huelga de hambre ante la negativa de Gendarmería de trasladarlos a la Cárcel de Angol negándoles el derecho establecido en el Convenio 169 de la OIT de ser internados en un recinto carcelario donde sus familiares les sea más fácil visitarlos.
Recomienza a andar así la rueda de la justicia chilena que Quijón, Marileo y el adolescente G.V.M. en sus cortas existencias ya han conocido de sobra por sus componentes de dolor y de fuerza ciega contra el pueblo mapuche y sus nuevas generaciones.
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