Sobre el tribunal que enjuicia por ley antiterrorista a 17 comuneros mapuche ligados a recuperaciones de tierras en la zona del lago Lleu Lleu, se fijan no sólo los ojos de mapuche y partidarios chilenos de su causa, sino también los de la solidaridad global
Por Lucía Sepúlveda
Fuente: periodismosanador.blogspot.com
Jorge Díaz se llama el juez que preside el tribunal oral de tres miembros que enjuicia en Cañete (a unos 637 km al sur de Santiago), a estos luchadores sociales. Andrés Cruz encabeza allí a los fiscales del ministerio público. El magistrado Carlos Muñoz redactará la sentencia y la jueza Paola Schisiano integra también el tribunal que está llevando adelante el juicio oral más largo de nuestra historia. Se cree concluye en estos días el proceso iniciado el 8 de noviembre de 2010. Es posible que la sentencia salga en febrero, mes que en Chile parece sinónimo de inactividad política y social. Pero la decisión de los jueces no sólo tendrá repercusión local y nacional.
Mireille Fanon-Mendès-France, miembro de la Fundación Frantz Fanon, de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, y observadora internacional designada por el Colectivo de Apoyo al Pueblo Mapuche en Francia (www.collectif.mapuche.over-blog.com)
y por France Libertés-Fundación Danièle Mitterrand (www.france-libertes.org)
asistió a la primera fase de este juicio.
En un informe publicado en Rebelión sostuvo que el juez ha incurrido en “abuso de poder judicial discrecional... con muestras de flagrante parcialidad interrumpiendo los interrogatorios, deslegitimando las preguntas de la defensa, dificultando el derecho a la defensa y el trabajo de los abogados.
El juez y los fiscales cometieron intencionadamente el delito de soborno de un testigo ya que obtuvieron declaraciones falsas (testigo 25 y 26) utilizando ofertas (testigo 26). Este acto supone, ni más ni menos, corrupción... y tanto el juez como los fiscales cometieron el delito de prevaricación al faltar, por mala fe, a los deberes de su empleo”. Mireille Fanon es Jurista de Derecho Internacional Público, especialista del conflicto de Medio Oriente, y militante de la causa palestina. También es miembro de la Asociación Memoria-Verdad-Justicia sobre los asesinatos políticos en Francia y contra la Impunidad. La profesional es hija de Frantz Fanon, renombrado luchador y pensador, autor de “Los condenados de la tierra”.
Territorio en disputa
Hace casi una década, el Estado chileno comenzó a utilizar la ley antiterrorista para hacer frente a las reivindicaciones del pueblo mapuche. La enorme inversión de tiempo y recursos que realiza el Estado en este juicio se enmarca en un intento de escarmiento a luchas que se desarrollan en una zona estratégica para el modelo económico vigente, por la inversión de empresas forestales, mineras y turísticas. Esa inversión se ha realizado arrasando el territorio ancestral mapuche y generando grave daño ambiental, expresado en escasez de agua, pérdida de biodiversidad y contaminación de suelos y afectación de la salud de las familias de los comuneros, entre otros problemas, lo que ha gatillado la reacción de las comunidades afectadas y sus organizaciones.
Los 17 comuneros encausados son luchadores sociales del pueblo mapuche que reivindican su territorio ancestral y han permanecido en “prisión preventiva” por un año y ocho meses. Cinco de estos presos fueron procesados por la justicia civil y militar al mismo tiempo por un mismo hecho ocurrido en octubre del año 2009, cuando el fiscal Elgueta y una brutal comitiva policial allanaron la comunidad de Choque en el lago Lleu Lleu.
Héctor Llaitul, enfrenta posibles penas de 103 años por la justicia civil y 25 por la militar. Ramón Llanquileo podría ser condenado a 65 años por el tribunal civil y a 11 años por la militar. Para José Huenuche, Luis Menares y Jonathan Huillical, la fiscalía civil y militar pide 52 y 11 años de condena respectivamente.
Absolución y desinformación
Sin embargo, paralelo a este juicio, el tercer Tribunal Militar de Valdivia absolvió de esos cargos de maltrato de obra a carabineros de servicio y daños a vehículos policiales a los 5 procesados aquí citados. La justicia militar concluyó que la utilización de testigos protegidos y las insuficientes pruebas aportadas en el supuesto “ataque a la comitiva del fiscal Mario Elgueta en Tirúa”, no permiten condenar a estos presos políticos mapuche.
La mayoría de la opinión pública chilena, informada sólo por los medios tradicionales sólo se enteró de la existencia de estos comuneros cuando cumplían 81 días de huelga de hambre junto a otros presos políticos mapuche, rompiendo con la fuerza de su movimiento la censura mediática. Pero lo normal es que estos presos sean invisibles; las cárceles están muy lejos de Santiago. El gobierno de Sebastián Piñera retiró las querellas por ley antiterrorista como parte de los acuerdos refrendados con la presencia del actual arzobispo de Santiago, monseñor Ezzatti, que actuó como mediador. Sin embargo la prensa no se ha mostrado sorprendida porque el juicio se haya llevado adelante sin recalificación de delitos.
El Ministerio Público hizo oídos sordos a ello y los 3 fiscales inquisidores -acompañados por el abogado de una de las forestales querellantes- continuaron empeñados en lograr las lapidarias condenas solicitadas, sin parangón en democracia.
Como se persistió en la aplicación de la ley antiterrorista, los 36 testigos sin rostro no han podido ser contrainterrogados por la defensa, y en cambio los testigos de la defensa (que comenzaron a declarar en la última semana de enero) son acosados por tres fiscales y el juez, e incluso el primero fue fotografiado e intimidado antes de entrar al recinto.
Los observadores
Un conjunto de observadores internacionales asiste a distintas fases del prolongado juicio. Al inicio estuvieron Marcia Esparza (Nueva York) y Genevieve de Beauffort (Bélgica), junto a Ernesto Moreau, Santiago Cavieres y Graciela Alvarez, de la Asociación Interamericana de Juristas; Roberto Garretón por el Instituto de DDHH de Chile, Pilar Macías abogada penalista del Ministerio de Relaciones Exteriores de España, Claudio Venturelli (Ginebra, Comisión Etica Contra la Tortura); Néstor Vega y Mikaël Burbat (Francia).
En la fase de cierre se incorporaron representantes del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS) y la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI). En esta nota relevaremos el informe de Mireille Fanon quien luego de asistir al inicio del juicio y presenciar las declaraciones de los testigos protegidos, hizo un reporte de la situación que circula en estos momentos en Europa y medios progresistas de todo el mundo. Ella no duda en calificar la primera comparecencia de un testigo como una “parodia de justicia y una auténtica mascarada”.
Surrealismo de los testigos
Respecto del testigo sin rostro individualizado como 23, Mireille Fanon afirma que las pruebas que aporta son tan vagas que podrían concernir a cualquier acusado. “El juez, consciente de su imprecisión, acude en su ayuda, sustituido por el fiscal que dicta sus respuestas al testigo interrogándolo de tal manera que solo tiene que aprender la parte de la pregunta que comprende la respuesta esperada por la acusación”, afirma Fanon. Agrega que durante el contra interrogatorio la defensa se interesa por la declaración que debería estar firmada por el testigo. “Sigue un intercambio surrealista en el que el juez acaba por precisar que, por desgracia, ¡la declaración simplemente se ha debido de borrar! El testigo acaba por reconocer que no sabe leer ni escribir.” Denuncia que la parte acusadora deslegitima todas las preguntas de los abogados defensores con el pretexto de que podría permitir la identificación del testigo y pondría en peligro su vida.
Sobre los dichos del testigo 25, relata que el testigo confiesa que no ha reconocido a nadie (tiene un problema de vista y de oído) aunque durante su declaración previa había dicho lo contrario. Confiesa que tiene problemas para aclararse las ideas cuando bebe, y había bebido cuando tuvieron lugar los hechos y concluye el testigo diciendo que nunca leyó ni vio su declaración fechada un año atrás y firmada con una cruz. Sobre el testigo 26, que participó en los mismos actos por los que son juzgados los acusados, la defensa sostiene que su declaración le permitió estar libre, pero el testigo ahora confiesa no conocer a las personas que inculpó anteriormente.
Prevaricación del juez
Los hechos resumidos hacen concluir a la jurista francesa que se configuran tres momentos de “denegación de derecho y del imperio de la ley que incumben a todas las personas que obran por la justicia. Se trata de una obstrucción flagrante al derecho a la defensa organizada por el fiscal. Al actuar así el juez no respetó el derecho a la defensa y, por consiguiente, a un juicio justo y equitativo”.
Ella considera que la prevaricación del juez se debe a que el objetivo esencial es amordazar a la defensa y definitivamente hacer pasar a los militantes mapuche por terroristas a los que se debe aplicar una ley excepcional, y recuerda que estos métodos de soborno de testigos y de prevaricación se han utilizado en muchos procesos políticos tanto en Estados Unidos (proceso de Mumia Abu Jamal) como por el Estado de Israel.
Concluye Fanon su informe afirmando que “en definitiva, esta lucha contra el terrorismo… tiene el objetivo de obstruir, de limitar, de impedir, incluso de eliminar el ejercicio de derechos fundamentales y más precisamente de criminalizar todo tipo de actividad, incluidas las que tiene por base la motivación política. Con esta lucha contra el llamado terrorismo, el derecho nacional o internacional aparece claramente con la función no de cambiar los regímenes jurídicos o de mejorarlos, sino de utilizarlos, cada vez más, como un instrumento de represión político-ideológica y de puesta en tela de juicio de los derechos políticos y civiles. Es ante esto que se encuentran los mapuche que llevan a cabo una lucha ejemplar para recuperar sus tierras de las que han sido expoliados”.
Impunidad de los fiscales
Por su parte, los familiares de los presos enjuiciados solicitaron en declaración pública dada a conocer el 19 de enero “la renuncia inmediata de los Fiscales del Ministerio Público por la coerción que han ejercido en contra de los testigos, durante el desarrollo del Juicio Oral (como consta en los audios), y la exposición de grabaciones de la vida privada de familiares de los presos políticos mapuche, incluyendo a menores de edad. Asimismo exigieron supervisar la actuación de estos fiscales, y en especial la vinculación del Fiscal Andrés Cruz con un hecho de tortura a un “testigo secreto” menor de edad.
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