Organización internacional responsabilizó a minera del grupo Luksic por buscar impunidad para su
tranque de relaves, y que a futuro ningún abogado se atreva a defender a un
pueblo frente al abuso inhumano de una gran empresa. Se pide al estado chileno
que se ajuste a sus obligaciones internacionales respeto a los derechos humanos
y la protección del ambiente y que garantice la independencia del sistema
judicial.
A fines de agosto, la fundación France Libertés dio a conocer ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el caso de la comunidad de Caimanes, y los atropellos que ha sufrido tras la instalación del tranque de relaves El Mauro, perteneciente a Minera Los pelambres, en la cabecera del Valle de Pupío.
La presentación expuso la grave situación que amenaza al poblado, que implicó entre otros perjuicios la pérdida del 80% de las aguas que lo abastecían, y que impide a los pobladores ejercer su derecho a defensa.
France Libertés destacó ante el consejo que la Comunidad de Caimanes enfrenta al grupo económico más poderoso de Chile, la familia Luksic, rankeada en el puesto 32 de Forbes, propietaria de Minera Los Pelambres, y otras empresas, con “enorme poder económico, influencia política sobre el Estado chileno e influencia sobre el Poder Judicial”.
Influencia que en la práctica se traduce en que la justicia local (fiscalía de Los Vilos) decidió llevar a juicio, a instancias de la minera, al dirigente de la Comunidad, Cristian Flores y a los abogados de los pobladores, Ramón Ossa, Sandra Dagnino y Roberto Arroyo; acusándolos de asociación ilícita, prevaricación, suscripción engañosa de documentos y desordenes públicos. Esto, tras haber denunciando a la minera por contaminación y pérdida de patrimonio arqueológico.
“La fiscalía los culpa de inventar la y pretender engañar a los pobladores para obtener un beneficio económico de la minera”.
A juicio de la fundación, no puede haber asociación ilícita cuando una comunidad aplastada por el poder de una empresa “inicia acciones legales para defender su más sagrado derecho, el derecho a la vida”.
France Libertés considera que la contaminación de la minera en la zona es real y grave, “han dejado sin agua a la comunidad, han puesto en riesgo sus vidas, se ha negando a asumir los efectos negativos de su actividad y a proveer soluciones a los pobladores transformados en victimas. A través de la criminalización de los defensores del pueblo de Caimanes, la minera está buscando asegurar su impunidad, pero, además está asegurándose que nunca más un abogado se atreva a defender a un pueblo frente al abuso inhumano de una gran empresa”.
Al revés, se destaca en la exposición que la justicia se ha negado sistemáticamente a investigar los hechos que denuncia la comunidad, y que el Juez de garantía excluyó de su reporte como pruebas de la defensa: informes sobre contaminación por metales, de riesgo sísmico, la existencia de una falla geológica, la declaración como testigo de un funcionario de la Municipalidad de Los Vilos que certificó que la Minera había dejado al pueblo sin agua, y un informe en derecho en que se establece detalladamente que en los hechos denunciados por la minera no existe delito.
La agencia gala subrayó también el hecho de que el Juez de garantía aceptó -a petición de la minera- la declaración del fiscal que inició la investigación contra el dirigente y los abogados, “fiscal que se encuentra querellado por estos últimos, por obstrucción a la investigación y escuchas telefónicas ilegales. Este fiscal, se retiró de la fiscalía y se incorporó al Ministerio del Interior, a la oficina de denuncias anónimas”, consigna el informe.
Teniendo en cuenta el alcance de violaciones de los derechos fundamentales de la comunidad de Caimanes, la ONG pidió que el Estado chileno se ajuste a sus obligaciones internacionales respeto a los derechos humanos y la protección del ambiente; que garantice la independencia del sistema judicial; obligue a las empresas a pagar el costo del daño ambiental, cultural y humano de sus actividades; y que garantice la protección del ambiente y de la cultura de los pueblos indígenas así como la aplicación del principio Pro Homine (que señala que ante un litigio de una persona o comunidad contra un gobierno o empresa la justicia debe estar siempre a favor del hombre).
Además solicitó a los relatores de Naciones Unidas que dirijan su atención sobre las violaciones a tratados y acuerdos suscritos por Chile efectuadas en el curso del proceso.
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