Al concluir su visita oficial a Chile, el Relator Especial de Naciones Unidas, James Anaya realizo una Conferencia de Prensa informando que emitirá un nuevo informe actualizado de recomendaciones al Estado de Chile, basado en los estándares de derechos humanos, y el estudio de los antecedentes recibidos en audiencias y reuniones realizadas durante su visita.
Durante la conferencia el relator leyo un comunicado en que se refiere a la reforma constitucional y advierte al Gobierno: “es crucial asegurar que se lleve a cabo un proceso de consulta sobre la reforma constitucional que sea conforme a las normas internacionales aplicables, incluidas aquellas reconocidas en el Convenio 169 y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y que, el resultado de la reforma también sea conforme a estas normas”.
TEXTO DEL COMUNICADO DE PRENSA
Relator Especial de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas concluye visita a Chile
9 de abril de 2009
Santiago, CHILE – “Han habido avances significativos promovidos por el Gobierno hacia el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Chile, tal como la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre los pueblos indígenas y tribales, pero aún quedan desafíos por resolver”, expresa el Profesor James Anaya, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, al concluir su visita al país entre el 5 y 9 de abril de 2009.
Durante su visita, el Relator Especial sostuvo conversaciones con autoridades del Estado, incluida la Presidenta de la República, respecto a iniciativas sobre los pueblos indígenas en el país, con base en las recomendaciones del anterior Relator Especial de las Naciones Unidas, Profesor Rodolfo Stavenhagen. Asimismo, el Relator Especial recibió información de organizaciones y representantes indígenas durante una serie de reuniones en Santiago, Temuco e Iquique.
El Profesor Anaya expresa su agradecimiento al Gobierno por su cooperación durante todas las fases de su visita y a las organizaciones indígenas y miembros de la sociedad civil por la valiosa información proporcionada.
El Relator Especial reconoce los esfuerzos significativos del Gobierno para avanzar en el reconocimiento y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el país, especialmente en el área de la salud y en materia de reducción de la pobreza. En sus reuniones con autoridades de varios ministerios y agencias del Gobierno, el Relator Especial pudo apreciar un nivel importante de atención a los asuntos indígenas en el desarrollo de planes y propuestas orientadas a responder a las recomendaciones del Profesor Stavenhagen.
El Relator Especial recibe con agrado el compromiso de la Presidenta de la República respecto a la protección de los derechos de los pueblos indígenas así como de las iniciativas impulsadas por ella en la materia.
El Relator Especial también observa que todavía existen situaciones preocupantes que fueron señaladas anteriormente por el Profesor Stavenhagen. El Relator Especial reconoce importantes iniciativas del Estado para regular la actuación de la policía en las áreas Mapuche, las cuales están en curso. Sin embargo, el Relator Especial expresó su preocupación por “las continuas alegaciones sobre maltratos sufridos por individuos mapuche en el contexto de allanamientos y otras operaciones policiales”.
Por otra parte, el Relator Especial reprueba el uso de la violencia como medio de protesta, inclusive aquellos relacionados con las reivindicaciones legítimas de los pueblos y comunidades indígenas, y al mismo tiempo exhorta al Estado a responder de manera efectiva a estas reivindicaciones.
El Relator Especial reconoce el compromiso inicial del Gobierno de no aplicar la ley antiterrorista para procesar a individuos en casos vinculados con movimientos sociales mapuche, y hace un llamado a las autoridades competentes para que cumplan con dicho compromiso.
El Relator Especial enfatiza la necesidad de fortalecer los mecanismos de consulta y participación de los pueblos indígenas en todas las decisiones que les afectan, incluida la implementación de las iniciativas del Gobierno para la promoción y protección de sus derechos.
Al respecto, el Relator Especial observa que, respondiendo a una propuesta del Gobierno, el 7 de abril de 2009, el Senado dio su aprobación a la idea de legislar sobre una reforma constitucional relacionada con los pueblos indígenas, bajo el entendimiento de que el Gobierno iniciará un proceso de consulta indígena sobre el proyecto de reforma constitucional el 13 de Abril del año en curso. El Relator Especial enfatiza que “es crucial asegurar que se lleve a cabo un proceso de consulta sobre la reforma constitucional que sea conforme a las normas internacionales aplicables, incluidas aquellas reconocidas en el Convenio 169 y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y que, el resultado de la reforma también sea conforme a estas normas”.
Además, el Relator Especial señala la necesidad de prestar atención inmediata a los proyectos de inversión industrial y de extracción de recursos naturales que afectan directamente a los pueblos indígenas, y de llevar a cabo las consultas pertinentes conforme a las normas internacionales.
Al respecto, el Relator Especial desea llamar la atención sobre el asunto de los reclamos de los pueblos indígenas sobre tierras y recursos naturales. El Relator Especial reconoce los esfuerzos significativos del Gobierno en materia de los derechos de los indígenas sobre la tierra, pero a la vez que señala la necesidad de establecer un mecanismo efectivo para reconocer los derechos de los pueblos indígenas sobre tierras y recursos naturales que se basan en la ocupación y uso tradicional, de acuerdo con las normas internacionales relevantes.
Finalmente, el Relator Especial reconoce el compromiso del Estado frente a la adopción de todas las medidas necesarias para implementar el Convenio 169, incluida la adopción de reformas de legislación sectorial, y urge al Estado a cumplir con estos compromisos en plena consulta con los pueblos indígenas.
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