La doctora en derecho penal Myrna Villegas, la directora del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Fries, y el abogado Adolfo Montiel, defensor de comuneros mapuches, criticaron algunos aspectos de la reforma a la Ley Antiterrorista presentada por el Gobierno al Congreso Nacional.
Fuente:
http://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=39679
Especialistas en derecho penal y en derechos humanos, además de la defensa de los comuneros mapuches en huelga de hambre, manifestaron ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados su punto de vista crítico sobre la propuesta de reformas a la Ley Antiterrorista que presentó el Gobierno.
La doctora en derecho penal Myrna Villegas opinó que el proyecto del Ejecutivo tiene aspectos positivos como la eliminación de la presunción de la finalidad terrorista, pero hizo algunas prevenciones.
“Se dice en el texto vigente que se presume la finalidad terrorista por el hecho de emplearse medios catastróficos y el punto es que hoy día al eliminarse toda referencia a los medios, los métodos a través de los cuales se pueda considerar un acto como terrorista podrían ser cualquiera. O sea, una honda, una piedra, un cuchillo, hoy día cualquier método es terrorista. En ese sentido no hay una adecuación a estándares internacionales de terrorismo y mucho menos a estándares internacionales de derechos humanos. Aquí se han tomado los convenios internacionales pero sólo en sus partes más gravosas, básicamente para introducir medidas que afectan ciertas garantías constitucionales, como el derecho a la intimidad y el derecho a la vida privada”, señaló la jurista.
Hizo hincapié que en este momento lo que se está haciendo no es reformar globalmente la normativa antiterrorista sino sólo una llamada “ley corta”, que oscila en torno a un punto polémico como es el concepto de terrorismo. “Es difícil que se pueda legislar acabadamente sobre un punto como ese porque conceptos de terrorismo hay muchos y tengo la impresión de que no se tienen muy en claro; se toman conceptos de distintos lados pero no se sabe diferenciar, por ejemplo, entre lo que es un concepto de terrorismo internacional y un concepto de terrorismo interno”, indicó.
Myrna Villegas recalcó que “lo que hay que tratar de hacer es definir a través de indicaciones la verdadera naturaleza terrorista, es decir organizaciones criminales y una estrategia criminal determinada a violar sistemáticamente derechos humanos fundamentales con miras a poner en peligro y destruir el orden constitucional. Por ahí se puede avanzar”.
Respecto al delito de incendio, planteó que se debe adecuar la legislación a lo que dice la normativa internacional. “La represión de atentados terroristas cometidos con bombas restringe la aplicación de leyes antiterroristas a la propiedad cuando se trata de instalaciones públicas o gubernamentales, lugares de uso público, redes de transporte e instalaciones de infraestructura”.
Por su parte, la directora del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Fries, sostuvo que en esta “hace falta un mayor esfuerzo para llegar a contar con una ley antiterrorista que sea compatible con un estado democrático y donde las garantías fundamentales estén plenamente vigentes”.
La personera expresó que la real naturaleza del fenómeno terrorista es infundir terror para subvertir el orden constitucional y así debe quedar recogido en la legislación.
“Si ha habido actos que constituyen ilícitos deben sancionarse esos ilícitos, pero hay que deslindar bien cuando estamos ante un acto terrorista o ante un acto de protesta social, que puede incluso implicar también detenidos por ilícitos penales. No son la misma cosa y debe haber una gran separación entre ambas porque si no se llega a que todo acto de disconformidad que lleve aparejado delitos comunes, como tirar una molotov, sea calificado como terrorista y eso no puede ser”, aseveró.
Fries subrayó que la propuesta legal en trámite “no cumple con las expectativas del Instituto Nacional de Derechos Humanos”.
Finalmente, el abogado defensor de algunos comuneros mapuches procesados, Adolfo Montiel, valoró los cambios introducidos al proyecto en la Comisión de Constitución porque excluyen los delitos contra la propiedad de la normativa antiterrorista.
“Eso me parece positivo porque la mayoría de los delitos por los cuales están acusados los comuneros mapuches son delitos contra la propiedad privada, fundamentalmente incendios en bienes privados, deshabitados, de manera que si la Sala aprueba este proyecto y se va a un tercer trámite constitucional, será una señal positiva de parte de la Cámara de Diputados de que puede haber una solución para la huelga de hambre”, expresó el abogado.
Al exponer en la Comisión, Montiel afirmó que se debe modificar la Ley Antiterrorista “porque basta que el Ministerio Público invoque esta ley para formalizar a algunas personas y esto signifique inmediatamente restricciones procesales: la gente ya no puede salir en libertad, se admiten los testigos protegidos, personas sin individualización, y se restringen en general todas las garantías procesales que tiene cualquier chileno en cualquier proceso”.
“Yo planteé que esta ley tiene que aplicarse en un sentido muy restrictivo y realmente a delitos que son terroristas, contra la vida, la salud, la libertad y la integridad física, no delitos contra la propiedad, que es lo que los tratados internacionales en general recomiendan a Chile. En eso fuimos bastante celosos y al parecer este fue el criterio que se impuso”, dijo el jurista.
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