Las organizaciones de derechos humanos que suscriben expresamos nuestra preocupación por las nuevas formas de impunidad que se busca instalar como parte de las políticas del actual gobierno. La expresión más reciente de ello han sido los traslados del Subprefecto Sandro Gaete y del Inspector Ricardo Luengo de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile.
Es preocupante que en lugar de fortalecer una institución que ha contribuido significativamente al lento avance de la justicia y que costó décadas formar, las autoridades políticas hayan optado por su virtual desarticulación.
Esta decisión se suma a la reciente reducción del equipo de abogados del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y a la postergación injustificada, por parte de este organismo, de la presentación de las querellas criminales de más de medio centenar de causas de ejecutados políticos.
Estas acciones del gobierno limitan y obstaculizan la colaboración que estos organismos del Estado tienen por misión prestar a la tarea de esclarecimiento y juzgamiento de los crímenes cometidos por la dictadura militar, y dejan en evidencia una política oculta que busca imponer nuevas formas de impunidad.
Resulta paradojal que, al mismo tiempo que se retrocede en la persecución penal de los delitos de lesa humanidad, el gobierno no dude en desatar la persecución y criminalización de las luchas sociales actuales, invocando la Ley de Seguridad del Estado para frenar la movilización social en la Región de Magallanes.
Para los sectores democráticos de la sociedad, para quienes consideramos que la verdad y la justicia son demandas irrenunciables, estas decisiones de la autoridad política no son aceptables. Por ello, junto con llamar al más amplio rechazo de estas medidas, demandamos al ejecutivo su reconsideración.
Asimismo, solicitamos a los demás poderes del Estado, en particular al Poder Judicial, a través del Presidente de la Corte Suprema, un pronunciamiento sobre los efectos de estas decisiones en la administración de justicia respecto de los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura. Creemos que las medidas señaladas son particularmente graves para la labor de los tribunales puesto que afectan directamente, en el caso de la Brigada de Investigación de Delitos contra los Derechos Humanos, a un organismo colaborador de los tribunales en su labor de impartir justicia. Una tarea que, a pesar de los avances parciales experimentados, sigue pendiente desde hace ya más de 30 años.
Corporación Londres 38, espacio de memorias
Comisión Ética contra la tortura
Colectivo 119, familiares y compañeros.
Cofamejexp, familiares y compañeros de Ejecutados Políticos por Explosión
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine
Corporación Paine Un Lugar para la Memoria
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de
Talca
ONG CoSeCh, Comité de Servicio Chileno
Santiago de Chile, enero 2011.
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