Hace más de 40 días once vecinos de la localidad de Caimanes, ubicada en el Valle de Quilimarí al interior de Guanguali, se encuentran en huelga de hambre indefinida en la sede el Colegio de Profesores de la Provincia del Choapa, exigiendo su derecho a vivir en un medio ambiente seguro y libre de contaminación.
Por Paulina Acevedo
Fuente: Observatorio Ciudadano
La razón de esta medida de presión, es la amenaza que representa para la vida de sus cerca de mil habitantes, el posible desplome del recién construido tranque de relave El Mauro de minera Los Pelambres -megaproyecto de la compañía Antofagasta Minerals, propiedad del grupo Luksic, los nuevos dueños de canal 13-, así como para la fértil agricultura de la zona debido a la contaminación de las aguas del río Pupio; cuyo cauce atraviesa el sector de Las Vacas, para luego desembocar en Los Vilos.
Mauro significa “brote de agua”, pues como recuerda Pedro Soto Cruz, uno de los huelguista (60 años), allí se encontraban las mayores reservas de aguas dulce de la región. Hoy, sin embargo, por esta tierra que su familia habitó por más de cien años, no corre una sola gota de este vital elemento, siendo procurada desde un humedal cercano construido de manera artificial (La Vega), y extraída mediante drenaje desde el río Pupio. Por lo que el poblado El Mauro simplemente desapareció.
“Ya no hay esa gran cantidad de canelos, arrayanes y peumos que estaba prohibido cortar, así como cazar pájaros o conejos. Incluso los petroglifos que hay en la zona fueron removidos, y otros simplemente quedaron sepultados por las detonaciones. La minera ha destruido todo lo que teníamos, por eso estoy en esta huelga de hambre. Pues si esta situación continúa, acabarán con todo el Valle”, advierte donde Pedro, visiblemente menoscabado por los días de ayuno desde un colchón que le sirve de cama.
Pelambres y su estela de destrucción llegó a la zona a fines de 2001. Decidió asentar su base de operaciones en el fundo El Mauro, distante a solo 10 kilómetros de Caimanes, ya que de acuerdo a los ingenieros y arquitectos de la empresa las virtudes físico-geográficas del lugar, ofrecían un enclave perfecto para construir un enorme relave que pasaría a ser el más grande de Chile y el tercero de América Latina. Asegurando así a la mina una vida productiva de entre 40 a 50 años ininterrumpidos para sus faenas. Sin muchos reparos, y pese a las denuncias de graves irregularidades en el estudio de impacto ambiental presentado por la compañía, el inicio de las obras fue aprobado en el 2004, siendo lo situación más preocupante para los habitantes de la zona la contaminación de las napas subterráneas que alimentan el Valle.
Hasta ahora ninguna autoridad, partiendo por el propio Presidente de la República, el gobernador Iván Cisternas o los parlamentarios del distrito, han atendido las demandas de los huelguistas. Ni siquiera por razones humanitarias, a pesar de que existe un fallo de la Corte Suprema de 2008 que les favorece y que obliga a la empresa a adquirir los fundos Tipay y Romero (también cercanos a Caimanes), los derechos de agua de estos predios y a compensar económicamente a los demandantes por los daños que pudiera ocasionar la minera. Resolución que aún no se ha cumplido. Demostrando que los grandes capitales están por sobre la justicia, en un país gobernado por un empresario declarado que hace oídos sordos a los requerimientos de quienes sufren los embates de un modelo que se intenta imponer “por la razón o la fuerza”.
Los estragos de la minería y los proyectos que se avecinan
Sabido es que la minería es una de las actividades industriales más contaminantes (cinco de los diez lugares con mayor contaminación del planeta son consecuencia de la actividad minera).
No obstante, la voracidad con que se expanden en Chile estas faenas extractivas, alentadas aún más por el tratado minero bilateral suscrito con Argentina en tiempos del gobierno del democratacristiano Eduardo Frei Montalva –el que se denuncia fue redactado por una de estas mismas empresas (Barrick)- hace que hoy se vulneren espacios antes intocables, como zonas de fronteras cordilleranas (altamente vulnerables al derretimiento de glaciares), parque nacionales y reservas naturales, o el hábitat de pueblos casi no contactados, como es el caso de Caimanes y otros hacia el interior.
De hecho, 150 kilómetros más arriba del emplazamiento del tranque El Mauro, se ubica otro relave de minera Los Pelambres (Quillalles), donde se almacenan cerca de 400 millones de toneladas de desechos tóxicos, siendo aún insuficiente para contener los lastres contaminantes de esta que es llamada la “gran” minería. De allí la necesidad de construir un nuevo relave.
Cabe destacar, además, que pese a no existir en el sector -como ocurre en sectores más abajo- problemas emanados del material particulado en suspensión que se libera por el paso de camiones de gran tonelaje, igualmente dañino para los ecosistemas y la vida humana y animal, igualmente se están produciendo daños irreversibles. Ya que si bien el material extraído se transporta por medio de cañerías (mineraductos), hay tramos donde éstos son llevados por el lecho del río Choapa, ocasionando desastres ecológicos que han sido medidos en el tiempo y que ya han contaminado su cauce.
Y este no es el único megaproyecto que amenaza la subsistencia del Valle del Choapa. A él se suman Pachon, de la trasnacional EXSTRATA COOPER, proyecto binacional situado en las cercanías de la localidad de San Agustín, en la comuna de Salamanca; El Espino, ubicado a 30 kilómetros al norte de Illapel y donde coexisten cuatro comunidades (La Yesera, Rabanales, Rincón del Romero y Quebrada Grande), que han habitado el lugar desde hace ocho generaciones y que hoy corren el riesgo de ser expulsadas por dicho proyecto; Tres Valles, de la trasnacional VALE, que afecta a los valles de Cárcamo, Quilmenco y Chalinga; además de un proyecto de CODELCO del cuál no existe mayor información, salvo que se encuentran en la etapa de realización de sondajes.
Mientras tanto, estos tranquilos poblados interiores procuran resistir una invasión descontrolada. Se informan y se movilizan. Pero es allí donde se encuentran con otro gran escollo común a todos los procesos de defensa territorial: la criminalización de sus demandas, la coaptación de algunos sectores para instalar la desunión y la tergiversación que hacen de sus luchas los medios de comunicación serviles a los intereses de la minera. Y es que el dinero todo lo compra, dicen, pero no compra la dignidad y eso lo tienen claro en Caimanes. Por eso aunque tengan enfrentar, como ocurre en los precisos instantes en que escribo este artículo, que un fuerte contingente de Fuerzas Especiales de Carabineros tenga totalmente cercada Salamanca, los huelguistas aclaran que no van a dar ni un pie atrás.
El oficial a cargo del operativo califica de “medidas normales” este procedimiento. Pese a que nunca se había visto un despliegue similar en la zona, y a que los vecinos lo ven como un verdadero “estado de sitio”. La pregunta es qué y a quiénes defiende la policía. Pues si el argumento es la defensa del orden público, como señalan, éste viene siendo alterado hace años por la empresa. Y esto no es un Pelambre.
Valle del Limarí
Unos 250 kilómetros hacia el norte de la capital de la Provincia del Choapa se encuentra el Valle de Limarí, al cual se accede por la ciudades de Combarbalá, Ovalle o Serena. Gracias a la presencia de los embalses La Paloma, Recoleta y Cogoti, la agricultura se ve altamente favorecida (viñedos, paltos y nogales en la zona precordillera), combinada con la tradicional y significativa crianza de cabras en la alta montaña, no siendo extraño verlas cruzar en grandes cantidades por sus sinuosos caminos.
En todo este vergel se encuentra el pueblo de Tulahuen, que literalmente significa “lugar de las garzas”, aunque otros dicen que sería “Valle de la Sanación”. Sus habitantes se conocen todos entre sí, y se siente orgullosos de la vida plácida y colaborativa que han desarrollado. Sin embargo, la gran minería también ha llegado a perturbar su entorno, y hoy temen una destrucción de este patrimonio natural que durante tantos años han resguardado.
En su caso, la amenaza proviene de la minera Los Pingos, propiedad del empresario de profesión ingeniero, Juan Rassmuss Echecopar. De aparente bajo perfil, asegura que del origen sueco de su padre heredó el ser “bastante trabajador”, y de su madre vasco-peruana “la perseverancia y la porfía de tratar de realizar lo que a otros no les ha resultado, dos cosas que se llevan bien con la minería”.
La terquedad a la que se refiere es la adquisición de un proyecto de capitales canadiense que no prosperó, y que compró con unos pocos “ahorritos” que tenía (10 mil dólares), en pleno boom de la minería estatal. Comenzó con esta mina de cobre y plata (San Antonio) y luego compró Dos Amigos (hoy avaluada en 40 millones de dólares) e implementó Dulcinea en Petorca, hasta llegar a convertirse en el principal accionista de la Compañía de Aceros del Pacífico y uno de los hombres más reconocidos del mundo minero. Al punto que en el año 2001, al cumplir sus 60 años, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) lo distinguió por su “emprendimiento”
El tranque de relave de minera Los Pingos se encuentran en la cima de una elevada ladera, a 150 metros sobre el cauce del río Grande. Uno de sus bordes presenta un peligroso declive de 19%, lo que incrementa las posibilidades de que las aguas lluvias arrastren el material contaminante hacia el río. Como si se tratara de una bomba de tiempo sobre sus cabezas, pero también para la subsistencia el Valle. Ya que toda esta toxicidad llegaría al embalse La Paloma, con cuyas aguas se riega el 70% de las tierras del Limarí (27 mil hectáreas de cultivos).
Tan cierta es esta posibilidad, que hace unos años atrás los estanques del relave se llenaron, y la solución de la empresa fue botar material particulado fino tóxico sobre la ladera del cerro. La CONAMA tuvo que investigar el hecho, ante una denuncia interpuesta por los tulahueninos. Pero en una resolución inexplicable (N° 180 de 20 del abril de 2009), el organismo asegura que aquí “no se constató material particulado por acción eólica, conforme a la situación denunciada”. Es decir, no habría ningún riesgo justificable para el funcionamiento del relave minero, ni existirían en el aire nubes de polvo tóxico levantadas por los vientos.
Sin embargo, algunos fotografías tomadas por Manuel García-Huidobro Besa, vecino de Tulahuen, son más elocuentes. Tomadas el 28 de marzo de 2010 entre las 15 y las 17 horas, en ellas se muestra el material vertido, consistente en sedimentos grisáceos cuyos componentes son del todo desconocidos para los tulahuenses, pero que claramente no son inocuos. Efectos que todavía son visibles e impactantes, a más de un año de esta resolución del organismo contralor ambiental, donde se niega (o más bien oculta) la existencia de contaminación.
Cuesta imaginar, tras impresionarse con las cristalinas aguas del Limarí, o los bellos contrastes del Valle del Choapa, que estos parajes puedan desaparecer. Que el viento deje de correr puro y el azul prístino del cielo sea desplazado por ventiscas grises que cubran las altas cumbres. Pero lo cierto es que algo está ocurriendo en la IV región, producto de la proliferación de proyectos mineros a los que no les interesa más que los recursos del subsuelo.
Y quienes mejor pueden dimensionar el impacto que ocasionarán estas compañías en el tiempo, son los habitantes que día a día y lentamente han visto los cambios en el comportamiento de las aguas, tierras y montañas, en las siembras y en la producción de los animales, como si se tratara de un reloj que en vez de arena, tuviera pequeñas partículas de cobre, plata y oro.
Más son también ellos los que se están levantando, y nosotros deberíamos hacerlo con ellos.
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