La organización busca impedir que se apruebe en el Congreso el proyecto de ley que hace responsables penalmente a los organizadores de los actos públicos por desmanes o desórdenes, pues aseguran que atenta contra los derechos de las personas...
FUENTE: Radio Universidad de Chile
Por Raúl Martínez
La Asamblea por los Derechos Humanos comenzó una campaña para impedir la aprobación del proyecto de ley que establece responsabilidades penales sobre quienes convocan a marchas y manifestaciones públicas, iniciativa que fue presentada por el gobierno y espera ser votada en la Cámara de Diputados.
Ricardo Valladares, a nombre de la organización humanitaria, señaló que esta propuesta lo que busca es criminalizar la protesta y el derecho de la gente a reclamar, mientras no establece ninguna nueva regulación para Carabineros, subrayó.
“Si establecemos quiénes han hecho los crímenes más graves contra la vida en los últimos años en las manifestaciones, contra la prensa, el camarógrafo que le lesionaron un ojo, al igual que esta muchacha que perdió un ojo, los asesinatos en la zona mapuche, quienes comenten los crímenes en las manifestaciones públicas son Carabineros de Chile”.
Valladares agregó que las responsabilidades penales y civiles son absolutamente personales, por lo tanto, no pueden ser traspasables a terceros que convoquen a una manifestación o una marcha que está legitimada además por tratados internacionales de derechos humanos.
Por su parte, Héctor Cataldo, presidente de la Agrupación Nacional de ex Prisioneros Políticos, señaló que esta es una acción que se suma a una política represiva desplegada por el gobierno a la que se adhiere los parlamentarios de la Alianza.
“Este proyecto que está en el Parlamento que busca endosar responsabilidad penal a quienes ejercen el derecho de manifestarse forma parte de esta campaña, es una señal de que no importa mucho reprimir”, señaló.
El proyecto de ley sobre manifestaciones públicas está en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados y en el gobierno esperan que quede absolutamente tramitada ahora en agosto, días antes que se registren los actos conmemorativos de septiembre y del golpe de Estado, al que convoca precisamente la Asamblea por los Derechos Humanos.
Los dirigentes de la entidad informaron finalmente que no descartan recurrir a instancias internacionales para reclamar por esta propuesta que el Ejecutivo pretende se convierta pronto en ley.
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