La cordillera en la Región de la Araucanía se está convirtiendo en un centro experimental para la implementación de nuevas estrategias invasivas de proyectos de energía. Se trata de minis centrales y centrales de pasada que a diferencia de las megarepresas, evaden el ingreso por estudio de impacto ambiental y se multiplican sigilosamente en los orígenes de diversas fuentes de agua en zonas cordillerana afectando sus cursos, las economías locales y el control de los derechos de agua.
Recientemente se anunció un nuevo proyecto con estas características, se trata de la "Central Hidroeléctrica de pasada “El Rincón" que intervendría las aguas del truful, sin embargo no fue admitida a calificación por no cumplir requisitos formales, omitiendo la existencia de comunidades afectadas. Esto, mientras otros proyectos hidroeléctricos y de geotermia siguen avanzando
Imagen: salto de agua truful truful en Melipeuco
Lo bullicioso de un mega proyecto hidroeléctrico de represa, la férrea oposición a este tipo de industria que existe en poblaciones de diversos territorios y la “burocratización” por estudio de impacto ambiental que involucra procesos de participación ciudadana con oposición y más aún, el cumplimiento de normas internacionales de derecho indígena, ha hecho que sectores empresariales y funcionarios de estado implementen una nueva estrategia para imponer la intervención de las aguas.
En la Región de la Araucanía se está dando rienda suelta a proyectos hidroeléctricos denominados como “mini centrales” o “centrales de pasada” y en este último tiempo han ingresado más de 10 proyectos con estas características, algunas de ellos son:
- Central de pasada “El rincón” – Truful – comuna de Melipeuco de la empresa Ingeniería y Construcción Madrid Limitada quien ya había intentado uno anterior denominado cóndor en la comuna de Vilcún y que no fue calificado. El reciente proyecto fue ingresado en julio de este año y este 21 de agosto no fue admitido a tramitación por no cumplir una serie de requisitos formales, entre ellos, el de omitir la existencia de comunidades mapuche en sus inmediaciones. Ver resolución / http://seia.sea.gob.cl/documentos/documento.php?idDocumento=7257013
- El Proyecto Central Hidroeléctrica Pangui, en la comuna de Curarrehue, cuyo titular es la transnacional el Torrente Eléctrica S.A, de 9 MW y en proceso de calificación.
- Mini Central Hidroeléctrica El Canelo, comuna de Melipeuco, cuyo titular es José Pedro Fuentes De la Sotta fue aprobado durante el 2011.
- La central Allipén con una central hidroeléctrica de pasada de 2,67 MW de potencia, sector Los Laureles, comuna de Cunco, que fue aprobado durante el 2011.
- Proyecto Central Hidroeléctrica Río Picoiquén que consiste en la construcción y operación de una central hidroeléctrica de pasada en dicho río con 19,2 MW de potencia instalada. El proyecto fue aprobado.
- Central Hidroeléctrica Río Tracura del empresario y latifundista Mario García Sabugal. Este proyecto no fue admitido a tramitación.
- "Minicentral Hidroeléctrica El Manzano" , comuna de Melipeuco, cuyo titular es José Pedro Fuentes De la Sotta fue aprobado durante el 2007.
- Central Hidroeléctrica Trueno e 4,15 MW en Vilcún que entró en marcha en el 2010.
Estos proyectos han ingresado por simple declaración de impacto ambiental sin mayores requisitos y están destinados a alimentar al Sistema interconectado central (SIC) que se extiende entre Taltal y Chiloé, que sin embargo, abastece mayoritariamente en sus conexiones a las industrias. Según datos del INE, al año 2007 la distribución de la energía se distribuía de la siguiente forma: 15 % residencial - 62 % industrial (de esta, el 33 % correspondía a la minería y luego la celulosa – papelería) – 11 % comercial – 2 % agricultura – 10 % otras.
Cabe mencionar que el consumo eléctrico en la región de la Araucanía está centrado en un 20 % residencial y más de un 40 % en celulosa papelera y se estima que a nivel País el consumo ha aumentado en un 90 % aproximado en la última década mayoritariamente vinculado a la expansión de la industria minera en el norte de Chile.
La principal justificación de estos proyectos son las fuentes de trabajo durante su periodo de construcción, sin embargo una vez concluida no requieren mayores operaciones, y mientras, alteran zonas paisajistas e iniciativas turísticas, captan fuentes de agua de origen y alteran cursos, lo que es grave, porque es una región que en temporada estival se encuentra con grave sequía a causa del debacle de la industria forestal en los valles afectando seriamente a la agricultura. Asimismo, se apropian derechos de agua en zonas cordilleranas que son bienes de interés común y colectivo y no se respeta el derecho de las poblaciones locales a decidir sobre qué modelo de desarrollo es el que se quiere.
Ninguno de estos proyectos mejora la calidad de vida de las poblaciones locales, tampoco permite abaratar costos de consumo de electricidad residencial en los sectores de emplazamiento y en varios casos, se intervienen caudales de enorme importancia para el turismo, para fines culturales, para la espiritualidad ancestral y patrimonial.
Por otro lado, es importante señalar que la industria minera y de celulosa, extractivas y explotadoras, son las que más lucro mantienen en el País, sin embargo han mantenido prácticas depredadoras en contra de poblaciones y espacios territoriales de vida, afectando principalmente al agua y más aún, no han sido capaz de establecer sus propios mecanismos de autosuficiencia energética, por el contrario, se siguen intensificando políticas estatales corruptas que continúan sacrificando diversos territorios para abastecerles .
Queda al descubierto la posición de diversos funcionarios de estado que actúan para fines empresariales por sobre los derechos, intereses y necesidades reales de la población. Hoy, bajo la careta de actividades “sustentables”, se está dando luz verde a una serie de iniciativas de extracción energética, siendo preocupante lo que ocurre en la zona cordillerana de la Araucanía, donde además de estas mini centrales o centrales de pasada, también se han concedido enormes extensiones para la exploración de la geotermia.
Estas políticas que intentan imponerse no están cumpliendo con la obligación estatal de consulta y participación y tampoco se está atendiendo el Derecho a decidir las prioridades para el desarrollo. Es importante señalar que El artículo 7 del Convenio núm. 169 establece que los pueblos indígenas tienen el derecho de “decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar su propio desarrollo económico, social y cultural”. Más completo es aún la declaración ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y en un plano más transversal, es sindicado por la declaración sobre el derecho al desarrollo adoptado por la Asamblea ONU; como también por los pactos internacionales en derechos humanos que se refieren a la libre determinación.
Alfredo Seguel
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