Ya está en desarrollo el juicio a 18 presos mapuche en la ciudad de Cañete, en la región del Bio Bio. En el primer día el debate la estrategia de la Fiscalía se centró en solicitar que sus 36 testigos protegidos declararán por medio de videoconferencia,a lo que los jueces se negaron por las pocas garantías de la validez de sus testimonios, finalmente se determinó que declaracen en una sala contigua a través de circuito cerrado de televisión, de espaldas a la cámara y sin distorsionador de voz. Esto permitirá a los defensores de hacer preguntas a los testigos.
Agrupación Liberar
Los procesados deben enfrentar acusaciones por robo con intimidación, homicidio frustrado, tenencia ilegal de armas de fuego y asociación ilícita terrorista tras haber participado el 15 de octubre de 2008 en una presunta emboscada que un grupo de encapuchados tendió al fiscal chileno Mario Elgueta y a varios agentes que le acompañaban.
El juicio genera gran expectación debido a los compromisos adquiridos por el gobierno con los familiares de los presos mapuches, motivado por la huelga de hambre, que terminó tras el compromiso del ejecutivo de cambiar las querellas en las que había invocado la Ley Antiterrorista.
Sin embargo, a pocas horas del comienzo del proceso y a pesar de que el gobierno retiró las acusaciones por la Ley antiterrorista, la Fiscalía decidió mantener la formalización de la acusación por delitos terroristas, por lo tanto, el compromiso ampliamente difundido por el gobierno chileno, no ayudará en este caso, ya que no habrá recalificación de delitos.
En la solicitud al gobierno incluía el no uso de testigos sin rostro, considerando que la Fiscalía para inculpar a los procesados se basa principalmente en estos testimonios.
En este juicio la Fiscalia presenta 36 testigos protegidos, los cuales pretendía dieran declaración a traves de video conferencia, en una desición intemedia los jueces determinaron que declarasen en una sala continúa, usando circuito cerrado, según versiones de la defensa dificulta que los jueces observen en persona detalles corporales que le den veracidad a sus testimonios, según los defensores ya todos saben quienes son los testigos, por lo que no tiene sentido que las declaraciones no sean en forma presencial.
A este juicio, que se estima durará al menos un mes, se han hecho presente observadores nacionales e internacionales.
De nuestro país está Roberto Garretón, consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quién expresó “Observaremos cómo está esta situación, si se respetan los Derechos Humanos, y después elaboraremos un informe”.
Por otro lado está Pilar Macía, observadora española, especializada en derecho humanitario y resolución de conflictos armados, quien tiene noción clara de la diferencia entre un delito común y un delito terrorista.
Su observación se basa en determinar si en estos juicios a mapuche se respeta el derecho internacional y los tratados de derechos humanos que Chile a firmado.
Ella seguirá de cerca el juicio y dará sus conclusiones a la opinión pública en su momento.
Pablo Ortega, de la Agrupación Liberar -quién defiende a tres de los inculpados- junto a los otros defensores, insistirán en la recalificación de los delitos, considerando que estos no se enmarcan en la denominación de terrorista.
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