Héctor Llaitul: “El gobierno le debe quitar el peso político y jurídico al Ministerio Público”

Si existe voluntad del Ejecutivo de hacer eso, afirma el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, se puede destrabar el conflicto y lograr un acuerdo para terminar con la huelga de hambre de los comuneros mapuche. Desde la cárcel El Manzano, Llaitul hizo llegar sus impresiones sobre el desarrollo de las conversaciones con el gobierno.

Por Tribuna del Biobio

Domingo 26 de Septiembre

El esperado acuerdo que permita terminar con la huelga de hambre que llevan adelante 35 comuneros mapuche, hace 77 días, tiene un obstáculo central: la actuación del Ministerio Público. Es lo que afirma Héctor Llaitul, quien va más allá al sostener que “los que detonaron este problema son ciertos fiscales antimapuche”, y que es el gobierno el que, con voluntad política, puede resolver el asunto.

Llaitul hace su análisis desde la cárcel El Manzano de Concepción, donde permanece recluido, y no duda en sostener que en la negociación con el gobierno lo que les da garantía es la participación de la Iglesia, a través del Arzobispo, Ricardo Ezzati.

“Se puede arribar a un acuerdo porque existe una voluntad (del Obispo Ezzati) que a nosotros nos ha descolocado, de buscar la vía de solución, pensamos que en gran medida tiene que ver con el actuar de Ezzati y de su voluntad, más allá de la Iglesia que lo acompaña, pero sentimos que existen garantías con él”.

Héctor Llaitul mantiene permanente contacto con Natividad Llanquileo y su compañera Pamela Pezoa, quienes han actuado como las voceras y representantes de los cinco mapuche en huelga de hambre en Concepción. Tarea compleja y ardua, pero que asumieron con la responsabilidad que ello significa.

“Para nosotros la vía directa de negociación o de búsqueda de acuerdo es con el gobierno y nuestra representación, es decir, nosotros los huelguistas con nuestros familiares representándonos, es la apuesta que siempre tuvimos, sin menospreciar ni descartar las otras vías que pudieran darse, la presión internacional, la vía legislativa, pero para nosotros era la vía directa”, explica.

Reconoce la reserva con que se ha estado negociando, explicable por la complejidad de la situación y porque así lo pidió el gobierno. “Vemos que hay algunos puntos que son avances y logros para empezar a des procesar y conseguir recalificaciones y reformalizaciones, pero el gran entrabamiento es el actuar y la postura del Ministerio Público en el conflicto y en el tema puntual de la huelga. El ministerio Público se pronunció diciendo que van a dar continuidad a la aplicación de la Ley Antiterrorista independiente de que el Estado retire las querellas. El análisis que tenemos es que el Ministerio Público fue el responsable de la huelga de hambre”.

Es en ese escenario, agrega Llaitul, que decidieron iniciar este movimiento de protesta “porque el 90 por cierto de nosotros está siendo juzgado por esta ley que no permite ninguna garantía y los fiscales abusan de esto, con testigos sin rostro, con periodos prolongados de prisión preventiva, con todo lo que la ley les permite”.

El dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco enfrenta condenas por más de 120 años de prisión, 103 que ha solicitado el Ministerio Público al acusarlo en el caso del presunta emboscada al fiscal Mario Elgueta, ocurrida hace dos años en la comunidad Choque. Otros 25 años provienen de la Justicia Militar. Situación que se repite en el caso de otros comuneros que se exponen a condenas de 80, 70, 65 años. “Eso es pasar el resto de la vida en la cárcel y ante eso, nosotros preferimos morir ahora a morir secándonos en la cárcel, así de simple. Cuando nos preguntan cuál es el tema de la huelga, hablamos del juicio justo, pero el trasfondo concreto es la actuación de los fiscales. Por eso no hemos definido parar la huelga, porque si bien vemos la actuación del gobierno, la del Parlamento que pueden ser una vía que está abriendo caminos, sin embargo vemos que el Ministerio Público está actuando por un carril propio”.

Por eso insiste en que se requiere voluntad política del gobierno, para que intervenga ante el Ministerio Público, como por lo demás, dice Llaitul, se ha hecho antes y cita el caso del joven iraní acusado por infracción a la Ley Antiterrorista por la Fiscalía, donde la intervención del gobierno permitió desechar la causa.

“Entendemos que la posibilidad real de incidir, de intervenir, de hacer gestos públicos que den lugar para que el Ministerio Público empiece a destrabar los procesamientos, existe y es voluntad del Ejecutivo, así que vamos a insistir para que el Ejecutivo le quite piso jurídico y político al Ministerio Público, por la vía de no perseverar y abrir a que como intervinientes en las causas dé lugar a recalificación y reformalización que permitan ser juzgados por el ordenamiento jurídico normal, eso es lo que estamos solicitando y es el entrabamiento para resolver este conflicto hasta ahora”, reconoce Llaitul.

En todo caso, mantiene su dosis de fe y esperanza y afirma que a estas alturas la huelga de hambre ya tiene algunos logros, pero que en cualquier caso es sólo un hito en la causa mapuche.