Nuevas dudas sobre el respeto al debido proceso se presentaron en un juicio contra nueve comuneros mapuche en Victoria. Sin embargo esta vez el fiscal se habría visto obligado a revelar los nombres de los testigos encubiertos, lo que podría representar una ventaja en una investigación que también registra graves irregularidades.
Por Paula Correa
Fuente: Radio Universidad de Chile
http://radio.uchile.cl/noticias/113724/
El tribunal de Garantía de Victoria obligó al fiscal Miguel Velázquez a revelar el nombre de los 16 testigos protegidos en el juicio contra nueve comuneros mapuche acusados de delitos terroristas por incendio a un camión y el asalto al peaje de Quino en 2009, una decisión que fue ratificada también por la Corte de Apelaciones de Temuco.
En un fallo dividido, el tribunal de alzada estimó que “el desconocimiento de la identidad de los testigos puede afectar el derecho legítimo de defensa de los acusados”, argumentando que impediría a los defensores cuestionar su idoneidad, imparcialidad y credibilidad en un proceso donde se piden desde 61 días a 26 años de cárcel.
Si bien, la Fiscalía consideró que la medida puede poner en riesgo la seguridad física y psíquica de los testigos, decidió no apelar y entregó los nombres a la defensa, lo que fue valorado por los abogados defensores quienes sostienen que aquí nuevamente, podría estar estructurándose un montaje contra los comuneros.
El abogado defensor Jaime Madariaga señaló que esta medida permitirá saber si los testigos tienen intereses personales o patrimoniales para declarar contra sus representados y presentar una acción por “falso testimonio” si se comprueba que están mintiendo.
Además, afirmó que hay elementos en el proceso extraños y hasta ridículos, como que el fiscal afirmara que solicitó la grabación de todos los peajes el día del supuesto atentado, menos del peaje de Quino, versión que no creen los abogados defensores, quienes presionarán para obtener la grabación y demostrar la tesis del montaje.
Además, Madariaga indicó que la defensa logró que les entregaran los audios de las interceptaciones telefónicas, y descubrió una grabación donde aparece él conversando con un tercero sobre el caso de Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío. Esto podría significar que lo están investigando respecto a otros casos, lo que es completamente ilegal.
Por esta causa también está acusado P.Q.M., el sobrino del lonko Víctor Queipul, quien fue detenido de forma violenta el pasado viernes y procesado también por delitos terroristas, pese a ser menor de edad. Esto contraviene los compromisos asumidos por el Gobierno al finalizar la huelga de hambre de los comuneros el año pasado, donde se realizaron una serie de modificaciones a esta legislación, las que impiden que se aplique a menores.
Por esta razón, este fue un tema central en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la que acordó exigir que se anule la aplicación de esta legislación al menor que fue acusado cuando tenía 15 años y 8 meses, fecha en la que, frente a las presiones y otros encuentros con Carabineros, optó huir y vivir en clandestinidad. Hoy tiene 17, por lo que ha pasado casi dos años lejos de su familia y sin la posibilidad de estudiar.
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