El «derecho a la educación» es un derecho que figura en un sinnúmero de instrumentos internacionales de derechos humanos y ha sido desarrollado en otros por organismos especializados de la ONU, en particular, por la UNESCO, el Convenio 169 o la declaración ONU. Los instrumentos señalados –sin ambigüedades– precisan las obligaciones –directas e ineludibles– de los Estados, es decir, en la educación («municipalizada», privada o pública) la responsabilidad es –única y exclusivamente– de los Estados.
Por Mario Ibarra.
Desde hace varias semanas, vastos sectores estudiantiles apoyados, principalmente, por profesores, padres-madres, familiares, funcionarios públicos y ecologistas –con movilizaciones y manifestaciones callejeras que han tenido «serios desbordes»– reclaman derechos y protestan por algunas «fallas» que –según ellos– tiene «la enseñanza». Con respecto a las reivindicaciones de derechos –aunque parezca extraño– las autoridades gubernamentales no han hablado de «conflicto estudiantil» o «problema estudiantil» y tampoco han invocado la «ley antiterrorista».
El martes 05/07/2011, S.E. el Presidente de la República (acompañado del Sr. Ministro de Educación, que parecía soldado chino de terracota), en un discurso trasmitido por cadena nacional de radio y televisión, anunció 4.000 millones de dólares para acallar, aplacar, calmar o contener las protestas y se refirió a varios tipos de universidades.
Las únicas universidades que no afloraron en el discurso son las que el país necesita con urgencia, es decir, aquellas que –forjando mujeres y hombres probos en su comportamiento cotidiano y formando profesionales en las carreras y especialidades que el país necesita– sean, al menos, ensanchadoras y cultivadoras de espacios democráticos, defensoras y promotoras de los derechos humanos, herramientas efectivas de participación, pilares de la investigación científica, respetuosas de todas las diferencias, atentas a los problemas medioambientales, contribuidoras al desarrollo sostenible (incluidas las particularidades regionales), creadoras–críticas del presente y constructoras de un país más justo.
Dichas «casas de estudios» deberían reforzarse (en caso que existan) o crearse porque son imprescindibles para el país. Una política en ese sentido la agradecerán y reconocerán las generaciones futuras y contará también con el apoyo del periodista que trabaja como vendedor de frutas, del ingeniero en acuicultura que se gana la vida como taxista o del sociólogo que repara bicicletas. Es iluso pensar que las universidades son mundos desconectados o desligados de las necesidades reales de la sociedad; también, es ingenuo creer que la enseñanza universitaria logre existir alejada o divorciada de la enseñanza básica y media.
Discutir con la billetera sobre la mesa es una trama que figura en cuentos de la literatura costumbrista latinoamericana donde algunos negociantes de animales proponen un precio a unos campesinos pobres y necesitados de dinero; es de esperar que los que discuten (o se envían mensajes) a propósito de la educación no lo entiendan así porque –simplemente– no se están negociando vacas y todo indica que la situación es bastante delicada.
Algunos medios de comunicación hablan –sin precisar de «crisis». Si se trata de una «crisis de la educación» es un problema del gobierno y si es una «crisis del sistema educativo» es un problema del país y –en los dos casos - el perdedor es Chile. Es obvio que «la crisis» (en cualquiera de los alcances mencionados) no la generó el gobierno actual, pero es su responsabilidad y obligación crear todas las condiciones para resolverla.
Teniendo en cuenta los argumentos que se esgrimen, es probable que «el problema» sea «el sistema educativo» y, en caso que hubiera un debate sobre éste, debe ser de fondo, es decir, abordando –en primer lugar– valores, objetivos y sueños. Esa discusión no puede ni debe quedarse enredada –exclusivamente– en becas, asignaciones de presupuestos, «superintendencias», «municipalizaciones», edificios, proyectos de ley, créditos, lucros, ganancias o listas de morosos que –aunque no son asuntos menores y deben enfrentarse seriamente– hacen parte del envoltorio de la crisálida. También es dable pensar que el debate puede demostrar que son necesarias reformas, enmiendas o derogaciones de algunas disposiciones legales y/o constitucionales.
Un sistema educativo –que, grosso modo, implica enseñanza y docencia– es la filosofía, la estructura, la manera, los recursos (humanos, financieros y técnicos) y –principalmente– los valores con los que toda sociedad forma, orienta y mide a sus miembros.
En una «sociedad moderna», el sistema educativo va más allá de las escuelas, colegios y universidades y –entre otros «formadores»– incluye a los medios de comunicación. ¿Cuánto está contribuyendo la televisión chilena a la educación con más de 20 horas por día de «entretención» y «farándula», cuánto aportan las «telenovelas» o cuánto cooperan a la enseñanza de la lengua oficial del país los «periodistas» y «comentaristas» deportivos?
En un país multi–cultural (o que así se declara) deben tener reconocimiento, valorización, cabida, expresión y garantías los sistemas educativos de todas las culturas. Para las organizaciones de los pueblos indígenas quizás este sea el momento para hacer proposiciones concretas.
El «derecho a la educación» es un derecho que figura en un sinnúmero de instrumentos internacionales de derechos humanos y ha sido desarrollado en otros por organismos especializados de la ONU, en particular, por la UNESCO. Los instrumentos señalados –sin ambigüedades– precisan las obligaciones –directas e ineludibles– de los Estados, es decir, en la educación («municipalizada», privada o pública) la responsabilidad es –única y exclusivamente– de los Estados.
En caso que se abriera el debate de fondo, es necesario recordar que, según el Convenio No. 169 de la OIT (1989) y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007), las personas indígenas son beneficiarias del derecho –sin discriminaciones de ningún tipo– a acceder a la educación a todos los niveles de acuerdo a sus capacidades y, como pueblos, tienen el derecho a que sus sistemas educativos sean reconocidos, valorados, respetados, apoyados y –si fuera el caso– protegidos e incentivados por el Estado. Además, el mencionado debate debería considerar algunas experiencias (buenas, mediocres y malas) de otros países y algunos documentos y estudios preparados por organizaciones y organismos especializados internacionales.
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