Florinda Carrillanca asiste en Santiago a los alegatos del recurso de nulidad en contra del juicio de Cañete que sentenció al líder de la CAM a 25 años de cárcel. No cree en los testigos protegidos y afirma que la huelga de hambre es la única manera de que el gobierno y la justicia escuchen a los dirigentes condenados.
Por Claudio Leiva
Fuente: Azkintuwe
Florinda Carrillanca (73) es la madre de Héctor Llaitul (41), el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) que está condenado a 15 años de cárcel por el homicidio frustrado del fiscal Mario Elgueta, junto con otros 10 por un robo con intimidación. Son 25 años que Llaitul Carrillanca pasaría tras las rejas si la Corte Suprema rechaza el recurso de nulidad contra el juicio que se realizó en Cañete. Sólo después de cumplida la mitad de la pena, el comunero podría recibir beneficios penitenciarios.
Consultada sobre la posibilidad de que su hijo pase varios años en prisión, Florinda Carrillanca respondió que “tengo esperanzas de que salga de la cárcel; la huelga de hambre es la única manera de que la justicia y el gobierno los escuchen”. La mujer se refirió de esta manera al ayuno que Llaitul y los otros tres condenados -Ramón Llanquileo Pilquiman, José Huenuche Reiman y Jonathan Huillical Méndez- iniciaron el 15 de marzo pasado en rechazo al juicio de Cañete.
Acerca de lo abultada de la pena, Florinda Carrillanca dijo que “mi hijo no es ningún criminal, no ha hecho asesinatos, no ha asaltado bancos, no ha salido con los cajeros automáticos a la rastra como lo hacen los verdaderos delincuentes”. En cuanto a las acciones violentistas de las que se acusa a Llaitul, la mujer contestó que “no hay imágenes de eso, sólo palabras. Si hubiese imágenes, ahí diría, puchas mi hijo se equivocó porque así no se cobran los derechos, pero yo no veo imágenes, no veo evidencias concretas”.
Sobre las versiones que han entregado los testigos protegidos en contra de líder de la CAM, dijo que “ellos atestiguan a su manera, pero yo no estoy convencida. En estos juicios hay testigos que mienten, nadie puede verificar lo que ellos dicen”.
Florinda Carrillanca, nacida en la provincia de Osorno, también contó que Héctor Llaitul es el tercero de sus cuatro hijos “y es el único luchador de la familia por los derechos de los mapuches, mis otros hijos tienen sus trabajos y no se meten”. “Nosotros somos los dueños de las tierras, no queremos seguir siendo pisoteados, los latifundistas se están haciendo millonarios con las tierras de los indígenas. Por esa razón yo estoy aquí, después de viajar casi 1.000 kilómetros”, agregó la mujer.
Consultada si no teme que ayuno afecte a su hijo, respondió que “ellos se están jugando la vida por defender sus derechos. Están sintiendo calambres, se quedan dormidos por decaimiento, no por sueño, y bajan de peso más rápido porque no se recuperaron de la huelga de hambre del año pasado”.
Según los últimos informes, los cuatro comuneros han bajado entre 14 y 20 kilos en los 61 días que cumplen este sábado sin ingerir alimentos. También se niegan a tomar líquidos. El año pasado, los cuatro participaron en la huelga de hambre de 82 días, cuando Llaitul perdió 24 kilos. El recurso de nulidad del juicio de Cañete es revisado en la Segunda Sala de la Corte Suprema. La defensa alega vulneración de garantías constitucionales contra el debido proceso, por el uso de testigos protegidos. La fiscalía afirma que la condena no se basó sólo en testigos anónimos, sino que también en testimonios abiertos y pruebas científicas.
“Queremos respeto, nosotros tenemos derechos como cualquier habitante de este país; el gobierno dijo que en este país nadie sobra. Entonces, ¿sobran los pueblos originarios?”, concluyó Florinda Carrillanca, mientras su hijo y otros tres dirigentes cumplen hoy 61 días en huelga de hambre. La vocera de los comuneros, Natividad Llanquileo, comentó en El Diario de Cooperativa que los dirigentes ya han sido trasladados a centros asistenciales producto del ayuno. "Es una época complicada, difícil. Dos de ellos han sido trasladados al hospital", de los cuales uno presentó "problemas cardíacos", sin embargo, ambos ya se encuentran en el penal.
Llanquileo enfatizó que se trata de "una pena excesiva" ya que "de la forma en que se hacen ver los hechos, están bastante descontextualizados". Por ello aseguró que "se espera que esto se pueda resolver lo más pronto posible" en la Corte Suprema para definir el futuro de la huelga de hambre. La vocera destacó también que "no estamos solos, los diferentes organismos de derechos humanos han dicho que es un juicio injusto, que son penas excesivas".
La directora del Instituto de Derechos Humanos de Chile, Lorena Fries, compartió las declaraciones de Llanquileo, señalando que hay suficientes razones para que sea anulado el juicio. "Me parece que hay méritos suficientes para, por lo menos, impugnar esa condena y ese juicio, que se hizo bajo la ventaja procesal de la ley antiterrorista", acotó la especialista. Consideró además que la modificación hecha por el Gobierno a la citada legislación no se aviene con las exigencias internacionales requeridas para ese tipo de norma, de manera que se garantice un debido proceso. Advirtió también sobre el empeoramiento de la salud de los sentenciados.
Voz de parlamentarios
El presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, el diputado DC Sergio Ojeda, se refirió al caso de los comuneros mapuches acusados de infringir la ley antiterrorista en el sur del país, denunciando la existencia de “situaciones anómalas e irregulares”. “Se han utilizado elementos extraños que alteran el objetivo del juicio mismo. Se trata de terroristas a personas que históricamente han luchando por una causa. Ellos no son criminales, ellos no han tenido la intención de matar a nadie, no ha habido muertos y se les aplica una Ley Antiterrorista muy rigurosa”, planteó el legislador.
Respecto de los comuneros en huelga dijo que los abogados y familiares aclamaron porque se haga justicia, acusando irregularidades en el proceso. Por lo anterior, Ojeda informó que la comisión acordó trasladarse hasta la ciudad de Concepción para conocer el estado de las causas y recoger más antecedentes en terreno. El parlamentario criticó además que se esté utilizando “testigos sin rostro”, que nadie conoce y cuyas declaraciones no pueden ser confrontadas. Señaló que esperan que no se criminalice la causa mapuche y estimó que el recurso de nulidad presentado ante la Corte Suprema puede hacer realmente justicia para ellos.
Por otra parte, el diputado lamentó la ausencia de Patricio Queipul, invitado a exponer ante la Comisión, quien se encuentra con arresto domiciliario, señalando que “sin duda que necesitamos saber su testimonio y conocer la verdad de lo que realmente ocurre con este joven. Se le rechazó la autorización a concurrir a la Cámara por “peligro de fuga”, lo que constituye un contrasentido. Cuando se le imputaron los delitos tenía 15 años, un niño aún“.
Sobre este hecho, agregó que “el Gobierno prometió excluir a los menores de edad en la aplicación de la ley antiterrorista con los acuerdos que terminaron con la huelga de hambre de los comuneros mapuches el año 2010 y hasta el momento y tomando como ejemplo la detención de este niño, ello no ha ocurrido”. Ojeda precisó que “los organismos internacionales prohíben a los Estados someter a los niños a la ley antiterrorista. Lo que ocurre en Chile es una transgresión a estas resoluciones internacionales y una violación a los Derechos del niño. Por ello, insistiremos para que este joven concurra ante nuestra Comisión para conocer los hechos reales de estas imputaciones”.
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