El Mercurio insta a paralizar restitución de tierras a los mapuche, por José Aylwin

Fuente: El Ciudadano http://www.elciudadano.cl/2010/12/23/autoridades-de-gobierno-%e2%80%9cbuscan-que-la-tierra-indigena-puedan-ser-compradas-arrendadas-o-vueltas-a-enajenar%e2%80%9d/

El Mercurio insta a paralizar restitución de tierras a los mapuche

* José Aylwin, abogado, co Director Observatorio Ciudadano

Con el evidente propósito de poner término a toda política encaminada a restituir a los mapuche sus tierras usurpadas, El Mercurio publicó el domingo 19 de este mes un artículo sobre los efectos adversos que la política desarrollada por CONADI en los últimos 15 años ha tenido en los mapuche y en el desarrollo productivo de la Araucanía.

Lejos de poner la atención sobre las muchas insuficiencias que esta política ha tenido para hacer restitución a los mapuche de las tierras de propiedad legal y/o ancestral de las que han sido privados sin su consentimiento por el estado y por particulares a través de la historia, a la que está obligado en virtud del Convenio N° 169 de la OIT ratificado por Chile, El Mercurio pone su acento en el abandono en que estas tierras se encuentran hoy.

Ello, según este medio, se debería a la falta de apoyo por parte del estado para hacer posible su desarrollo productivo. Aunque no lo señala expresamente, deja entrever indirectamente a través de fotos y entrevistas, con un peligroso sesgo racista, que los mapuche, a diferencia de sus antiguos propietarios no indígenas, la mayoría de ellos de origen europeo, son incapaces de hacerlas producir. Replica así el discurso que sostiene que los mapuche son flojos, y que por lo mismo, las tierras están menor en manos huincas que en sus manos. Se trata del mismo argumento utilizado a mediados del siglo XIX para justificar la ocupación militar de la Araucanía, y que hoy se usa para legitimar la consolidación de la propiedad sobre tierras en manos privadas.

No se trata de debatir aquí sobre las insuficiencias de la política de tierras impulsada por el estado entre 1994 y 2010. Sobre ello existe consenso. Al respecto se debe señalar que los recursos destinados a esta política han sido absolutamente insuficientes para abordar esta problemática. Los aproximadamente US $ 19 millones anuales destinados por el estado al Fondo de Tierras de CONADI – que corresponden aproximadamente al 0.31% del presupuesto anual (2007) en contraste con el presupuesto asignado al Ministerio de Defensa ese mismo año que ascendió al 8.49% del mismo presupuesto- permitieron la adquisición de poco más de 120 mil hectáreas de tierras para los pueblos indígenas, la mayor parte de ellos en el territorio mapuche. Ello dejó a muchas comunidades cuyos reclamos de restitución de tierras basados en la propiedad legal o ancestral están demostrados, sin respuesta.

Por otro lado, el valor pagado por las tierras adquiridas por el estado a través de CONADI subió de manera sustancial en este período, estimándose que en las zonas de conflicto que involucran al pueblo mapuche dicha alza alcanzó a 826% (Libertad y desarrollo, agosto 2010). En vez de aplicar el mecanismo de la expropiación por causa de utilidad pública o interés nacional considerado en la Constitución Política, los gobiernos de este período prefirieron pagar altos valores especulativos a los propietarios legales de tierras muchas veces usurpadas a las propias comunidades, cuestión que a El Mercurio parece no importar.

Otros problemas de la política de tierras indígenas sobre los que hay consenso han incluido la titulación individual de las tierras adquiridas por CONADI, lesionando con ello las formas de propiedad comunitaria indígena. A ello se suma el traslado de comunidades desde sus tierras de origen a otras nuevas ubicadas en lugares distantes, si bien es de carácter voluntario, produce una división de la comunidad, afectando la organización e identidad de sus integrantes.

Lo que está detrás de este artículo, el verdadero objetivo del mismo, es justificar la paralización de toda política orientada a destinar recursos para la restitución de tierras a los mapuche, paralización que la actual administración ha promovido en abierta vulneración de los compromisos adquiridos por el estado con comunidades mapuche, y a la que se encuentra obligado en virtud del Convenio N° 169 de la OIT. Así el artículo 14 de este Convenio, junto con reconocer los derechos de propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan, establece que los gobiernos deberán tomar medidas para determinar cuales son dichas tierras, e instituir procedimientos adecuados para solucionar las reivindicaciones existentes sobre ellas. Al respecto cabe señalar que la OIT ha sido categórica en señalar que cuando se refiere a los derechos de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus tierras, no solo se refiere a las de propiedad y posesión actual, sino también las de propiedad y posesión antiguas, basadas tanto en títulos legales como en la ocupación ancestral.

Demostrativo de la política del actual gobierno es el hecho que a mediados de octubre de 2010 CONADI solo había gastado alrededor de 30 mil millones de pesos de los casi 80 mil millones de su presupuesto, el 70% de los cuales corresponden al Fondo de Tierras Indígenas (El Mostrador, 18 noviembre 2010). Producto de ello, 115 comunidades mapuche que en razón de sus antecedentes habían sido priorizadas por CONADI para la adquisición de predios, en un proceso que debería haber concluido este año, han quedado hoy en la incertidumbre, y otras 308 cuya aplicabilidad debería estar resuelta a la fecha, están al borde de ser marginadas.

Finalmente, no se trata de refutar aquí el deber del estado de apoyar a los pueblos indígenas para que estos puedan lograr el desarrollo material. Lo que El Mercurio parece no entender, o más bien no quiere aceptar, es que la relación de los pueblos indígenas con sus tierras y territorios, que los derechos que tienen sobre ellas, trascienden y van más allá de lo productivo, y tiene dimensiones políticas y culturales que el estado chileno no puede sino respetar. Lo que El Mercurio desconoce además, es que los mapuche, al igual que los demás pueblos indígenas, tienen el derecho a definir sus prioridades en materia de desarrollo, y por lo mismo, tienen la libertad de optar por otras formas de desarrollo productivo diferentes del desarrollo agrícola o forestal que el estado chileno les ha impuesto, con grave perjuicio para las comunidades, que sean compatibles con sus culturas e identidades.

Por José Aylwin

Co Director, Observatorio Ciudadano