El magistrado y presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Meza, manifestó una actitud muy abierta hacia el tema planteado y especialmente al reconocimiento vía jurisdiccional de los derechos que les asiste a estos menores de edad mapuche recluidos en la cárcel de Chol Chol.
Fuente: http://www.observatorio.cl/node/883
Textos Elías Paillan y José Luis Vargas - Foto: José Luis Vargas / Observatorio Ciudadano, miércoles 22 de diciembre de 2010
Diversos representantes de organizaciones de derechos humanos, sociales e indígenas, se reunieron hoy con el Presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Meza, para manifestarle su preocupación sobre la situación de los jóvenes mapuche recluidos en la cárcel de Chol Chol, imputados de delitos bajo la ley antiterrorista (N° 18.314).
El magistrado Meza -que en el último tiempo ha manifestado una actitud muy abierta hacia el reconocimiento, vía jurisdiccional, de los derechos mapuche-, acogió la información entregada sobre los casos de tres jóvenes mapuche, de iniciales L.M.C., C.C.M y J.A.Ñ., quienes fueron formalizados invocándose dicha normativa cuando eran menores de edad y que actualmente se encuentran en internación provisoria desde hace más de seis meses, incluso uno de ellos cumplió un año recluido.
En la oportunidad, los representantes de las organizaciones sociales le entregaron una carta al presidente del tribunal, en el que argumentan que el 8 de octubre de 2010 en el marco de la huelga mapuche, dicha normativa que regula conductas de carácter terrorista fue modificada, y el gobierno prometió no aplicarlas a menores de edad. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos ven con preocupación que dicha ley se sigue aplicándose a estos menores.
Señalan además, que cada vez que se ha solicitado el cambio de medida cautelar respecto de los jóvenes individualizados ante esta corte, aún concurriendo mayoría de votos a favor del cambio de la medida cautelar aplicada y del otorgamiento de la libertad, finalmente se les ha denegado por considerar que debe existir la unanimidad de sus miembros, de acuerdo a lo establecido por la ley antiterrorista. Lo que supondría la aplicación de esta ley a imputados que se encuentran expresamente excluidos de ella.
Lo anterior, consideran, vulnera normas legales, constitucionales e internacionales relativas al debido proceso, lo que además le ha sido representado en reiteradas ocasiones al Estado chileno por diversos organismos internacionales de derechos humanos. Asimismo, vulnera la Convención Internacional de los Derechos del Niño, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores para el ejercicio de la acción penal en casos de adolescentes, y los sistemas de responsabilidad penal adolescente vigentes en el país.
Reacciones
Andrea Iglesis, en representación de Fundación Anide y de la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile, comentó que los hechos que están afectando a los niños y niñas mapuche no son hechos aislados, sino “una situación sistemática que hemos podido ir constatando desde el año 2001 a la fecha. No da lo mismo ser violentado como niño o como joven, que serlo como adulto, pues las condiciones y posibilidades de desarrollo cambian radicalmente\", indicó.
En ese sentido, Iglesis afirmó que los hechos violencia y encarcelamiento en contra de menores de edad mapuche, producen un daño severo al desarrollo y la integridad de estos niños y jóvenes. \"Estamos hablando de un daño a las condiciones de vida, por eso hemos iniciado una campaña ciudadana de firmas por la libertad de estos niños que hoy no deberían estar presos, queremos sensibilizar a la ciudadanía sobre la actuación incorrecta de la policía que está dañando una generación completa de niños y adolescentes mapuche\", sostuvo.
La representante de la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile, agregó a su vez que la violencia contra la niñez mapuche se ejerce de forma física y psicológica, violando así normas internacionales de derechos humanos suscritas por Chile. \"Hay niños que han sido intervenidos en sus furgones escolares, interrogados en sus salas de clases y otros que han tenido que permanecer prófugos por las situaciones de afectación que genera la aplicación de la ley antiterrorista. Ese daño es responsabilidad del Estado, por los compromisos que ha suscrito internacionalmente, como la Convención de los Derechos del Niño y el ajuste de algunas leyes, como el artículo 3 de la ley antiterrorista\", detalló.
Por su parte Sebastián Saavedra, abogado de la Agrupación Liberar y defensor de dos de los menores de edad privados de libertad, aseguró que \"a pesar de que se han otorgado por mayoría las libertades, pero en fallos divididos, ésta no le les concede por que la ley antiterrorista exige unanimidad de sus miembros, lo que en la práctica implica que se les sigue aplicando dicha normativa de excepción, lo que se contrapone a las modificaciones efectuadas a la misma en octubre pasado\", recordó.
El abogado también dio a conocer la positiva recepción por parte del Presidente de la Corte de Apelaciones a los planteamientos de las organizaciones presentes en la reunión. Sin embargo, destacó que existen problemas específicos dentro del sistema en general que permiten que se perpetúen estas vulneraciones. Lo que \"no solamente ocurre en las cortes, pasa también por falencias en las investigaciones que habitualmente realiza el Ministerio Público y las policías\", explicó. \"Las prácticas de violencia y amedrentamiento contra menores de edad están prohibidas hace mucho tiempo y en la legislación chilena, no obstante, Carabineros e Investigaciones siguen con sus malas prácticas. Aquí se trata de niños menores de edad, donde se contrapone el concepto de terrorismo con el de niño, lo cual evidentemente escapa a cualquier normativa nacional e internacional\", afirmó Saavedra.
En tanto que Fernando Díaz, encargado de la Comisión Nacional de la Pastoral Indígena de la zona sur, manifestó la preocupación de la iglesia por la situación de estos jóvenes que aún continúan privados de libertad en una fecha tan significativa, como la navidad. \"La iglesia está profundamente preocupada por eso, el tema de los menores sigue siendo pasado por alto, sobre todo en una fecha tan sensible como ésta... resulta inaceptable que todavía haya 3 menores en la cárcel. En esta navidad van a estar adentro porque no se ha sabido aplicar la ley, simplemente se ha interpretado que son terroristas a pesar de que son menores de edad. Por lo que nos parece que la sociedad debe reaccionar adecuadamente\", indicó.
Díaz aclaró que el caso que afecta a los menores es muy preocupante, en el marco de un proceso generalizado de violencia y represión, donde además se priva a las comunidades indígenas de sus derechos más elementales. \"Creemos que no se ha comprendido bien cuál es el proceso del pueblo mapuche, donde ha ido tomando cada vez más importancia su participación en la construcción de este país y región\", expresó el representante de la Comisión Nacional de Pastoral Indígena.
Además de las organizaciones ya individualizadas en esta nota, participaron también de la reunión representantes del Observatorio Ciudadano, la Comisión Ética Contra la Tortura, CODEPU, el Comité Obispo Oscar Romero-Chile, el Sindicato Eulen, el Grupo de Trabajo por los Derechos Colectivos y el Colectivo Informativo Mapuexpress.
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