Señaló el enviado especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (DD.HH.) de los pueblos indígenas y ex Relator ONU, Rodolfo Stavenhagen, quien agregó: “Los pueblos indígenas tienen una larga historia de discriminación en todos los países latinoamericanos y aún hoy en muchos de ellos son víctimas del racismo, la injusticia, la corrupción y la represión por la violencia”
Foto: archivo Internet
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Fuentes Información:
EFE/AFP
La organización Movimiento Internacional contra todas las Formas de Discriminación y Racismo (Imadr) alertó ayer sobre la creciente criminalización de la protesta social indígena en Latinoamérica y especialmente en México.
El enviado especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (DD.HH.) de los pueblos indígenas en México, Rodolfo Stavenhagen, dijo que, aunque algunos gobiernos están promoviendo las libertades de los Pueblos, en la práctica no se aplican esas nuevas políticas.
Stavenhagen realizó estas declaraciones en el marco del foro de Imadr, convocado conjuntamente con el Consejo Central de los Sinti y Roma de Alemania, que se celebró el fin de semana, en Berlín, bajo el título “Manteniendo los derechos de las minorías: Lecciones y desafíos desde Europa, África, Asia y América”.
“Los pueblos indígenas tienen una larga historia de discriminación en todos los países latinoamericanos y aún hoy en muchos de ellos son víctimas del racismo, la injusticia, la corrupción y la represión por la violencia”, explicó el delegado de la ONU.
Stavenhagen criticó que los ataques contra los indígenas se han “generalizado” en países como Colombia y México -donde hace un mes se hallaron muertos a dos indígenas activistas de los derechos humanos-, aunque en otros como “Guatemala o Ecuador, la situación tampoco pinta demasiado bien”.
Stavenhagen apuntó, sin embargo, que también se están emitiendo medidas concretas de apoyo contra las reclamaciones de las minorías, como la decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que este mes falló a favor de la creación de la reserva conocida como “Raposa Serra do Sol”. La reserva, que ocupa un área de 1,7 millones de hectáreas, está habitada por unas 18.000 personas de las etnias Macuxí, Taurepang, Wapixana, Ingarikó y Patamona.
Mientras tanto, indígenas de América Latina reclamaron también que se les permita asistir a los foros internacionales para planificar acciones en defensa del medio ambiente, al culminar en Lima una Cumbre Indígena que analizó los efectos del cambio climático.
Alrededor de 200 delegados de comunidades nativas de la región denunciaron que la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto no permite la participación plena de sus pueblos en la discusión de acciones para frenar los desórdenes del clima. “Eso configura una clara violación de nuestros derechos”, señala una declaración emitida por indígenas de todo América.
Por ello los delegados formaron un Foro Regional Latinoamericano sobre cambio climático y acordaron crear espacios de participación de los indígenas en los eventos internacionales de cambio climático, dijo Tarcila Rivera, del Centro de Culturas Indígenas de Perú (Chirapaq).
Florina López, dirigente de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad en Panamá, resaltó que otra demanda fue que se forme un grupo de expertos con técnicos de los pueblos indígenas en la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Científicos comprarán reserva natural
Una ONG creada por científicos españoles planea adquirir más de 100.000 hectáreas en la Amazonía central para crear una reserva natural gestionada por las comunidades indígenas que preserve una de las zonas con mayor diversidad biológica del planeta.
“La historia de la Amazonía ha pasado por siglos de olvido y cuando alguien se ha acordado de ella, los resultados han sido catastróficos, pues los blancos nunca hemos propiciado el diálogo con los indígenas”, dijo el investigador Javier Lobón, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y miembro de la ONG Manguaré.
Según los responsables del proyecto, la reserva natural se situaría entre la ciudad colombiana de Leticia y el Parque Nacional de Amacayacu, ubicado en la frontera con Brasil y Perú, a orillas del río Amazonas.
La zona donde está prevista la creación de la reserva, la selva tropical, formada por bosques inundables y en tierra firme, atesora récords de biodiversidad con 110 especies de mamíferos y 500 de aves. Entre los problemas medioambientales que amenazan la conservación de esta zona figuran la contaminación de los acuíferos a causa del vertido de aguas residuales y la deforestación de las empresas madereras. EFE
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