El Gobierno, sectores conservadores de la Concertación (la mayoría) y la Ultra derecha chilena quieren imponer a cualquier costo un Proyecto de Reforma Constitucional que busca la asimilación jurídica y política de los Pueblos Indígenas y coartar sus derechos colectivos que consagran las Normas Internacionales vinculantes al estado chileno
¿El Objetivo? Seguir dando luz verde a diestra y siniestra a cuanto proyecto se les ocurra a los grupos económicos chilenos, verdaderos poderes fácticos del estado. Detrás, están los intereses mineros, hidroeléctricos, de celulosa, de expansión forestal, pesqueros, obras viales, entre otros / ¿La maniobra? Subordinar y limitar al Convenio 169 de la OIT, la Declaración ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y otras normas internacionales y desconocer que los Pueblos Indígenas en Chile son sujetos y titulares de Derechos. / Ahora van con una “Consulta” al estilo estatal chileno.
Foto: Archivo Internet - Senado chileno
El Racismo y discriminación del estado de Chile en la esencia de su estructura pública nunca se había manifestado tan descaradamente por parte de los grupos de poderes políticos, impulsado por la ultra derecha y conservadores chilenos. ¿Qué desató todo esto?
Artículo 5 de la Constitución Política, inciso segundo: “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como los tratado s internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”
El Convenio 169 de las OIT (Organización Internacional del Trabajo), es un instrumento Internacional de Derechos Humanos, de los parámetros mínimos y básicos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por lo tanto, de acuerdo al artículo 5, es vinculante y tiene rango constitucional. Dicho instrumento, debe reinterpretarse, bajo el principio de progresividad y del propio compromiso asumido por los estados ante la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas para su implementación.
El Gobierno chileno durante gran parte del 2008 intentó por todos los medios de mutilar el Convenio 169 de la OIT en su proceso de ratificación a través de una Declaración Interpretativa, para que no se reinterpretara con la Declaración ONU Derechos Pueblos Indígenas adoptada por el estado chileno en Septiembre del 2007, sin embargo, por diversas razones jurídicas y políticas no pudo lograrlo.
Paralelamente, impulsaron una nueva ofensiva, la que ya estaba negociada desde la temporada estival del 2008, entre lo que fue el asesinato de Matías Catrileo por pare de Carabineros de Chile en una protesta por reivindicación territorial; y el fin de la Huelga de Hambre de Patricia Troncoso, hecho que fue denunciado por dirigentes Williches.
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