mapuches acusan que las comunidades María Colipi, Benancio Ñeguey y Esteban Yebilao fueron violentadas en el proceso de allanamiento. Denuncian que ingresaron a ellas “más de 150 efectivos del personal militarizado de Investigaciones y Carabineros, quienes fuertemente armados destruyeron casas y enseres, sin respetar la integridad de mujeres, niños ni ancianos”.
Fuente: Radio Universidad de Chile
Foto original: Azkintuwe
El mensaje que surgió con insistencia en el Ejecutivo fue el pleno respaldo a la labor policial que permitió “de manera limpia”, según explicó la vocera, Carolina Tohá, la detención de los inculpados en el ataque al fiscal Elgueta y su comitiva policial en octubre de 2008.
“Cuando fue el atentado contra el fiscal se inició una investigación, se ha trabajado duramente, aquí hay funcionarios que han cumplido su trabajo y gracias a eso hemos tenido un esclarecimiento, una identificación de los culpables y una detención bastante limpia y ordenada de la gran mayoría de ellos”, dijo la ministra.
Sin embargo, los mapuches acusan que las comunidades María Colipi, Benancio Ñeguey y Esteban Yebilao fueron violentadas en el proceso de allanamiento. Denuncian que ingresaron a ellas “más de 150 efectivos del personal militarizado de Investigaciones y Carabineros, quienes fuertemente armados destruyeron casas y enseres, sin respetar la integridad de mujeres, niños ni ancianos”.
Siguiendo con la política de llevar al ámbito penal el conflicto con los mapuches, tal como lo había anunciado el ministro del Interior (s) Patricio Rosende, el lunes se presentó una querella por homicidio frustrado y asociación ilícita terrorista contra los once detenidos y quienes resulten responsables en la investigación judicial en el Tribunal de Garantía de Cañete.
“Estamos dando una fuerte señal de que nosotros como gobierno todo ilícito, todo hecho delictual lo vamos a perseguir, pero no dejando de lado el trabajo que hemos estado desarrollando con las más de 300 comunidades que existen en la provincia de Arauco, dando una señal muy clara con respecto a lo que significa poder dar solución a sus demandas históricas”, indicó el gobernador de la provincia de Arauco Rodrigo Daroch.
La misma línea seguirá el gobierno con los responsables del incendio de dos cabañas de veraneo registrado el domingo en el lago Lleu Lleu, en la comuna de Tirúa de la región del Bío Bío.
“Los atentados que sucedieron horas después para nosotros son actos delictuales que requieren el mismo tratamiento: serán investigados, identificados los culpables y sancionados”, afirmó la vocera de gobierno.
Sin embargo, para el director de Amnistía Internacional en Chile, Sergio Laurenti, la pregunta que se deben hacer las autoridades es por qué existen grupos que están dispuestos a radicalizar sus movilizaciones para hacer escuchar sus demandas.
"No estoy condonando la acción violentista o a la acción que daña la propiedad de terceros, la vida de la comunidad o la cohesión del tejido social, pero hay que preguntarse qué está llevando a personas a tener esa actitud y también en qué está retrasado el gobierno en responder a las necesidades y deudas históricas", afirmó Laurenti.
El representante subrayó que estos actos son parte de un reclamo que hasta ahora no tiene respuesta y lamentó la violencia con la que ha actuado la policía en los casos en que se trata de comunidades mapuches, lo que debe ser revisado también por las
autoridades.
El director de Amnistía Internacional recordó que existe en el ordenamiento jurídico internacional un Código de Conductas para los funcionarios que deben hacer cumplir la ley, el cual se debe observar y respetar, al tiempo que destacó el profesionalismo de las policías razón por la que no se entiende el nivel de represión en este tipo de situaciones.
"Las policías no tienen manos libres, están restringidos por sus propias reglamentaciones. Además, las instituciones chilenas son suficientemente profesionales y bien equipadas como para hacer esto dentro del marco de la ley", subrayó Laurenti.
Por su parte, Manuel Díaz Calfiú, vocero de la organización mapuche Meli Wixan Mapu anunció la posibilidad de iniciar acciones legales debido a la gravedad de los últimos sucesos en la Araucanía. “Pero eso tendrá que evaluarlo la propia gente de la comunidad afectada, puesto que parece una burla y sentimos que el Estado chileno sigue aplicando la brutalidad y la represión en los sectores movilizados de las comunidades mapuches", indicó.
Para el representante del organismo mapuche como para Laurenti de Amnistía Internacional, es lamentable el lenguaje que utiliza el gobierno frente a las demandas de los mapuches, lo que a juicio de ambos representantes no soluciona los problemas de fondo en este conflicto.
Relator de la ONU
El vocero de Meli Wixan Mapu destacó que los operativos policiales en el sur del país se produjeran justo después que terminara la visita a Chile del relator de la ONU sobre pueblos indígenas, James Anaya, a quien el gobierno aseguró que las demandas mapuches se atienden dentro de los cauces normales.
"El Estado chileno continúa aplicando la política del juego sucio, porque a nivel internacional cuando sale la Presidenta dice que en Chile está todo bien y, sin embargo, sabemos que las situaciones son graves, que se aplica la misma violencia que en la dictadura y las leyes que dejó Pinochet", denunció Díaz Calfiú.
Antes de abandonar el país, el relator de la ONU había enviado una carta al Senado haciendo ver su preocupación por la reforma constitucional relativa a los derechos de pueblos indígenas, “sobre todo la falta de un consenso con las organizaciones y dirigentes indígenas del país".
Anaya resaltó que en la comisión de Constitución del Senado, el 10 de abril, “más de cuarenta dirigentes y representantes indígenas de todo el país, expresaron su desacuerdo con el proyecto de reforma constitucional y solicitaron un proceso de consulta previa”.
“El Relator Especial exhorta al Gobierno y a los miembros del Congreso a escuchar las voces de los representantes y organizaciones indígenas que han pedido un proceso de consulta antes de aprobar cualquier reforma definitiva de la Constitución relativa a los derechos de los pueblos indígenas, y asegurar que tal reforma sea acorde al Convenio 169 y los otros instrumentos internacionales pertinentes”, emplazó en su misiva.
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