Cerca de 80 representantes de pueblos originarios Mapuche, Kawesqar y Rapa Nui se reunieron este fin de semana en Mehuin para participar de un gran encuentro convocado por comunidades lafkenche de San José de la Mariquina. En doble jornada (9 y 10 de noviembre) se analizó la grave situación que enfrentan las distintas comunidades costeras indígenas debido a la privatización de los recursos del mar bajo el actual proyecto que modifica la ley de pesca.
Fuente: www.marejadadequeule.cl
Junto con analizar los impactos y visiones particulares que tiene cada pueblo originario sobre la ley de pesca. Los asistentes manifestaron su voluntad de proyectar un trabajo coordinado y conjunto, en la línea de realizar acciones de movilización para detener la tramitación de la ley de pesca, cuyo proceso se ha venido fraguando de manera inconsulta propiciando la vulneración de derechos políticos y territoriales, como el Convenio 169 de la OIT y Declaración para Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, reconocidos por el Estado de Chile.
Boris Hualme, representante Mapuche y werken del Comité de Defensa del Mar, manifestó que la reforma de la ley de pesca está avanzando sin escuchar a nadie, por eso tomarán medidas concretas.
“Concurrieron dirigentes de pueblos originarios de todo el país desde Isla de Pascua, Punta Arenas, Puerto Aysén, Mehuín, Valdivia, Lago Budi y Teodoro Schmidt. Compartimos el rechazo de la ley de pesca que se quiere aprobar y reiteramos la demanda de un proceso de consulta”.
Según Hualme, fue una reunión positiva, pues pudieron avanzar en distintos temas que los afectan y se vienen pasos sustantivos, “este gobierno no tiene ninguna voluntad política de tomar en cuenta nuestra participación como pueblos, nuestra decisión es realizar acciones jurídicas, movilizaciones y actividades públicas. Haremos sentir el proceso inconsulto de la ley de pesca, pues no vemos espacios en la administración del Estado para ser tomados en cuenta”, comentó Hualme.
Rapa Nui
Desde la Isla de Pascua, la delegación compuesta por pescadores y representantes del pueblo Rapa Nui, dio a conocer que esta ley los afecta directamente, pues a diferencia del continente, “la ausencia de corrientes frías y disminución de fitoplancton, implica poca masa de peces. La pesca de arrastre influye en toda nuestra biodiversidad”, explicó Joy Pakonio, integrante del pueblo Rapa Nui.
Frente a eso los Rapa Nui, decidieron pelear contra el Estado chileno para evitar que la ley de pesca se haga efectiva en territorio de los isleños.
“Exigimos un articulado especial que no contemple la privatización de recursos para los industriales y se respeten derechos básicos de los pueblos originarios. La ley de pesca es un proceso totalmente ilegitimo producto de la falta de consulta”, expresó la representante Rapa Nui.
Kawesqar
Otro de los actores presentes fue Carolina Huenucoy, representante de la comunidad Kawesqar de Puerto Eden, quien explicó que en los canales del mar interior de Puerto Eden, la comunidad Kawesqar se dedica a la recolección de productos del mar, “se trata principalmente de la recolección de cholgas y captura de pejerreyes”, detalló Huenucoy.
Agregando que las comunidades australes se encuentran muy preocupadas, pues según el gobierno, los recursos de pesca serían sustentables bajo la actual normativa, “sin embargo en nuestro territorio no se ha realizado ningún tipo de estudio que permita afirmarlo y se está hipotecando nuestra subsistencia”, aseguró.
Refiriéndose a la vulneración de derechos que afecta al pueblo Kawesqar, Huenucoy indicó que el pacto de derechos civiles y políticos reconoce los derechos de los pueblos minoritarios.
“Somos un pueblo con 14 mil años de historia que avalan nuestra existencia a pesar del exterminio, la ley de pesca representa un nuevo asesinato de a nuestra relación sociocultural, cosmogónica y consuetudinaria con el territorio marítimo, en tanto pueblo canoero austral”, concluyó Carolina Huenchucoy.
Finalmente, las distintas comunidades costeras y pueblos originarios, manifestaron mediante una declaración pública su permanente “estado de alerta ante esta nueva usurpación de sus derechos sociales y económicos”. Convocando a “todos los pueblos, y a la comunidad nacional conscientes de las reiteradas violaciones a los derechos humanos que afectan a distintos sectores, a manifestar la voluntad de cambio institucional y cultural para construir una nueva relación entre los pueblos que habitamos este territorio”.
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