Las Geotermias o el mito de la energía sustentable para las comunidades locales

En los últimos años, bajo el argumento de la necesidad por diversificar la matriz energética del país, se ha comenzado a ensalzar desde el oficialismo a la energía geotérmica como una opción viable y eficiente, enmarcándola dentro de las llamadas “Energías Renovables No Convencionales”.

Sin embargo, tras los intereses políticos y económicos que alimentan esta postura, se oculta la dudosa calidad de “sustentable” de las geotermias y la eminente violación a territorios de alto valor ecológico y cultural a la que conllevan, comprometiendo las fuentes de vida de las comunidades locales que denuncian la imposición de este tipo de proyectos orientados a vender electricidad al Sistema Interconectado Central para satisfacer la demanda energética de las industrias extractivas.

Por María José Araya M.



¿Qué es la Energía Geotérmica?

La Energía Geotérmica es aquella que se obtiene a través del aprovechamiento y explotación del calor de la tierra a partir de procesos industriales para generar energía eléctrica. La presencia de geiseres, fumarolas, fuentes termales, piscinas de lodo caliente –entre otros-, son algunos de los fenómenos naturales que denotan la presencia de campos geotérmicos y se asocian generalmente a zonas volcánicas activas.

El proceso de exploración de energía geotérmica, implica la identificación de reservorios que se ubican bajo la superficie desde 500 a 4000 metros de profundidad, donde existen rocas saturadas de fluidos a altas temperaturas que mezclan vapor con distintos gases entre los que se encuentra el H2S (ácido sulfídico) de carácter letal.

Para explotar el reservorio geotérmico ubicado, se inyecta agua fría a la roca caliente a través de perforaciones similares a las utilizadas para la extracción petrolífera. La manipulación del vapor emitido, permite impulsar el funcionamiento de turbinas que a su vez alimentan a generadores eléctricos.

Sin embargo, las rocas al contrario de lo que sucede con los metales, no tienen capacidad conductora del calor, y al inyectárseles agua fría se van enfriando progresivamente pues pierden más calor del que pueden recuperar, lo cual va afectando la corteza terrestre. Ello implica que la explotación de la energía geotérmica a nivel industrial no sea en rigor una fuente de energía renovable.

A su vez, la alteración de las rocas que forman parte de las napas terrestres y el agotamiento del magma, puede conllevar a la generación de estremecimientos de tierra y temblores continuos, actividad sísmica que impactarían negativamente en la superficie. En tanto, la continua inyección de agua a los reservorios geotérmicos afectaría los cursos subterráneos de agua y los cauces de los ríos por cuanto la planta geotérmica se abastecería del recurso hídrico adyacente para su funcionamiento. Cabe señalar que las plantas geotérmicas consumen una gran cantidad de agua para refrigeración del vapor extraído, llegando incluso a desechar más agua que las plantas termoeléctricas.

En tanto, la emanación a la atmosfera del vapor y diferentes fluidos extraídos del interior de la tierra comprometerían también los ciclos de polinización, la presión atmosférica, la temperatura y el equilibrio general del sistema ecológico. Asimismo, se debe advertir acerca de los riesgos de extinción que sufrirían los Geiseres aledaños a las zonas de intervención, pérdida que ya ha ocurrido con los Geiseres de Wairakei en nueva Zelanda y los de Steamboat Springs y Beowawe en Estados Unidos.

Por otra parte, es necesario evidenciar que la instalación de plantas geotérmicas implica la perforación de pozos profundos de producción y reinyección, la construcción de una amplia red de tuberías y separadores además del emplazamiento de líneas de transmisión de energía eléctrica, trazado que requiere abrir caminos, penetrar zonas de vegetación virgen y la edificación de postes de alta tensión que atraviesan campos y comunidades.

Estos son algunos de los impactos ambientales a los cuales puede conllevar este tipo de industrias, que no pueden ser catalogadas de “sustentables” cuando no se han precisado de forma seria las verdaderas perturbaciones al ecosistema que pueden ocasionar sobre todo a la luz de nuevos fenómenos tales como el cambio climático y, mientras no se estudie, informe y evalúen sus reales consecuencias junto a los actores locales que habitan los territorios en las cuales se pretenden emplazar.

La subasta de los territorios

Desde hace algunos años, el Estado de Chile a través del Ministerio de Minería primero y actualmente a partir del Ministerio de Energía, ha venido impulsando y promocionando la explotación geotérmica como una de las alternativas que permitirá la diversificación de la matriz energética del país.

Chile, al estar ubicado en el llamado “cordón de fuego del Pacífico” (que se caracteriza por su intensa actividad sísmica y volcánica) se emplaza en una posición geoestratégica para aquellos intereses que buscan la explotación de este tipo de energía. Los poderes políticos y económicos, que están apoyando el desarrollo geotérmico en Chile, han proyectado su uso a nivel industrial, disfrazando bajo el discurso de “energía amigable” la instalación de este tipo de empresas cuya motivación es satisfacer las necesidades energéticas de las industrias extractivas del país. En ningún caso, se ha planteado el uso de este tipo de energía a escala humana, para el abastecimiento de las poblaciones locales y a bajo costo. Por el contrario, la subasta de los territorios para cimentar la llegada de las empresas geotérmicas se ha dado en base a procesos de licitación que se han impuesto a lo largo del país (desde Arica a La Araucanía) al amparo de una dadivosa Ley de Geotermias, que se basa en el Código Minero y que fue aprobada por el Gobierno de Eduardo Frei en el año 2000.

La Ley sobre Concesiones de Energía Geotérmica Nº 19.657, sostiene en su Articulo 4º que la energía geotérmica “es un bien del Estado, susceptible de ser explorada y explotada, previo otorgamiento de una concesión”, siendo la concesión un derecho real, inmueble, distinto e independiente del dominio del predio superficial.

La legislación concede un margen casi mínimo a quienes deseen levantar oposiciones frente a los procesos de concesión (plazo de 45 días de corridos desde la publicación de la solicitud o el llamado a licitación), habilitando solo a oponerse a los dueños de terrenos superficiales, titulares de derechos de agua y de extensiones territoriales comprometidas por el área licitada.

En tanto, los propietarios de derechos de exploración o explotación geotérmica, gozan de amplios privilegios para llevar a cabo su actividad. En primer lugar, se ven facultados para ejercer la apropiación y expropiación territorial, por cuanto los titulares de predios superficiales y comunidades que se encuentran ubicados en la extensión territorial cubierta por la concesión, quedan supeditados a aceptar la ocupación de sus terrenos en toda la extensión necesaria, además de tener que ceder ante las servidumbres de paso vinculadas a las concesionarias de servicios eléctricos y de tránsito (ferrocarriles, puertos, aeródromos, establecimientos de producción comercial o industrial y centros de consumo –entre otros-). Ello afecta de forma irreversible la soberanía territorial y las formas de vida de las poblaciones locales.

En segundo lugar, la Ley faculta a las empresas que obtienen los derechos de concesión geotérmica al aprovechamiento de las aguas subterráneas encontradas en los trabajos de exploración. Esta entrega “inherente” de las aguas, representa un mecanismo más para la apropiación indebida de los recursos hídricos por parte de la industria privada, dejando en plena desprotección a los habitantes del territorio que quedan expuestos a perder el domino de las aguas ubicadas en el subsuelo y que son la fuente para el abastecimiento de esteros, vertientes y ríos.

No solo resulta alarmante el amplio poder que la legislación le otorga a las empresas concesionarias de energía geotérmica, sino que además la facilidad con la que las autoridades ambientales aceptan este tipo de proyectos que solo requieren de una Declaración de Impacto Ambiental para conseguir el aval ante el Servicios de Evaluación Ambiental –SEA-.

Por otra parte, la forma impositiva en torno a la que se han dado los procesos de licitación que el Estado viene promoviendo, han afectado zonas supuestamente resguardadas por el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas y vulnerado los derechos territoriales reconocidos de pueblos indígenas y comunidades locales.

Las subastas internacionales de los territorios que ha lanzado el Estado el año 2009[1] y 2010[2], han comprometido territorios ancestrales del pueblo Aymara, Likanantay y Mapuche en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y La Araucanía.

Sin información disponible y despojadas del procedimiento de consulta previa, tal como lo establece el Convenio 169, las comunidades afectadas por las licitaciones geotérmicas, han encontrado en esta supuesta fuente de energía “sustentable”, una nueva amenaza que las fuerza a ceder sus territorios, a aniquilar sus formas culturales y a disolver su economía local.

Trazando resistencias

Para derribar el mito en torno a la industria geotérmica como una opción amigable y limpia de generar energía, las comunidades que han visto sitiados sus espacios de vida, vienen desarrollando acciones diversas para responder a esta maquillada estrategia de apropiación territorial.

En el sector de los Geiseres del Tatio en la Región de Antofagasta, desde el año 2006 diversas organizaciones indígenas Likanantay, agrupaciones de turismo y agricultores han denunciado la enorme pérdida patrimonial que representa la explotación geotérmica en la zona.

Sus demandas se intensificaron luego de que en Septiembre del año 2009, el reservorio geotérmico asociado al Tatio –de capitales estatales a través de ENAP-CODELCO e internacionales mediante ENEL Italia- sufriera una fuga de agua hirviendo y de vapor que llegó a formar una columna de más de 60 metros de altura, generando una enorme fumarola y reiterados temblores en el sector.

Ello conllevó a que al mes siguiente, dos mujeres indígenas con la consciencia en alto por la defensa y cuidado de su territorio ancestral, emprendieran una marcha de 1574 kilómetros hacia La Moneda para visibilizar el daño ecológico y cultural vinculado a la manipulación de los geiseres del Tatio.

La denominada “Marcha de las Abuelas” realizada por Sonia Ramos y Amelia Mamani, buscó sensibilizar a las autoridades en torno a esta nueva problemática que plantea la explotación geotérmica para las comunidades locales. Este caminar femenino defensor de la vida, sentó un precedente de relevancia para denunciar el ecocidio vinculado a las geotermias, sin embargo, no logró remover el interés político de quienes apuestan a continuar la subasta irrestricta de los recursos naturales.

En tanto, en la Comuna de Curacautín en la Región de la Araucanía, el año 2004 la empresa neozelandesa GeoGlobal Energy (GGE) Chile, obtuvo los derechos de exploración de la concesión “San Gregorio” en las cercanías al Volcán Tolhuaca. Hacia el año 2010, a partir de los trabajos realizados en el pozo “Tolhuaca-1”, la transnacional identificó el primer campo geotérmico comercial en Chile, logrando solo meses después los derechos de explotación del mismo. A partir de este descubrimiento, la empresa proyectó una central geotérmica de un capacidad de 70MW cuya inversión alcanzaría los $350 millones de dólares cuya energía producida sería despachada directamente al Sistema Interconectado Central –SIC- para su venta.

De este modo, se torna evidente que la instalación de esta fuente de generación eléctrica en la comuna de Curacautín no presupone beneficiar de ningún modo a la población local, cuyo abastecimiento eléctrico deriva de una red deficiente, de debilidad estructural y sujeta a constantes cortes de suministro. Se contribuye así a un desarrollo exógeno a costa de la extracción de los recursos naturales mientras ni un solo kilowatt queda en la zona intervenida.

En tanto, el 22 de Agosto del 2011 GGE-Chile presentó ante el SEA su “Declaración de Impacto Ambiental”, que fue cuestionada por diversos sectores de la sociedad civil dada la falta de precisión de datos técnicos y la ausencia de un análisis adecuado acerca de los alcances que dicho proyecto generaría en el ecosistema.

Al respecto, la asociación ecologista “Vive Curacautín” ha denunciado que solo a raíz de los trabajo de exploración realizados por la empresa, ya se ha constatado una significativa alteración del territorio y su entorno. Ello por cuanto se ha construido un camino de aproximadamente 15 kilómetros que ha atravesado al menos 3 bosques de especies nativas además de una reserva de Araucarias. Asimismo, se han intervenido formaciones volcánicas de alto valor geológico que además han sido explotadas como “cantera” para relleno del mismo camino y de otros adyacentes, así como de las plataformas de trabajo, siendo evidente e irrecuperable el daño causado a este excepcional patrimonio natural.

Dadas las movilizaciones realizadas por los ciudadanos de la Comuna de Curacautín, la empresa se vio obligada a desistir de ingresar su proyecto a través de DIA retirándolo para volver a ingresarlo el mes de Marzo del 2012 como Estudio de Impacto Ambiental.

Frente a esta nueva arremetida, los actores locales involucrados en el cuidado de su entorno han levantado diversas observaciones al SEA que apuntan a evidenciar las deficiencias del estudio presentado y los riesgos a la salud ecológica y natural a la que conllevaría la construcción de la "Central Geotérmica Curacautín”. Especial preocupación genera entre los habitantes locales, la afectación al volcán Tolhuaca, espacio prístino, de glaciares de alta montaña consolidados, que son nacimiento de múltiples cursos de aguas, por lo cual cualquier cambio en las condiciones superficiales así como en las napas de este, invariablemente incidirá en los niveles de los ríos presentes más abajo.

A su vez, la licitación de las áreas “Newen” (15.000 ha.) y “Sollipulli” (44.000 ha.) decretadas el año 2010 en las Comunas de Melipeuco y Curarrehue, comprometen los territorios de 6 comunidades indígenas Mapuches[3] que han visto plenamente violentados sus derechos colectivos asegurados a partir del Convenio 169.

Una vez más, esta licitación se llevó a cabo a espaldas de las comunidades y bajo una serie de irregularidades, tales como que el inicio de este proceso se informó a través de la Radio Bío-Bío que no tiene alcance en la zona, quedando los locatarios sin ninguna posibilidad de enterarse acerca de esta iniciativa entreguista que prevé el Estado chileno sobre sus territorios.

Las zonas licitadas involucran una serie de sitios de alto valor religioso para el pueblo Mapuche, afectando directamente al Volcán Sollipulli, una de las fuerzas espirituales más importantes y potentes del territorio y de cuyos faldeos brotan las aguas que son el origen de importantes vertientes y ríos para ambas comunas.

Otro de los sitios sagrados comprometidos es el nguillatún de la comunidad Andrés Huenupi, espacio ceremonial que permite la continua reactualización de los lazos sociales y de parentesco pero también el vinculo trascendental con la divinidad ngenechen.

Las comunidades afectadas, se encuentran reivindicando sus derechos sobre los territorios colectivos que ancestralmente han habitado y los cuales han sido reconocidos a partir de diversos ordenamientos jurídicos, instalando como premisa que su noción de territorio es mucho más amplia que la concepción occidental por cuanto abarca tanto el espacio terrenal, el subsuelo, el cosmos y todas las fuerzas naturales que en ellos habitan.

Con la finalidad de contrarrestar este nuevo abuso por parte del gobierno chileno, las comunidades han levantado diversas oposiciones formales a los procesos de licitación cuestionando dichas medidas administrativas. Hasta el momento, todas las oposiciones levantadas han sido denegadas, ante lo cuál se ha decidido emprender medidas jurídicas que contribuyan a revertir este descarnado proceso de usurpación.

Así, la industria geotérmica deja de constituir una alternativa energética renovable que puede contribuir a mejorar las condiciones de vida de las comunidades locales, significando un nuevo mecanismo para la apropiación y el despojo de los territorios. Frente a este panorama, los habitantes locales se predisponen a consolidar el resguardo de sus espacios de vida asediados por esta nueva falacia institucional.