El bloqueo del intento de acelerar la tramitación del proyecto Longueira en el Senado, tal como ocurrió con anterioridad en la tramitación express ocurrida en la cámara de diputados, constituye una clara señal del importante papel de control público que cumple la ciudadanía organizada en alianza con los pescadores artesanales, estudiantes y pueblos originarios
Fuente: www.radiodelmar.cl
Un intento de forzar la votación sobre la idea de legislar en general sobre el proyecto de nueva ley de pesca, fue abortado en la Comisión de Pesca y Acuicultura del Senado luego de las denuncias y presión de las organizaciones ciudadanas y pueblos originarios. Esta anómala situación ocurrió cuando el senador democratacristiano Hossain Sabag -representante de los intereses de los industriales pesqueros de la región del Biobío-, y el senador designado por la derecha (UDI) Alejandro García-Huidobro, intentaron dejar sin efecto los compromisos contraídos por la comisión ante las organizaciones de pescadores artesanales, aprovechando la ausencia del presidente de la comisión (RN) Antonio Horvarth y del senador (PS) Fulvio Rossi
En la sesión del 3 de septiembre, los senadores Sabag y García-Huidobro, acordaron que se votara durante dicha semana la idea de legislar en general en la sala, para luego realizar sesiones express en algunas regiones, dejando un breve período de dos semanas para presentar indicaciones al cuestionado proyecto. El tema de la consulta a los pueblos originarios, a la cual están obligados por el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajao (OIT) ni siquiera fue considerada en esa oportunidad.
Ante esta oscura situación, las organizaciones de la Alianza Ciudadana para la Defensa del Mar y en contra de la Privatización del Patrimonio Pesquero denunciaron públicamente el accionar pro empresarial de Sabag y García-Huidobro, ya que ello volvía a dejar en evidencia que el actual proceso de participación pública en el senado, sería tan sólo una formalidad, para luego imponer este lesivo proyecto expropiatorio de bienes nacionales.
Con esto quedaba en evidencia que en lo central , el proyecto de ley Longueira ya estaría acordado cupularmente entre el Gobierno, los cuatro conglomerados pesquero industriales, y una transversal alianza de parlamentarios oficialistas y de oposición.
Ante la denuncia pública, el presidente de la comisión de pesca, senador Antonio Horvarth (RN) logró revertir esta opaca situación y se acordó finalmente que la votación sobre la idea de legislar en general sería efectuada en octubre, con posterioridad a la realización de sesiones públicas en regiones. Para ello se acordó que la primera sesión de la comisión de pesca se efectuaría el 24 de septiembre la región de Los Lagos.
Frente a esta situación, Juan Carlos Cárdenas, director de Ecocéanos y miembro de la Alianza Ciudadana por la Defensa del Mar señaló que "el bloqueo del intento de acelerar la tramitación del proyecto Longueira en el Senado, tal como ocurrió con anterioridad en la tramitación express ocurrida en la cámara de diputados, constituye una clara señal del importante papel de control público que cumple la ciudadanía organizada en alianza con los pescadores artesanales, estudiantes y pueblos originarios".
SENADO AÚN NO GARANTIZA CUMPLIR CON CONVENIO 169 DE LA OIT
Un tema que sigue sin resolverse al interior de la Comisión de Pesca del Senado es el proceso de consulta previa y obligatoria a los pueblos originarios, tal como lo obliga el Convenio 169 de la OIT. De hecho, durante la semana pasada quedó en evidencia las discrepancias existentes al interior de la comisión, cuando el senador Alejandro García-Huidobro cuestionó el acuerdo suscrito por los comités de la cámara alta, que autoriza a la instancia a realizar una consulta sobre el proyecto de nueva ley de pesca a los pueblos originarios.
El designado senador explicó que "nosotros no tenemos las facultades para hacer las consultas, porque ellas le corresponden al gobierno. En los procedimientos, tiene que existir un reglamento y por lo tanto, no sé bajo qué sistema se puede realizar por parte de la Comisión la consulta de los pueblos originarios que tiene que estar regulada".
Según informó el portal del senado, se habría acordado en los comités de la cámara alta realizar la consulta a los pueblos originarios durante las sesiones que realizaría la comisión de pesca en regiones, una vez que fuera votado en la sala la idea de legislar en general de este proyecto de nueva ley de pesca.
Cabe recordar que el senador Camilo Escalona (PS) preside los comités del senado, y que en la sesión donde se tomó dicho acuerdo, concurrieron los senadores Jorge Pizarro (PDC), Carlos Kuchel (RN), Ena Von Baer (UDI) y Gonzalo Uriarte (UDI)
Frente al intento del Senado de no cumplir el compromiso de aplicar la consulta a los pueblos originarios, Sergio Millaman, del Grupo de Trabajo por los Derechos Colectivos afrmó que "el poder legislativo en su conjunto están en deuda con el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados. El artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, es claro en señalar que se deben consultar las medidas legislativas susceptibles de afectar directamente los derechos e intereses de los pueblos indígenas, como es el caso de la ley de pesca. Los senadores que se niegan cumplir con el deber de consulta son responsables que esta de ley contenga vicios en su tramitación, lo que agrava aún más la ilegitimidad de este proyecto que busca privatizar los recursos pesqueros de los pueblos indígenas”.
Millaman agregó que “el deber de consulta pesa sobre el ejecutivo, pero también sobre el Congreso, así lo consagra en el artículo 6 del Convenio 169. El Tribunal Constitucional fue claro en señalar en la sentencia rol 309 del año 2000 que, el Art. 6 del Convenio 169 de la OIT es una norma autoejecutable y que introduce un nueva norma que debe ser observada en el proceso legislativo”.
Por último Millaman afirmó que “las audiencias públicas anunciadas para el mes de octubre, no constituyen consulta. El parlamento debe realizar un proceso de consulta que se ajuste a los estándares que el mismo Convenio 169 ha impuesto, donde queda claro que las audiencias públicas no son suficientes, y que este proceso se debió haber realizado desde el inicio de la tramitación de la ley, no en sus etapas finales”
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