El Deficiente Estudio De Hidroaysén Sigue En Trámite Sólo Gracias Al Lobby De La Empresa Y Ciertas Autoridades De Gobierno

Consejo de Defensa de la Patagonia ante tercer Icsara emitido por la Conama de Aysén.
“EL DEFICIENTE ESTUDIO DE HIDROAYSÉN SIGUE EN TRÁMITE SÓLO GRACIAS AL LOBBY DE LA EMPRESA Y CIERTAS AUTORIDADES DEL PROPIO GOBIERNO”

Patricio Segura Ortiz

Periodista

Secretario ejecutivo expresó que “este tercer Icsara es simplemente un acto más en la obra de teatro que el Gobierno y la empresa están protagonizando frente a la ciudadanía, viciando completamente un proceso que debió tener el más alto nivel y rigurosidad por lo que está en juego: la integridad ambiental y cultural de la Patagonia chilena”.

Como el previsible, aunque igualmente inaceptable, resultado del “lobby de HidroAysén y ciertas autoridades de Gobierno” para que los funcionarios públicos retiraran los más duros cuestionamientos a su estudio de impacto ambiental calificaron en el Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP) el envío, esta tarde, de un tercer informe consolidado de preguntas (Icsara) a la empresa, en el cual disminuyen las observaciones originalmente realizadas, tanto en cantidad como en calidad.

El secretario ejecutivo del organismo, Patricio Rodrigo, expresó que “acá vemos claramente cómo un deficiente estudio que recibió más de 2.600 potentes observaciones en el primer Icsara y con más de un tercio de los servicios públicos apuntando a su rechazo por falta de información para evaluarlo e incluso por ser ilegal, sigue en trámite sólo gracias al lobby de la propia empresa y ciertas autoridades del Gobierno, recibiendo hoy un set de preguntas como un traje hecho a su medida”.

Expresó que “aún quedan muchas dudas sobre el proyecto que no pueden ser respondidas mediante una adenda, porque son cuestionamientos de fondo, como el caso de la inundación de parte del Parque Nacional Laguna San Rafael que vulnera la convención de Washington o el incumplimiento de otros tratados internacionales como el de Medio Ambiente entre Chile y Argentina.

Todas esas duras observaciones mágicamente desaparecieron del sistema, luego de intensas reuniones y un lobby desvergonzado ante los servicios públicos evaluadores”.

En este sentido señaló que “son preocupantes los apoyos explícitos del Presidente y el ministro Raineri, ya que esto pone en una difícil situación a funcionarios públicos a honorarios y a contrata, que temen perder sus puestos de trabajo si no actúan en concordancia con estas señales”.

Para el secretario ejecutivo del CDP “este tercer Icsara es simplemente un acto más en la obra de teatro que el Gobierno y la empresa están protagonizando frente a la ciudadanía, viciando completamente un proceso que debió tener el más alto nivel y rigurosidad por lo que está en juego: la integridad ambiental y cultural de la Patagonia chilena”.

Patricio Rodrigo puntualizó que “a pesar de los 10 millones de dólares que Enersis dio al Gobierno, la resolución 1.800 de la DGA para facilitar la entrega de derechos de agua rechazados, el explícito apoyo del ministro de Energía y el Presidente, la asunción de ex empleados de la empresa como gobernadores y seremis que deben evaluar el estudio y forman parte de la Corema y la vergonzosa maquinaria económica en la Región de Aysén, nada puede cambiar el rotundo rechazo que la ciudadanía tiene sobre las intenciones de represar irreversiblemente los ríos Baker y Pascua, e intervenir en forma negativa, drástica y para siempre la vida de sus comunidades”.

Aludió de esta forma al 57,8 % de rechazo de los chilenos a HidroAysén consignado en la última encuesta Ipsos y a las manifestaciones que durante la semana pasada movilizaron a más de 500 personas por las calles de Coyhaique, un centenar en Puerto Aysén y otro tanto en Copiapó, Santiago, Valparaíso, Concepción, Temuco, Valdivia, Panguipulli y Puerto Montt.

El dirigente concluyó señalando que “llamamos a los funcionarios públicos, técnicos y profesionales a que resguarden todos los antecedentes que dan cuenta de situaciones como las que hemos mencionado, porque hay que tener en claro que emitir resoluciones manifiestamente injustas es un delito”.

Algunas “desaparecidas” observaciones
CONAF: En el segundo pronunciamiento señaló que “del análisis del EIA y de la Adenda en particular del capitulo Plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable, se contraviene la normativa ambiental aplicable relativa al Parque Nacional Laguna San Rafael”.

En el último reporte puso que “en el evento de ser aprobado ambientalmente el proyecto, bajo el criterio de respeto irrestricto de la sustentabilidad que inspira esta Corporación, se resguarde la legalidad vigente para la categoría de protección del Parque Nacional Laguna San Rafael” en circunstancias que la Ley establece que el organismo se declare inconforme ante tal situación, incumpliendo su deber de cautelar por la integridad de las áreas silvestres protegidas.

DGA: De las cientos de preguntas originales, donde estableció que los impactos del cambio climático no fueron evaluados de manera adecuada en relación con la seguridad de las represas y la afectación del turístico y relevante salto de la confluencia Nef-Baker, entre otras, hoy sólo dejó 18 de las más básicas.

MINVU: En sus observaciones de noviembre de 2009 señaló que la empresa “parte de un supuesto en cuanto a sostener que la naturaleza de la propiedad de los terrenos, no constituyen tema de evaluación ambiental y por lo tanto ello se estudiará separadamente del impacto al medioambiente lo que equivale a suponer que esta cartera no tiene competencias en materias ambientales. A este respecto la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales no concuerda con dicho argumento y sostiene en cambio que la titularidad de dominio de un predio no es independiente del medioambiente”. En el último informe no se volvió a referir en caso alguno a la pertinencia ambiental de su cartera y simplemente señala que en el caso de 13 observaciones “satisface a la observación planteada”.

Éstos fueron sólo algunos de los ejemplos de los drásticos cambios de criterio de los servicios públicos y los "recortes" a las observaciones hechas por la propia Conama regional, a lo cual se agrega que este organismo sólo dio 11 de los 15 días hábiles permitidos por el sistema que los órganos con competencia ambiental evaluaran el segundo adenda de la empresa, situación que en opinión de Patricio Rodrigo “afectó la posibilidad de analizar acuciosamente el estudio y cautelar en propiedad el cumplimiento de la legislación ambiental”.