El encuentro reunió a representantes de los distintos poderes del Estados, comunidades mapuche y la sociedad civil. Presidenta de la Cámara de Diputados y asesor presidencial para asuntos indígenas, manifestaron que lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT será aplicado con la participación de los pueblos originarios y con un proceso adecuado de consulta.
Fuente: http://www.azkintuwe.org/ene_1801.htm
Por José Luis Vargas, 18 de enero de 2010
Con la participación de más de 200 personas se desarrolló el Seminario “El papel de los actores estatales en la implementación de los derechos de los Pueblos Indígenas”, encuentro convocado por la Cámara de Diputados y la Oficina Subregional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el Cono Sur de América Latina, cuyo objetivo era profundizar en los derechos reconocidos por el Convenio 169 y las obligaciones que deben asumir los distintos poderes del Estado para su implementación; así como estructurar y consensuar una agenda temática para un debate amplio sobre este tratado internacional y sus implicancias en el ámbito de políticas públicas, reformas legales y de justicia.
La jornada comenzó con la exposición de la experta en Normas Internacionales de la OIT Kirsten-Maria Schapira, para luego dar paso primer panel compuesto el Ministro integrante de la tercera sala de la Corte Suprema, Haroldo Brito; la presidenta de la Cámara de Diputados, Alejandra Sepúlveda; el Asesor presidencial para asuntos indígenas Presidenta Cámara de Diputados, Sebastián Donoso; y el presidente de la Comisión de Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, Gonzalo Arenas.
Donoso señaló que el gobierno ve en el Convenio 169 de la OIT un instrumento para propiciar el diálogo con los pueblos originarios, y aseguró “que el Estado de Chile está cumpliendo en su esencia el Convenio en todos sus ámbitos”. De acuerdo al asesor, “gran parte de las políticas públicas implementadas en los últimos años están inspiradas en el Convenio”, agregando que “estamos convencidos que hay muchas materias en que también se debe avanzar y se deben mejorar las políticas públicas hacia los pueblos originarios”. Pues, aseveró, “los procesos de consulta establecidos en el Convenio son (...) la piedra angular de esta normativa”, declaró.
Por su parte el diputado Gonzalo Arenas, aseguró que este proceso de consulta establecido en el Convenio 169 implica que “el Congreso elabore leyes y normas con una amplia participación de todas las organizaciones y autoridades representativas de pueblos indígenas”, añadiendo que “en la comisión de derechos humanos queremos dar la mayor amplitud a la participación de pueblos originarios”, indicó. Finalmente Alejandra Sepúlveda, presidenta Cámara de Diputados, señaló que “la voluntad política del Parlamento está, tenemos que seguir discutiendo para que las cosas salgan mejor. Estamos construyendo con ustedes un método para llevar a cabo la consulta y no para aprobar ni legislar lo que nosotros queramos, sino para discutir en conjunto”, concluyó.
Difícil camino
No ha sido fácil el camino transitado en Chile por el Convenio 169. Cabe recordar que en marzo de 2008, el Senado chileno aprobó el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 27 de junio de 1989. De esta manera, el convenio, que permanecía desde enero de 1991 en el Congreso Nacional, fue ratificado por el Poder Legislativo y se encontraba en condiciones de ser integrado al marco jurídico de Chile. El instrumento internacional había sido aprobado por la Cámara de Diputados en abril de 2000.
Posteriormente, la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó en forma unánime el proyecto de acuerdo que ratificaba este instrumento, “pero con una aclaración interpretativa en el sentido que solo es aplicable a los tratados vigentes ratificados por Chile y no es vinculante con otras declaraciones internacionales”. La OIT rechazó la pretensión chilena de ratificar con una "declaración interpretativa" que buscaba excluir a la Declaración de Naciones Unidas Sobre Derechos de los Pueblos Indígenas del marco interpretativo del Convenio 169, ya que dicha Declaración Interpretativa impediría que la Norma de Derechos Humanos Internacional se pueda interpretar a otros tratados Internacionales, como la Declaración de N.U. que fue aprobada por Chile el 13 de septiembre de 2007 en la Asamblea General de la ONU.
Finalmente, la ex Presidenta Michelle Bachelet decidió ratificar en forma íntegra y sin ninguna interpretación el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una reivindicación histórica de los pueblos indígenas de Chile, cumpliendo además con uno de los compromisos pendientes de los gobiernos de la Concertación. La ex Presidenta ratificó el Convenio Nº 169 con fecha 15 de septiembre 2008, entrando en vigencia el 15 de septiembre de 2009, doce meses después de la fecha del registro de su ratificación.
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