vendredi 24 décembre 2010

Con "testigos secretos" y absolución por parte de fiscalía militar continúa juicio oral en Cañete


Con la declaración de uno de los 36 testigos secretos del Ministerio Público y la reciente absolución por parte de la Justicia Militar que la semana pasada absolvió a 5 comuneros mapuche, continua en la ciudad de Cañete el juicio oral contra 17 comuneros acusados de atacar contra el fiscal Elgueta, incendio de cabañas de veraneo y robo de maderas en el lago Lleu Lleu, entre otros delitos.

Fuente: http://www.observatorio.cl/

Por José Luis Vargas, 24 de diciembre de 2010

Un duro golpe recibió el Ministerio Público en su esfuerzo por condenar a 17 comuneros mapuches, acusados de "terrorismo" en Cañete. La semana pasada el tercer Tribunal Militar de Valdivia dictaminó absolver de los cargos de maltrato de obra a carabineros de servicio y daños a vehículos policiales a los 5 de los procesados: Ramón Llanquileo, José Huenuche, Luis Menares, Jonathan y Héctor Llaitul, todos investigados por cargos relacionados en la justicia civil.

La Justicia militar que investiga los hechos ocurridos en octubre del año pasado, cuando el fiscal Elgueta fue “atacado” -según la versión del Ministerio Público- al momento de ingresar a la comunidad de Choque en el lago Lleu Lleu, confirmó que las declaraciones de los acusados no constituyen un reconocimiento de participación en los hechos, al mismo tiempo que los medios de prueba no reúnen las fuerza probatoria para culpar a los comuneros.

La justicia militar concluyó que la utilización de testigos protegidos y los medios de prueba en el denominado “ataque a la comitiva del fiscal Mario Elgueta en Tirúa” son insuficientes para condenar a los presos políticos mapuche, en su mayoria miembros de la Coordinadora Arauco-Malleco. Según Pablo Ortega, abogado defensor de varios procesados, a más de un mes y medio de inicio del juicio se puede señalar que respecto del supuesto ataque que afectó al personal de la PDI, Carabineros y el fiscal Elgueta, existen a lo menos dos versiones diferentes de los hechos.

“Lo que ha formulado personal de la PDI y el propio fiscal, por otro lado lo que ha señalado personal de carabineros que son versiones que difieren entre si”, explica y añade “entendemos que la tesis de la fiscalía respecto a una supuesta emboscada se cae por su propio peso, personal del GOPE han informado que lo que sucedió aquella noche no fue una emboscada sino que la gente que estaba a orillas del camino donde se atacó al fiscal, estaban burlándose de ellos”, sostuvo Ortega.

En relación a los hechos, Ortega explicó que de acuerdo a como ocurrieron los hechos “lo primero que se escuchó fue un disparo de subametralladora y después desencadenó un enfrentamiento. Fue personal de la PDI quien inició la agresión, luego de eso se habría producido una acción de legitima defensa que podrá cuestionar el Ministerio si fue en legitima defensa o no, pero la tesis de la emboscada no tiene sustento alguno”, aclaró el defensor de los mapuche acusados.

Además, respecto a la participación de varios imputados en los hechos investigados, Pablo Ortega afirmó que “ha quedado claro lo inconsistente de las pruebas para sostener dicha acusación, no hay antecedentes de participación, esto ha quedado refrendado por la reciente resolución del tribunal militar”, indicó. Para el abogado, la sentencia en primera instancia de la justicia militar debiera ser ratificada en instancias superiores.

“Tenemos la certeza de que la Corte Marcial debería confirmar esto, el solo hecho de que un comandante de división manifieste que no existen antecedentes de participación y absuelve a los imputados, nos da la razón. Las pruebas de participación en los hechos investigados no son sólidas sino que derivadas de un prejuicio de persecución política en contra de determinadas organizaciones y personas mapuche”, manifestó el profesional.

Testigo secreto

Cabe señalar que durante la jornada de ayer prestó declaraciones uno de los 36 testigos secretos o protegidos del Ministerio Público y supuesta víctima de los incendios ocurridos en Ranquilhue, razón por la que en ese contexto se imputa a algunos comuneros del Lago Lleu Lleu. Los hechos ocurrieron en el 2005. En aquella oportunidad el testigo declaró a Carabineros haber sido víctima de un atentado incendiario mientras se encontraba al interior de su vivienda, responsabilizando a comuneros mapuches del supuesto ataque.

Según Adolfo Montiel, abogado de José Huenuche, Ramón Llanquileo y Cesar Parra, este testigo incurrió en muchas contradicciones al momento de prestar declaración porque, “no acreditó la participación de nadie, no menciona a nadie en concreto, no individualiza a ninguno de estos comuneros y está predispuesto con los mapuche porque hay un conflicto con las comunidades cercanas. Esto limita la credibilidad de su testimonio”, explicó Montiel.

De acuerdo a lo narrado por el testigo ante el tribunal, este habría tenido tiempo para salir de su casa al momento del siniestro, desmintiendo versiones anteriores cuando declaró haber sido prácticamente quemado al interior de su vivienda. Según Montiel, incluso el propio Fiscal Elgueta señaló que el incendio se inició con personas al interior de la vivienda. “Aquí se aclaró que ellos tuvieron tiempo para salir y que los atacantes incluso lo dejan llamar por celular, evidentemente hay contradicciones serias y esto limita su credibilidad”, aclaró Montiel.

Montiel argumentó que toda la base de prueba del Ministerio Público, se basa en la declaración de testigos secretos, pero no han presentado ninguna prueba directa de testigos presenciales que hubieran visto concretamente a algunos de los inculpados participar en alguna de las formas en que se desarrollaron los delitos. “Todos sus testigos son de oídas, por lo tanto todas las pruebas no son suficientes para que el tribunal determine que se cometieron los delitos”, sostuvo.

Por su parte, Pamela Pessoa, esposa del dirigente de la CAM, Héctor Llaitul Carillanca, comentó que la reciente resolución de la justicia militar en favor de 5 comuneros mapuche, entre ellos el propio Llaitul, “da cuenta de los bajos estándares de pruebas utilizados para condenar por ley antiterrorista, hasta aquí podemos pensar que se está demostrando la inocencia de las personas que están imputadas”, concluyó.

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