El Informe Anual de Derechos Humanos presentado por la Universidad Diego Portales denuncia que el máximo tribunal chileno “desmantela” el Convenio 169 de la OIT al tratarse de causas mapuches, lo que nos expone a sanciones internacionales en la materia. El reporte menciona además falencias en la criminalización de la protesta social y en la libertad de expresión.
Fuente: Radio Universidad de Chile
Graves falencias en el tratamiento del tema indígena y cuestionamientos a la Corte Suprema, son algunos de los ámbitos destacados en el Informe Anual presentado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.
Pese a la vigencia del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece el derecho a consulta de los pueblos originarios, no se ha generado el debate ni se han hecho los esfuerzos legales que permitan su plena implementación.
Pero donde los dardos apuntan más fuerte es al actuar de Corte Suprema, la que señalan está “desmantelando” el convenio al revertir muchos casos donde las Cortes de Apelaciones respetaron su aplicación, con lo que nuestro país se expone a nuevas condenas internacionales ante el incumplimiento de la norma.
Respecto a violaciones a los derechos humanos en dictadura, el trabajo también develó que el máximo tribunal no está cumpliendo con los estándares internacionales de reparación a las víctimas.
“El Presidente Sebastián Piñera declaró que no habría indulto en el caso de violaciones ocurridas durante la dictadura, lo cual fue un signo alentador en materia de verdad y justicia. Sin embargo, con posterioridad tenemos información que indica que el Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior está tramitando muy lentamente las querellas de los casos de ejecutados políticos”, afirmó el director del centro de investigación, Jorge Contesse.
Otro tema destacado dice relación con el positivo aumento de la protesta social, sin embargo, también se ha incrementado el nivel de violencia policial, abultando con ello también las causas de justicia militar, fuertemente criticada por organismos internacionales.
En este sentido, el abogado Domingo Lovera se refirió al efecto negativo que significó el llamado del Presidente de la República a las Fuerzas Especiales el pasado Día del Joven Combatiente.
“En los tres poderes hay notas preocupantes respecto de la protesta social. En el caso de la administración esto comienza a partir de este año con el encuentro del Presidente con las fuerzas policiales. Nos parece que pese a que las fuerzas de seguridad no son deliberantes, el hecho de que el Jefe de Estado aparezca haciendo una arenga pública en las unidades policiales implica traerlas al ruedo político y, como sabemos, después cuesta mucho sacarlas de ahí”, sentenció el jurista.
Una violencia que liga a los manifestantes con los desórdenes públicos y la delincuencia, lo que también ha traído como consecuencia una mayor validación a la violencia hacia los medios de prensa e informativos que cubren dichos eventos.
En materia de libertad de expresión, se trató el tema del cierre del diario La Nación y la compleja situación e las radios comunitarias.
“Los problemas que da cuenta el informe se relacionan con la concentración de medios de comunicación y cómo eso afecta la libertad de información. El caso del diario La Nación es uno más, tal vez el más simbólico por ser público, de las falencias que vienen arrastrándose hace 20 años y el informe de Derechos Humanos da cuenta de lo que está ocurriendo con el hostigamiento a las radios comunitarias y advierte que es un tema que no está siendo tratado”, comentó Contesse.
El informe también incluye otros temas como derechos humanos y medio ambiente, derechos de los niños y las mujeres, además de un apartado especial sobre responsabilidad social empresarial a raíz de los graves accidentes laborales acontecidos este año.
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