Los abogados defensores del Centro de Investigación y Defensa SUR, Karina Riquelme Viveros y Sebastián Saavedra Cea, manifestaron su preocupación ante “la liviandad con que Carabineros de Chile realiza imputaciones tan graves que luego quedan en nada, responsabilizando a comuneros mapuche ante la opinión pública en flagrante vulneración no sólo al principio de inocencia, sino además a su integridad como personas al ser enseñados como verdaderas presas de caza, para que unos meses después se les solicite una sanción pecuniaria por un delito mínima entidad.
Por cidsur.cl
Con fecha 26 de octubre de 2012 el Ministerio Público presentó ante el Juzgado de Garantía de Temuco su decisión de no perseverar en el procedimiento por los delitos de homicidio frustrado contra Carabineros, lesiones menos graves y daños calificados contra los comuneros mapuche Ernesto Chachallao Painemil, Bernardo Carrillán Tropán y Mario Cheuque Sandoval por los hechos acaecidos el día 6 de julio de 2012 al interior del Fundo El Natre.
Vale recordar que los comuneros fueron filmados por Carabineros de Chile, arrodillados y esposados al momento de su detención al interior del ex Fundo Santa Margarita, y sus imágenes difundidas en los medios de comunicación regional y nacional como culpables de tales delitos.
Ahora, tras 3 meses de investigación y mas de 2 meses en prisión preventiva, el propio Ministerio Público de Temuco desestima las imputaciones, requiriendo sólo una pena de multa correspondiente a 20 U.T.M. por el delito de usurpación.
Los abogados defensores del Centro de Investigación y Defensa SUR, Karina Riquelme Viveros y Sebastián Saavedra Cea, manifestaron su preocupación ante “la liviandad con que Carabineros de Chile realiza imputaciones tan graves que luego quedan en nada, responsabilizando a comuneros mapuche ante la opinión pública en flagrante vulneración no sólo al principio de inocencia, sino además a su integridad como personas al ser enseñados como verdaderas presas de caza, para que unos meses después se les solicite una sanción pecuniaria por un delito mínima entidad. Situación, ésta última, que por supuesto resulta desconocida para la gran mayoría de ciudadanos de este país, en desmedro de nuestros representados que ya han sido condenados por los medios de comunicación”.
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