Huelga Mapuche. La deuda del sistema de las Naciones Unidas en Chile

Sedes de las Naciones Unidas en Chile como OIT, UNICEF, CEPAL, han sido tomadas consecutivamente para exigir un comportamiento más activo con respecto a la protección de los Derechos Humanos del Pueblo Mapuche ¿Es coincidencia esto? A pesar de tener una serie de principios y mandatos, estos organismos han tenido un comportamiento pasivo y muchas veces cómplice de los abusos y atropellos.

Todo esto, mientras diversos órganos internacionales de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han manifestado su preocupación por la situación de Derechos Humanos del Pueblo Mapuche y han conminado a buscar urgentes soluciones. En definitiva, en Chile se vive otra ONU, muy ligada a sectores empresariales ideologizados y una descarada pasividad frente a la situación que viven los Presos Mapuches en Huelga de Hambre..

El 24 de Septiembre un grupo de 40 estudiantes pertenecientes a las La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, Aces, se tomó esta mañana las dependencias de la Unicef, en protesta por tres jóvenes mapuche menores de edad, quienes están recluidos hace varios meses en un centro de reclusión de Chol Chol y en la actualidad se encuentran haciendo huelga de hambre. En la acción, se exigía un pronunciamiento activo de dicho organismo.

El 23 de Septiembre, pasadas las 10.30 de la mañana, un grupo de familiares de los presos políticos mapuche en huelga de hambre, tomó la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ubicada en avenida Dag Hammarskjöld 3177, comuna de Vitacura, esto ocurría, mientras el Presidente de Chile se encontraba exponiendo en New York en el seno de las Naciones Unidas. Parte de las demandas era exigir un rol más activo de dicho organismo con respecto a los canales de diálogo y participación para una solución efectiva a la situación que enfrentan los presos políticos Mapuches en Huelga de Hambre.

Los ocupantes de la OIT señalaban en una declaración “Es menester de organismos internacionales como la \"Organización Internacional del Trabajo\" (OIT) pronunciarse y exigir el cumplimiento de los convenios jurídicos internacionales, como lo es el “Convenio 169” de la OIT, el cual establece “la protección de los derechos de los pueblos originarios mediante su reconocimiento como carácter de pueblos, el respeto a sus formas de vida y de su desarrollo económico, el derecho sobre sus tierras y su territorio”.

Por su parte, desde el jueves pasado un grupo de aproximadamente 17 personas se tomaron el recinto de la CEPAL en apoyo a la huelga de hambre que llevan 35 presos políticos mapuches. Cabe señalar que dentro de esta acción existen 4 menores de edad incluyendo una lactante de 3 meses.

Situaciones graves se han denunciado en estos últimos días por parte de los manifestantes Mapuche en CEPAL, quienes han señalado en varias oportunidades que se les ha amenazado con desalojos con fuerzas represivas y se habría negado el acceso de familiares para la entrega de alimentos y también, la prohibición de entrada a medios de comunicación.

Es importante señalar que La ONU ha elaborado diversos métodos para investigar los abusos de los derechos humanos, así como para ejercer presión para corregir dichos abusos. En efecto, ONU cuenta con un sistema y organismos para establecer investigaciones, monitoreos, realizar visitas en terreno y hacer recomendaciones acerca de cómo fortalecer el respeto de los derechos humanos.

¿Es coincidencia la toma de estos organismos del sistema ONU en Chile?

A pesar de los principios y mandatos, frente a situaciones gravísimas de Derechos Humanos, en Chile, organismos como la OIT y la UNICEF han tenido un comportamiento pasivo y muchas veces cómplice de los abusos y atropellos.

Esa actitud pasiva les ha cobrado la cuenta con estas ocupaciones pacíficas que exigen un rol que prevenga y contribuya a reponer derechos violados. Ya en agosto de este año, Dirigentes mapuche denunciaban una sistemática política de la Oficina de la OIT en Chile de obstaculizar acceso a Misiones de la OIT de Ginebra para tomar contacto con representaciones Mapuches, y recordaban su complicidad para desvirtuar el Convenio 169. “Maniobra de \"declaración interpretativa\" al Convenio 169 se fraguó en oficinas de la OIT chilena y fue rechazada en Ginebra. Ahora se repite la historia”.

Francisco Vera Millaquén, werkén de una Comunidad Williche hacía en la oportunidad un vibrante llamado a jefa de Normas de la OIT a no dejarse engañar y a \"insistir ante las autoridades chilenas en la verdadera aplicación del Convenio 169, con el estándar del Derecho Internacional que éste tiene y exigir al gobierno la eliminación del Decreto 124\".

Insólitamente, en Chile, como en ningún otro lugar, el Convenio 169 de la OIT se ha judicializado y han tenido que ser algunos tribunales de alzada quienes se han pronunciado sobre ciertas aplicabilidades y dar luces sobre formas de implementación. La actitud de ciertos sectores legislativos y del ejecutivo simplemente es impresentable. No ha existido intención en su implementación. A modo de ejemplo, no se ha visto del aparato público intención de definir roles con respecto a desarrollar la consulta, atendiendo la buena fe y la participación indígena efectiva, por el contrario, en varios aspectos se está generando una incertidumbre jurídica.

En ese sentido es preocupante algunas actuaciones, particularmente el comportamiento de algunos Ministros de la Corte Suprema, ideologizados o con visiones arcaicas, conservadoras o bien amparadoras de situaciones injustas y lesivas. Es de esperar que no se repitan ciertos hechos tradicionales en esta instancia judicial, donde se han amparado numerosas violaciones a los derechos humanos.

En el caso del Gobierno hace rato ha traspasado la línea de lo legal. Por una parte, de manera abusiva y arbitraria, detiene la compras de tierras para comunidades indígenas y se disminuye presupuesto público, sin preguntarle a nadie y contraviniendo su obligación de consultar a los Pueblos originarios de acuerdo al mismo convenio 169 y contraviniendo su obligación de restituir y demarcar tierras ancestrales. En el mismo sentido impone un proyecto de reforma constitucional, define planes asistencialistas, propone iniciativas administrativas y tampoco consulta a nadie. Está actuando descaradamente al margen del derecho.

Lo último es que el Gobierno tuvo un plazo hasta el 1 de septiembre de entregar el memorial sobre la aplicabilidad del Convenio 169 en este año y no lo hizo público, no permitiendo que las organizaciones y comunidades puedan conocerlo a tiempo para refutarlo o complementarlo, por el contrario, ocultó sus contenidos y alcances.

Estas actitudes contraviene el derecho y las leyes, contraviene la misma constitución que obliga a transparentar a los órganos del estado sus actuares, al propio Convenio 169 sobre consulta; Contraviene al Convenio 144 que obliga al estado ante la OIT de hacer consultas tripartitas, Y a la propia Ley indígena 19.253. Todo esto a vista y paciencia del Sistema ONU en Chile.

Luego de décadas de violaciones a los derechos humanos de los Pueblos originarios, de no existir un piso mínimo para reconocer y respetar, recién hoy, existe un instrumento básico como el Convenio 169, que ofrece una serie de mecanismos y procedimientos para dar salida pacífica a los conflictos. Justamente, el espíritu esencial del Convenio es el diálogo, sin embargo, no se está atendiendo, particularmente en el caso de los presos políticos mapuches en huelga de hambre. Los presos, están allí por reclamar tierras ancestrales o por defender sus tierras ante la amenaza o imposición de nefastos proyectos industriales, a quienes en su mayoría se les ha aplicado leyes fácticas, como la antiterrorista.

Punto aparte merecen el PNUD y UNICEF, el primero, con la ejecución de proyectos de intervención a Comunidades sin consulta ni consentimiento(1); y el segundo, actuando tibia y pasivamente frente a todos los abusos y maltratos que sufren niños mapuches a causa de la militarización y criminalización de la protesta social, sobre todo, en el marco de la Huelga de hambre que llevan dos niños en la cárcel de menores de Chol Chol ¿Lo sabe la Unicef? ¿Y qué dice al respecto?

Ya en Marzo del año 2009 el constitucionalista español y miembro del Foro permanente para asuntos indígenas, Bartolomé Clavero, vislumbraba y señalaba “El Sistema de Naciones Unidas en Chile tiene suscrito con el Gobierno chileno un Marco de Asistencia para el periodo 2007-2010 marcándose un objetivo bien definido, el de “la reducción de las iniquidades económicas, sociales, demográficas, de género, territoriales y étnicas”, con este último adjetivo que elude de entrada la mención de los pueblos indígenas. Viene seguido por otro Marco de Acuerdo para el periodo 2008-2010 que se presenta como de “Apoyo a la Política Indígena de Chile”, tampoco así de apoyo exactamente a los pueblos indígenas pese a que entre uno y otro marco se sitúa su reconocimiento internacional, en septiembre de 2007, por la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Al menos ya se les menciona desde un primer momento. El Marco 2008-2010 comienza proclamando que se dirige “a apoyar el desarrollo de las políticas orientadas a los Pueblos Indígenas en Chile”. Obsérvese el cuidado con el que se está evitando la referencia a estos pueblos como algo más que meros objetos pasivos de políticas”(2)