Indican: “Sobre los llamados “diálogos de paz” que publicitariamente han venido señalando actores armados en territorios indígenas, afrodescendientes y campesinos, se hace necesario señalar que, en varios de estos espacios donde viven familias, comunidades y existen resguardos, continúan militarizados, siguen enfrentamientos de los grupos armados militares y “guerrilla”. Persisten amenazas y se mantiene latente en ciertos sectores, la presencia de grupos paramilitares que son mercenarios vinculados a individuos que actúan como poderes fácticos en el estado”…
Imagen: Jóvenes del Cauca haciendo lectura de carta de organizaciones indígenas en foro político realizado en Bogotá el 25 de Septiembre.
Organizaciones indígenas de Colombia, entre ellas la coordinación de comunicaciones del Consejo Regional indígena del Cauca (CRIC), el Tejido de Comunicación Indígena de la Asociación de cabildos indígenas del norte del Cauca (ACIN), entre otras, junto a la Coordinadora latinoamericana de Cine y Comunicación indígena (CLACPI) y la Coordinadora Andina de organizaciones indígenas (CAOI), señalaron que darán cuenta a diversos organismos internacionales de Derechos Humanos sobre la situación actual que se vive en varios territorios y que acompañarán respectivos informes que serán entregadas a instancias como: Relatorías, Grupos de Trabajo y Comités de los mecanismos y procedimientos de Protección de Derechos Humanos en Naciones Unidas; A relatorías y expertos en DDHH de la OEA; Y a organismos internacionales de la sociedad civil de derechos humanos.
Los antecedentes buscan conminar a los diversos organismos internacionales de Derechos Humanos de los distintos mecanismos y procedimientos a atender los gravísimos hechos que se vienen denunciando y que afecta a indefensas e inocentes personas que incluye brutalmente a niños, niñas y mujeres. También, sobre la violencia estructural instalada y la situación de libertad de expresión y de comunicación indígena. Señalan sobre esto: “Las masacres que se vienen cometiendo en el marco de una cultura de violencia, incluye una larga lista de muertos a causa del conflicto armado entre el estado colombiano y su ejército, paramilitares y la guerrilla sindicada como Las Farc y el ELN”.
Al respecto, las organizaciones dan cuenta que existen antecedentes que el “móvil” de este conflicto bélico ha causado destrucción de viviendas, desplazamiento de la población, sistemáticos asesinatos y heridos, mientras por otra parte, paralelamente, se siguen imponiendo megaproyectos de industrias extractivas con intereses de transnacionales, como mineras y petroleras. “Frente a esto, resulta insólito, por utilizar un término, que el conflicto armado ha servido de “justificación” para desconocer derechos colectivos a las comunidades, violar tratados internacionales de derechos humanos como el Convenio 169 de la OIT y anular poblaciones locales, hechos situados en lugares donde coincidentemente se han instalado o se pretenden instalar los principales proyectos de este tipo de mega industrias, según se ha venido denunciando”.
Las organizaciones indígenas consideran preocupante que esto suceda bajo la pasividad y complicidad de organismos internacionales de Derechos Humanos y sus reacciones sean a posteriori y extemporáneo, cuando los delitos y abusos ya se han materializado y han ido en contra de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal y a la vida. Ante esto indican: “Por ello y señalado muy respetuosamente, solicitamos un rol más activo ante esta realidad y conminamos a una mayor observancia e involucramiento y coordinación con otras instancias para la protección efectiva de los Derechos Humanos en Colombia, así como en los otros países donde se continúan atropellando derechos”.
En otro párrafo de una misiva dada a conocer mencionan: “Sobre los llamados “diálogos de paz” que publicitariamente han venido señalando actores armados en territorios indígenas, afrodescendientes y campesinos, se hace necesario señalar que, en varios de estos espacios donde viven familias, comunidades y existen resguardos, continúan militarizados, siguen enfrentamientos de los grupos armados militares y “guerrilla”. Persisten amenazas y se mantiene latente en ciertos sectores, la presencia de grupos paramilitares que son mercenarios vinculados a individuos que actúan como poderes fácticos en el estado”, sentenciaron, agregando: “Pedimos, exigimos, insistimos ante la comunidad internacional de Derechos Humanos y del mundo democrático, a actuar activamente para frenar estos asesinatos y violencia estructural de una vez por todas, que nadie quede indiferente ante estas situaciones humanitarias”.
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