La tónica de siempre ante una sentida demanda de Comunidades que han tenido que vivir el reduccionamiento, el empobrecimiento a causa de la usurpación cometida por el estado chileno y que hoy, por reclamar tierras, por ocupar y recuperar tierras que señalan como ancestrales se continúa como respuesta, acciones de exterminio, de violencia y de criminalización.
¿Cuánto dinero es destinado a mantener contingentes policiales en zonas rurales para proteger los intereses de algunos latifundios? ¿Cuántos recursos han sido destinados desde el aparataje estatal para la criminalización de cientos de comuneros mapuche? ¿Y con todo ese despilfarro de dinero porque no se destina para buscar salidas y soluciones políticas eficientes que consideren formas de reparación?
Imagen: Militarización territorio de Chequenco / Foto: Felipe Duran
El autoritarismo tiene siempre como principio rector, la falta de capacidad de atender situaciones graves de injusticia expresadas en protestas sociales porque hacerlo, cree que será un signo de debilidad de su poder y lucro ante sus “súbditos”.
En el devenir ha existido una política de exterminio a la vida rural, a las comunidades. No tan solo se usurpó el territorio y se provocó el reduccionamiento y consecutivamente el empobrecimiento y el éxodo de la mayoría de la población de sus territorios hacia zonas urbanas, sino además hoy, como si fuera poco, en las pocas tierras se ha llenado de basurales, plantas de tratamiento de aguas servidas y la imposición y emplazamiento de nefastas industrias como las forestales, hidroeléctricas, etc. causando graves impactos sociales, económicos, ambientales culturales a las reducciones.
Varias comunidades han venido reclamando la restitución de tierras que han sido usurpadas, como formas de reparación ante el daño ocasionado, algunas, cansadas de la injusticia y de la omisión de ciertas autoridades han hecho ocupaciones directas de tierras reclamadas en poder de colonos latifundistas o empresas forestales.
La respuesta de la dirigencia política de represión y criminalización ha sido de la misma forma por parte del sistema binominal. La concertación y la Alianza no han sido capaces de buscar y encontrar una solución política y de hacer uso de los mecanismos y procedimientos que las normas internacionales de derechos humanos le facilitan para la resolución de conflictos.
¿Cuánto dinero es destinado a mantener contingentes policiales en zonas rurales para proteger los intereses de algunos latifundios? ¿Cuántos recursos han sido destinados desde el aparataje estatal para la criminalización de cientos de comuneros mapuche? ¿Y con todo ese despilfarro de dinero porque no se destina para buscar salidas y soluciones políticas eficientes que consideren formas de reparación?
Violencia entre seres humanos. Lacrimógenas en casa de mujeres, ancianos, niños. Rabia e indignación desde algunos comuneros. Detenciones, judicialización, balines al cuerpo, mayor contingente policial, niños y niñas heridos ¿esa es la solución?
Es preocupante ver el comportamiento de ciertas autoridades con ninguna capacidad de manejo y actitud para desarrollar la paz social y enfrentar debidamente estos problemas con un poco de cordura y razón. Por el contrario, siguen limitándose a ofrecer violencia y tribunales.
Es preocupante la violencia que ocurre en varios territorios. Es urgente ponerles fin con justicia, con una salida política. / a.s
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