Si los cargos son los mismos, las pruebas presentadas son parte de una investigación coordinada y conocida por las fiscalías, si los acusados son los mismos, ¿cómo es posible que se llegue a conclusiones tan opuestas, sin admitir que existe una duda razonable que obliga a dar nulidad a este proceso judicial?
Fuente: Liberar
Mientras la justicia Militar absuelve a Héctor Llaitul, José Huenuche, Jonathan Huillical y Ramón Llanquileo, mapuche acusados entre otros cargos, de haber atacado la comitiva del fiscal Mario Elgueta en la región de La Araucanía, la justicia civil les condena a más de veinte años de presidio, por los mismos a cargos.
Esta situación se plantea, luego que se confirmara definitivamente la sentencia de la fiscalía Militar de Valdivia, mientras en Santiago, la Corte Suprema evalúa si anula el juicio civil que condenó al grupo de comuneros.
Un nuevo elemento que se suma a las irregularidades que revistieron la investigación y el desarrollo de un juicio de más de tres meses de duración, que viene a reforzar la petición de nulidad solicitada por los defensores del grupo mapuche.
Si los cargos son los mismos, las pruebas presentadas son parte de una investigación coordinada y conocida por las fiscalías, si los acusados son los mismos, ¿cómo es posible que se llegue a conclusiones tan opuestas, sin admitir que existe una duda razonable que obliga a dar nulidad a este proceso judicial?
Mientras los cuatro comuneros arriesgan la vida en una huelga de hambre de más de 70 días, rebelándose por medio de esta medida extrema al trato injusto y discriminatorio de que son objeto luego de más de dieciocho meses de prisión preventiva, donde la justicia dilata una decisión definitiva para este caso, y el gobierno le endosa la responsabilidad de decidir acerca de la confirmación o nulidad de un juicio viciado, eludiendo su responsabilidad política.
Si bien, la decisión de anular el juicio en contra de los 4 mapuche, corresponde a la Corte Suprema de Justicia, la persecución en su contra se enmarca dentro de una estrategia de contención de las demandas del Pueblo Mapuche, lo que es un problema político. No se trata de un juicio en contra de delincuentes comunes, sino de presos políticos que se rebelan contra el Estado Chileno en demanda de sus derechos sociales, civiles, políticos, culturales y territoriales.
Un Estado que “en aras de un progreso mal entendido”, defiende los intereses económicos de grupos nacionales e internacionales, interesados en continuar la explotación indiscriminada de los recursos naturales de la zona, a costa de la depredación de la naturaleza y de la contaminación medioambiental siendo su mayor escollo, el intransable arraigo a la tierra del Pueblo Mapuche.
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