Se aproximan nuevos juicios a dirigentes mapuche como el proceso contra el werkén de la comunidad Tradicional de Temucuicui, Mijael Carbone, y la preparación de juicio oral en el caso del fundo San Leandro, donde se juzga a 12 comuneros. Esto en medio de fuertes críticas a las facultades con las que cuentan los abogados defensores, públicos y privados, así como la aplicación de leyes de excepción que disminuyen las garantías y derechos de los imputados.
Por Paula Correa
Fuente: radio.uchile.cl
Este lunes se retomaría en el Tribunal de Garantía de Lautaro el caso San Leandro, donde se procesa por altas penas a 12 comuneros mapuche bajo Ley Antiterrorista por un atentado incendiario al fundo del mismo nombre, domicilio del empresario agrícola, Pablo Hardener.
El caso data del 3 de mayo de 2008 y se estima aún un plazo de seis meses a un año y medio para que finalice el proceso.
Por otro lado, en una o dos semanas más se podría reiniciar el postergado juicio a Mijael Carbone, werkén de la Alianza Territorial Mapuche y de la comunidad Tradicional de Temucuicui, para quien la Fiscalía está pidiendo 15 años de prisión como presunto autor de un homicidio frustrado a Carabineros, y quien hoy está en clandestinidad en protesta a lo que considera “una acusación injusta”.
Y la lista sigue: el caso Tur Bus, que cuenta con 14 imputados, podría reabrirse el próximo 5 de diciembre y los días, 17, 18 y 19 de ese mes, la causa por el atentado al Fundo Brasil, donde se juzga a cinco comuneros más.
Todos estos juicios se darán en medio de diversas críticas a las atribuciones reales de los defensores y las dificultades que tienen para realizar su trabajo, en particular, el restringido acceso a la información.
Fernando Lira, presidente de la ONG Liberar, que entrega patrocinio a los comuneros en diversas causas, dijo que “se encuentran con la gran dificultad de que la información que les llega de parte de la Fiscalía para llevar adelante las defensas es pésima, muy mala. Tanto, que muchas veces se han tenido que suspender audiencias porque falta información, porque se habla de cosas que la defensa nunca ha visto. El material electrónico que utilizan muchas veces viene en blanco y cuando te entregan una carpeta, viene sin folio y totalmente desordenada, es un desastre”.
Lira indicó que esta situación se da tanto para los abogados públicos como los particulares, siendo estos últimos los más afectados, razón por la que en muchas defensas ambos trabajan en conjunto. Aun así, indicó, es muy desproporcionado el proceso entre las atribuciones de las fiscalías y las defensas. Además, afirmó que las causas suelen estar muy distantes y que muchas veces no pueden estar presentes en los procesos, por lo que se ha habilitado el doble patrocinio.
A esto se suman irregularidades mayores, como denuncias de algunos defensores de intervenciones telefónicas, como en su momento indicó el abogado Jaime Madariaga, o de persecuciones, como afirmó la abogada Karina Riquelme. Esto además de la crítica a la utilización de leyes de excepción como la Ley Antiterrorista, la que permite utilizar testigos sin rostro.
El mismo Defensor Nacional, Gerogy Shuber, afirmó que “lo fundamental en un testigo es saber quién es, porque la única forma de valorar la prueba de un testigo es de acuerdo a su credibilidad. Si no sabemos quién está haciendo una declaración, por qué la está haciendo, si tiene interés en el proceso o algún conflicto con la persona a quien acusa, difícilmente se pueda valorar esa prueba. Entonces efectivamente hay una disminución de los derechos y garantías que no nos parece adecuada cuando se aplica la figura del testigo sin identidad, particularmente en las causas por el conflicto territorial en el sur”.
En conversación con Radio Universidad de Chile, el Defensor afirmó que esta ley es la que genera el problema, incide en los resultados de los juicios y disminuye las garantías y los derechos de quienes están siendo juzgados en La Araucanía.
Esto “nos parece inapropiado y peligroso, porque se pone en riesgo la posibilidad de que se esté condenando y enviando a la cárcel a una persona inocente”, sostuvo el Defensor, a días de que comience el desarrollo de una serie de procesos en el sur del país.
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