Rechazo a Nueva Ley de Servicios Sanitarios Rurales que busca privatizar el Agua Potable Rural

A través de una declaración pública, la Federación Nacional de Agua Potable Rural (FENAPRU), denunció que el Proyecto de Ley que regula los Servicios Sanitarios Rurales no considera un conjunto de observaciones realizadas por las organizaciones de Agua Potable Rural, y que el documento actual es un texto distinto a la proposición inicial que se había consensuado después de años de mesas de trabajo y reuniones con el Ministerio de Obras Públicas, tanto en los gobiernos anteriores como el actual.

El Ciudadano



“El texto anterior guardaba mayor identidad con la realidad rural, en circunstancias que el documento que nos presentó la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del MOP no contribuye a resguardar el territorio operacional de los comités y cooperativas de agua potable rural de chile, y está más orientado a una institucionalidad empresarial, lo cual es contrario al espíritu que anima a los APR de Chile y a esta Federación”, indicó Juana Beltrán, Presidenta de FENAPRU.
Una de las principales preocupaciones de FENAPRU y las organizaciones de APR, reside en el hecho que esta ley deja “la puerta abierta” para que inversionistas privados se incorporen a los listados oficiales de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento Rural. Además aplica gran parte de la normativa SISS a los APR, en circusntancias que las normas de esta superintendencia están creadas y aplican principalmente a la realidad del sector sanitario privado y urbano.
REUNION CON MINISTRO GOLBORNE
“Sólo las organizaciones comunitarias de agua potable rural en conjunto con el Estado de Chile, pueden garantizar la entrega de un servicio de calidad y a bajo costo para los ciudadanos del mundo rural. Un mecanismo público comunitario que ha sido exitoso durante los últimos 40 años”, reclama Manuel Mundaca, vicepresidente de dicha federación.
En este contexto y luego de varias reuniones, los dirigentes decidieron en una asamblea realizada esta semana retomar como texto base el documento aprobado en 2009 en el parlamento, e insistir en las observaciones que han realizado. Pero desde ahora en dialogo directo con el ministro de OOPP, Laurence Golborne, ya que quieren darle a conocer directamente sus reparos a la indicación sustitutiva que la cartera de Obras Públicas estaría promoviendo, razón por la cual los dirigentes solicitarán audiencia al titular de la cartera en los próximos días.
“En relación al trabajo desarrollado con el actual gobierno, se recogerán las propuestas que beneficien al sector del Agua Potable Rural, considerando su rol social y su relación intrínseca con el Estado, para garantizar su aporte a la salud pública, acceso al agua a un precio justo, sin equiparar a los APR al modelo de concesión sanitaria privado que domina el mercado del agua en las zonas urbanas, protegiendo la única agua que queda en manos de los chilenos”, explica Gloria Alvarado, dirigente de APR de la VI Región.
“LEY MOP”
El Proyecto de Ley que regula los Servicios Sanitarios Rurales ingresó al Senado el 6 de noviembre del 2008. En su primer trámite constitucional se lograron acuerdos que permitieron su aprobación por unanimidad hacia octubre de 2009.
En su segundo trámite constitucional, en la Cámara de Diputados, se avanzó en la discusión del Proyecto de Ley hasta el Artículo 62, pero en enero de 2010 el gobierno retiró la urgencia de discusión inmediata, manteniéndose hasta la fecha en la comisión de Obras Publicas sin urgencia legislativa.
Actualmente el Ministerio de Obras Públicas se encuentra formulando una indicación sustitutiva al proyecto de Ley, conocido como “Ley MOP 2012”, el que busca establecer un marco jurídico e institucional, de carácter público, que permita regular la organización y funcionamiento de los servicios sanitarios rurales, las condiciones de prestación y mantención del servicio y los mecanismos de asesoría y fiscalización sanitaria.
Las principales objeciones de los dirigentes de servicios de saneamiento rural (SSR) con esta indicación sustitutiva, conocida en julio de este año, es que el nuevo texto es distinto a proposición inicial, consensuada después de años de mesas de trabajo y reuniones con el MOP, el que guardaba mayor identidad con la realidad rural.
El texto de 2012, en concepto de FENAPRU, está más orientado a una institucionalidad empresarial, lo cual es contrario al espíritu que anima a los APR y no contribuye de manera clara al fortalecimiento organizacional de los comités y cooperativas, junto a elementos básicos de apoyo a la administración de sistemas de APR.
A juicio de los dirigentes del agua potable rural, uno de los grandes avances para el sector rural, pasa necesariamente por la restitución del articulado en materias como la conformación de un consejo asesor o consultivo por ley, que permita representar a la asociaciones comunitarias de agua potable rural y las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de regulación del sector. “De hecho, en este escenario, nada garantiza que las organizaciones sociales puedan participar del proceso de elaboración del reglamento, cuestión acordada con los gobiernos anteriores”, señala uno de dirigentes.
Otro de los temas polémicos de esta ley, y que a juicio de los dirigentes resulta inaceptable, dice relación con el traspaso de los bienes que actualmente se encuentran en uso por comités o cooperativas como las redes y los estanques que, según la indicación sustitutiva elaborada por el MOP, se traspasarían a las organizaciones por el solo ministerio de la ley. El proyecto actual tampoco considera la realidad de los pequeños y medianos comités y/o cooperativas, eliminado criterios diferenciadores que se hacían cargo de las distintas realidades de los comités grandes en relación a los más pequeños.
De igual modo, los dirigentes destacan la carencia de un programa de capacitación estatal real para los dirigentes, así como poner a disposición de los mismos, técnicos y profesionales con experticia en temas sanitarios. Cabe mencionar que las asistencias técnicas que reciben los comités y cooperativas de agua potable, son realizadas por las sanitarias privadas de cada región, quienes a juicio de los dirigentes del APR, solo se enfocan en cuestiones técnicas-hidráulicas, por sobre las necesidades en capacitación administrativa y del fortalecimiento de los liderazgos locales.
Según datos oficiales y luego de 45 años de desarrollo, el Programa de APR en Chile alcanza al 99% de la población rural concentrada. Persistiendo un gran desafío en el los sectores semi concentrado y dispersos que alcanzaría por sobre las 400.000 personas.
En Chile existen 1.590 Sistemas de Agua Potable Rural. Alrededor de 390.000 conexiones domiciliarios de agua potable instalados, que benefician una población aproximada de 1.500.000 de personas. La contribución del Programa al desarrollo económico-social de la población rural beneficiaria, permite una mejor calidad de vida y una mejora en los indicadores de salud. De igual modo, este programa aporta al desarrollo local con un gran énfasis en la participación comunitaria, centrada en la autogestión de los servicios.