Familiares acusan discriminación: Comunidad mapuche presenta recurso de protección contra fiscal por demora en entrega de cuerpo de familiar fallecido

La acción fue interpuesta en contra de la fiscal de Nueva Imperial, Claudia Turra, por vulnerar derechos constitucionales y el Convenio 169 de la OIT ante la excesiva demora en la entrega del cuerpo de Juan Carlos Melillán, quien falleció en un trágico incendio el 16 de enero recién pasado y aún permanece en el Servicio Médico Legal a la espera de un examen de ADN solicitada por la Fiscal.

Por Elías Paillan, Observatorio Ciudadano.

Miembros de la Asociación Indígena Boroa Filulawen de Nueva Imperial, interpusieron ayer ante la Corte de Apelaciones de Temuco un recurso de protección en contra de la fiscal de Nueva Imperial, Claudia Turra, ante la excesiva demora de la entrega del cuerpo de un integrante de la comunidad Francisco Ñancuvil del sector Vega Boroa, fallecido el 16 de enero pasado en un trágico incendio.

Ese día, cerca de las 7:30 de la mañana, Juan Carlos Melillán Melín (39) se encontraba en su casa en la comunidad encendiendo una salamandra y como la madera se encontraba húmeda, utilizó un bidón con combustible para acelerar la combustión, lo que derivó en una violenta explotación que terminó con el incendio de la vivienda y él en su interior.

A pesar de los intentos de rescate de familiares que se encontraban en la casa contigua (Marisol y Jakelin Curaqueo Mariano, Patricia Mariano Antivil, José Curaqueo Mariano y dos menores de edad), todos testigos del hecho, y a la rápida llegada de otros integrantes de la comunidad que intentaron apagar el incendio, fue imposible rescatar con vida a Carlos Melillan.

Excesiva demora en la entrega del cuerpo

Desde aquel trágico suceso, han transcurrido 10 días y aún no se entrega desde el Servicio Médico Legal el cuerpo a la familia, pese a que no hay ningún indicio de que se haya cometido delito alguno o dudas razonables sobre la identidad del fallecido. Sin embargo, la fiscal de Nueva Imperial Claudia Turra solicitó, vía Oficio N° 49/2011dirigido a Juan de la Fuente Amaya, Jefe de LACRIM de la Policía de Investigaciones, realizar un informe pericial urgente de ADN.

De acuerdo a lo señalado por Jakelin Curaqueo, hijastra del fallecido, “(la Fiscal) nos está dando plazos que van desde un año, a seis meses, hasta cuatro meses para recién entregar el cuerpo. Por eso apelamos a lo humano, tanto de la fiscal como también de las autoridades pertinentes, para que nos entreguen el cuerpo”, exclama Jakelin, sin entender todavía las razones de esta dilación innecesaria. Detalla además que enfrentan el trauma que les provocó el verlo quemarse vivo, y el que todos los días la gente de la comunidad pregunta por él. El padre del fallecido (85), por ejemplo, sufrió un ataque cardiaco y estuvo hospitalizado por la noticia de que su hijo no llegará pronto a casa para ser velado, y su esposa llora constantemente, comenta Jakelin.

De acuerdo a la joven, cuando se entrevistaron con la Fiscal Turra ésta les señaló que la decisión del examen ADN obedece “a un supuesto protocolo o criterio adoptado verbalmente entre los fiscales de la región”. Ante lo cual recurrieron a diversas autoridades de gobierno regionales, tales como el Seremi de Justicia, el Seremi de Hacienda, el Asesor del Intendente, y Juan Carlos Latorre de la PDI, a efectos de acelerar dicho procedimiento, pero sin éxito.

Jakelin acusa que en este caso en particular existiría además clara discriminación, pues “hace un año, aproximadamente, en el mismo sector de Boroa, ocurrió un accidente similar con otro familiar, don Juan Rodrigo Collipal Collipal, quien incluso quedó en peores condiciones y ella misma (la fiscal Turra) había autorizado la entrega del cuerpo a los dos días de ocurrido el fatídico hecho”. Esta situación, le fue representada a la fiscal, quien arguyó que se trataba de un caso diferente; puesto que “el señor Collipal se encontraba en estado de ebriedad y sus familiares trataron de salvarlo, cuestión que también nos pasó a nosotros, con la salvedad que nuestro hermano no se encontraba en estado de ebriedad”, narran en el recurso.

Razones para presentar el recurso judicial

En el recurso de protección presentado ayer, se argumenta también elementos culturales que estarían siendo trasgredidos por la diligencia decretada por la fiscal, al no poder la comunidad realizar la ceremonia fúnebre denominada Eluwün (entierro) y el amülpeyün (hacer viajar), impide que el am(espíritu) viaje al ka mapu (otra tierra); “de tal forma que circunda la comunidad y que puede alterar el equilibrio de todo el lof (comunidad), pues es solo cuando se realizan todas las ceremonias funerarias protocolares, cuando la comunidad asume que la persona ha fallecido, es decir, será persona ya muerta...”, narra el escrito. De modo tal que la negativa y el actuar de la Fiscalía vulnera e impide el derecho de ejercer las manifestaciones religiosas propias y no respeta la cosmovisión y cultura mapuche, las que se encuentran especialmente protegidas en el ordenamiento jurídico, se añade.

Se manifiesta a su vez que, “los hechos descritos constituyen actos tanto ilegales como arbitrarios que privan, perturban y amenazan el derecho de integridad psíquica, dignidad, libertad de culto, en contra de la persona de cada uno de los recurrentes, de nuestra comunidad indígena y sus miembros, todos derechos que se encuentran garantizados en la Constitución Política de la República en su artículo 19 (…), del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (…) y de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas…”.

En conversación con la Abogada Carolina Pinilla, patrocinante de la acción judical, señala que además existe vulneración al artículo 201 del código procesal penal, donde el requisito para la entrega del cuerpo es que se hayan tomado las muestras y de acuerdo a las gestiones que ha hecho la familia, tanto por parte de la PDI como por el Servicio Médico Legal, se informa que las muestras ya están realizadas, por tanto se cumpliría con los requisitos para que el cuerpo se le entregue el cuerpo”.

La fiscal Claudia Turra señaló que solicitó a la PDI la máxima celeridad en los exámenes de ADN al cadáver de Juan Carlos Melillán, cuyos resultados podría estar disponible dentro de un mes, según informó a un diario regional.