La Asamblea del Pueblo Guaraní de Itika Guasu (APG-IG) a través de un pronunciamiento público exige al gobernador de Tarija Lino Condori y al alcalde de Entre Ríos Teodoro Suruguay dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional que exhorta a respetar el derecho a la consulta y el territorio del pueblo indígena guaraní...
FUENTE: AINI
Entre Ríos, Bolivia - A decir de los dirigentes de Itika Guasu, el gobernador Condori se hubiera manifestado con criterios totalmente opuestos a la sentencia en una reunión que la autoridad solicito con el pueblo guaraní, por lo que la organización indígena exige se “acate esta sentencia y cumpla con la misma sin dilación alguna, dando las instrucciones pertinentes a sus funcionarios, representantes y obviamente a SEDECA, en forma fehaciente, a efectos de que no queden dudas de la obligación de acatar la Sentencia en forma íntegra y sin cortapisa alguna”
Asimismo el pronunciamiento se dirige al burgomaestre Teodoro Surugay donde le recuerdan que cualquier actividad que se desee realizar en la Tierra Comunitaria de Origen deber ser consultada previamente con la Asamblea de Itika Guasu.
“Esto tiene especial relevancia, dado que es la autoridad jurisdiccional que más afecta a nuestro pueblo y que en cambio, nunca ha tenido en cuenta el derecho de consulta y actúa con un desconocimiento flagrante de nuestros usos y costumbres”. dice parte del comunicado.
La sentencia del Tribunal Constitucional 2003/2010-R caso Sedeca vs APGIG, va creando jurisprudencia para la defensa del derecho a la consulta y en caso de que autoridades y jueces no cumplan con la sentencia puedes ser sujetos de un juicio penal como viene sucediendo con el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Alcides Villagomes.
“Esperamos que los operadores jurídicos, tales como abogados, fiscales y jueces, en nuestra jurisdicción tomen debida nota de la resolución del más Alto Tribunal del Estado Plurinacional de Bolivia y actúen en consecuencia, acatándola y modificando su postura refractaria a la aplicación del derecho indígena según nuestros usos y costumbres, de los principios derivados de las sentencias de la Corte Interamericana y del derecho internacional de derechos humanos”.
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