El día lunes 24 de junio el Gobierno de Sebastián Piñera anunció a los medios de comunicación su decisión de nombrar al abogado de la Pontificia Universidad Católica, Sebastián Donoso, como nuevo Consejero ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en reemplazo de María Luisa Sepúlveda; la histórica Asistente Social ligada a la Vicaría de la Solidaridad y al Comité Pro Paz, entre otras instancias de promoción y lucha por los DD.HH...
Fuente: Radio del Mar
Fuente original: Yonovotéporel
El día lunes 24 de junio el Gobierno de Sebastián Piñera anunció a los medios de comunicación su decisión de nombrar al abogado de la Pontificia Universidad Católica, Sebastián Donoso, como nuevo Consejero ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en reemplazo de María Luisa Sepúlveda; la histórica Asistente Social ligada a la Vicaría de la Solidaridad y al Comité Pro Paz, entre otras instancias de promoción y lucha por los DD.HH (ver link).
Probablemente el nombre de Donoso no es necesariamente conocido ni relevante para la opinión pública nacional, que mayormente desconoce el rol que tuvo dentro la Secretaría General de la Presidencia. Pero para quienes siguen de cerca la llamada “Causa Mapuche”, o viven en carne propia su desarrollo, entrampamientos y dificultades, saben con precisión que es uno de los responsables –Junto al ex Director de la CONADI Francisco Painepán y al Ex Ministro de Planificación Nacional (Ex MIDEPLAN) Felipe Kast- del peor año para los pueblos indígenas en lo relativo a la reivindicación de tierras que se tenga memoria. Dentro de este período se verificó la fría decisión gubernamental de devolver al Fisco mas de 37 mil millones de pesos, destinados en el presupuesto nacional –y en su mayor parte- a la compra de tierras Mapuche. Estamos hablando del año 2010 y de los primeros 12 meses de Gobierno del actual Presidente.
Pero hagamos memoria cronológica para comprender a cabalidad el daño irreparable que hicieron estas tres figuras y el rol en particular que tuvo el abogado.
Tras la llegada al poder de Sebastián Piñera se creó la “Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas” dependiente de la Secretaría General de la Presidencia, con el objetivo de “colaborar en el diseño, coordinación y evaluación de la política indígena y velar por su adecuada implementación”. La primera autoridad en ocupar la titularidad de esta instancia, fue el propio Sebastián Donoso, al que se encargó su ejecución. Cabe recordar que entre sus funciones además se encontraba la coordinar la implementación de políticas con la institucionalidad estatal y los servicios públicos, hacer seguimiento y realizar evaluaciones periódicas de ellas mismas. Esto es, un cargo de primer orden.
Hasta antes del 2010, Donoso era reconocido en el mundo privado como un “experto de temas indígenas” gracias a su cátedra como profesor de Legislación Indígena y Políticas Públicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica; su docencia en la Universidad del Desarrollo; trabajos interpretativos del Convenio 169; participación en mesas de trabajo, debates, seminarios, etc. Y también por su fichaje en el estudio de abogados Carey y Cía Ltda (Donde se encargaba de temas como derechos de agua e indígenas relacionados con la minería); por su rol como jefe de Gabinete del ex Senador Marco Cariola y finalmente como Abogado de la Minera Esperanza (ver link).
A pesar de tan extenso currículum y a poco andar en el cargo, comenzaron los primeros problemas, debido fundamentalmente al entrampamiento en la continuidad en las políticas de la entrega de tierras. Esto no debería resultar extraño, si tomamos en cuenta que en sus trabajos e intervenciones académicas, Donoso marcó distancia con lo realizado hasta entonces. Como muestra podemos citar un párrafo de su documento “Chile y el convenio 169 de la OIT: reflexiones de un desencuentro”: “Existe la percepción que los Gobiernos de la Concertación han tratado de mantener un equilibrio entre su objetivo de mejorar las condiciones socioeconómicas de los indígenas y aquel de procurar su protección. Pero esta dinámica se da en el marco de una institucionalidad que privilegia la protección por sobre cualquier otro fin, lo que en la práctica se traduce en disposiciones legales y políticas que constriñen severamente el espectro de estrategias de sobrevivencia y las oportunidades de superación de los indígenas”.
De reivindicaciones territoriales o reconocimientos ni hablar. El tema para Donoso pasaba por el desarrollo económico. Y todo lo demás sólo era mera ideología de la dirigencia indígena que no coincidía con lo que el pueblo realmente quería para sí.
Comienza el 2010, el peor año…
Al asumir Francisco Painepán como Director de la CONADI en el mes de marzo de ese año (Empresario ferretero oriundo de la comuna de Cherquenco y Presidente de la Comunidad “Painepán”) confirmó que el proceso de “compra de tierras” continuaría sin ningún retardo, tal como consta en las declaraciones que se pueden ver en este link). De alguna forma u otra, entre las comunidades ya existía un legítimo miedo a que el proceso de compra y entrega -que se venía incrementando año tras año- fuese frenado por el nuevo Gobierno.
Ya en el mes de junio del 2010 y a pesar de sus dichos originales, el Director confirmó el miedo acuñado por las comunidades, y simplemente optó por suspender el proceso de compra. Ello, pese a que él constituye unos de los pilares fundamentales del Convenio 169, como también de la propia Ley Indígena, que rige en nuestro país desde 1993 (ver link).
Para comprender mejor este hecho, debemos tener claro que la Ley 19.253 en su artículo 20 consagra el llamado “Fondo para Tierras y Aguas Indígenas”, cuyo cumplimiento se verifica año a año, y que a saber tiene dos modalidades para realizar la compra. Ellos son: el artículo 20 letra A, referido a subsidios para la adquisición de ellas por personas, Comunidades Indígenas o una parte de éstas, y el artículo 20 letra B, referido a compras directas por parte de CONADI, para aquellos territorios que están en disputa y sobre las cuales comunidades o personas poseen títulos de merced que confirman que fueron usurpadas.
Teniendo claro esto, volvamos al desarrollo cronológico de lo que sucedió el año 2010. Tras la paralización de las compras de tierras decidida por la CONADI y ante el creciente malestar de las comunidades, en el mes de julio el ex Ministro Felipe Kast (de gira en La Araucanía), anunció una nueva política para la adquisición de tierras indígenas. Según sus palabras este nuevo procedimiento “repotenciaría el mecanismo de subsidios (Artículo 20 letra A), al que pueden postular comunidades y personas indígenas, asignándose en base a un sistema de puntajes establecidos en la ley, no dejando espacio para discrecionalidad. Adicionalmente, cada subsidio estará acompañado de un convenio de apoyo productivo y asistencia técnica”. ¿Qué significaba esto? Que la teoría de Sebastián Donoso sobre referida a que el desarrollo económico debía primar por sobre las revindicaciones y reconocimiento, estaba materializándose. Tanto así, que el mismo Ministro Kast no tuvo empacho en señalar que en estas nuevas reglas, la compra vía subsidio simplemente se impondría por sobre la directa o de tierras en conflicto (Artículo 20 letra B) (ver link).
Para justificar esta decisión, la entidad argumentó un pool de razones tales como: irregularidades en procesos de compra anteriores, sobreprecios en las ventas, y la subutilización o abandono de las que habían sido entregadas a la fecha, entre otras razones.
Pero recordemos que esta visión “productiva” de la entrega de tierras, y de la política indígena en general, había sido recomendada por Sebastián Donoso en varias de sus presentaciones académicas pre ingreso a la Segpres. En el documento que citamos más arriba (donde cuestiona la efectividad y aplicabilidad del Convenio 169 de la OIT) del año 2008 dice textual: “Las política indígena hasta ahora ha tenido como pilar fundamental las transferencias de recursos públicos, evidencia de lo cual es el presupuesto creciente de la CONADI, cuya mayor parte ha sido destinada al programa de entrega de tierras. Los países que han seguido este camino no han tenido buenos resultados. La alternativa obvia, por supuesto, es poner el énfasis en la construcción de competencias y capacidades para lograr una auténtica emancipación de la asistencia social. Una vez más el espíritu del Convenio parece alinearse al lado del asistencialismo”.
Cabe mencionar que el primer llamado a concurso para postular a la modalidad de “subsidios” que hizo el Ministro Felipe Kast fue un fracaso, por lo que se debió realizar un segundo llamado en el mes de agosto. Pero también había un problema adicional bastante serio: ¿Qué sucedería con las 115 comunidades a la que la administración anterior comprometió la compra de tierras (Con fecha de marzo del 2010) y que habían sido suspendidas de su derecho por esta nueva política? Frente a este incómodo dilema, fue el propio Sebastián Donoso quien respondió que serían revisadas caso a caso y que sólo tendrían respuestas a fines de ese año, tal como consta en la nota de prensa que se puede revisar en este link.
Como era de suponer el resto de los meses hasta llegar a noviembre transcurrieron en la más absoluta tensión, caracterizados por medidas de presión, como la petición de renuncia a Francisco Painepán, que formularon Consejeros Indígenas, tanto por irregularidades propias (a las que no referiremos más abajo) como también por el atraso y entrampamiento de la compra de tierras. Ya habían pasado 9 meses de anuncios, cambios y lo que se había heredado sólo era mucho enredo y retraso (ver link).
Mala gestión presupuestaria: CONADI devuelve 37 mil millones destinados a tierras.
Todo este escenario de enredos paradigmáticos, fue acompañado de otras situaciones tensas como cuando se conoció que el Director de la CONADI había obtenido recursos del mismo organismo el año 2008 para un proyecto de su autoría, y que una vez ejecutado, no rindió las cuentas correspondientes. Para detener el escándalo, optó por devolver los 3 millones de pesos que le habían sido adjudicados, pero a esa altura estaba más que claro que su suerte estaba echada (ver link).
Es así como llegamos al mes de noviembre del 2010 cuando para el estupor de las comunidades el propio Sebastián Donoso reconoció a un medio de comunicación, que debido a una subejecución presupuestaria, la CONADI devolvería al Fisco 35 mil millones (aunque en realidad resultaron ser más de $37.800.000.000), destinados a pueblos originarios: en su mayor parte para la compra de tierras y aguas indígenas. Esto es, comunidades con aplicabilidad, derechos ancestrales y mercedes de tierras, quedarían sin sus tierras porque el organismo no había utilizado algo que a todas luces les pertenecía que les había sido comprometido (ver link).
Para intentar salvar esta deshonrosa y lesionadora subejecución surgió la idea de traspasar diez mil millones de pesos (de los 37) a Bienes Nacionales a través de un convenio de colaboración. Ello, a pesar de las presiones de los parlamentarios de oposición de La Araucanía quienes solicitaron que con esa suma se aumentara el Fondo de Tierras. Sin embargo, las teorías de Donoso se impusieron y en el mes de diciembre fue firmado dicho instrumento entre el director Painepán y el Subsecretario de Bienes Nacionales, Carlos Llancaqueo (ver link).
Preocupados por esta situación solicitamos por transparencia el documento del convenio. El él pudimos observar que sus objetivos principales eran (ver en link copia de Resolución 212 del 14 de diciembre de 2010, note la ausencia de timbres de Contraloría):
1. La realización de estudios a nivel nacional sobre la caracterización y distribución de la irregularidad en la tenencia de inmuebles por parte de personas y/o comunidades indígenas.
2. Realización de estudios a nivel nacional de tenencia irregular en predios fiscales por parte de personas y/o comunidades indígenas.
3. Realización de un estudio de inmuebles fiscales susceptibles de una eventual transferencias a título gratuito a personas y/o a comunidades indígenas.
4. Regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz particular y constitución de dominio sobre ella, destinada a personas y/o comunidades indígenas que ocupan irregularmente propiedad particular, para que accedan a títulos de dominio.
5. Transferencias a personas y o comunidades indígenas de inmuebles fiscales.
Sin embargo, este instrumento jamás llegó a materializarse a pesar que fue enviado a la Contraloría para su toma de razón. Previo a ello, las partes desistieron probablemente advertidas por el organismo contralor.
¿Por qué?
La razón de fondo la encontramos en la respuesta que dio Bienes Nacionales a nuestra solicitud bajo el siguiente tenor (ver documento en este link):
“Esta Subsecretaría informa que no es posible acceder a la información solicitada, puesto que el respectivo Convenio entre el Ministerio de Bienes Nacionales y la Corporación de Desarrollo Indígena no fue perfeccionada, ya que CONADI se encontraba legalmente impedida para ejecutar transferencias de capital a servicios o entidades de sector público, según la glosa presupuestaria 33.01, que solo autorizaba a efectuar transferencias al sector privado, razón por la cual la Contraloría General de la República se abstuvo de tomar razón al citado convenio”
Esto es, los diez mil millones también estaban perdidos.
No sabemos por qué un acto tan grave como lesionar los derechos de los pueblos originarios al perder negligente o voluntariamente 37 mil millones de pesos no fue una noticia nacional, en un país donde detrimentos de menor gravedad y cuantía hacen ruido. Tal vez fue porque ocurrió en el primer año de Gobierno de Sebastián Piñera o porque aún se vivía la fiebre del rescate minero. Tal vez por nuestro racismo puro y simple. La pérdida negligente y una solución improvisada de traspaso, confirmaban el daño de esta nueva visión economicista sobre el tema indígena y que se impuso sin mayor prudencia.
La crisis que sufrieron las Agencias de Desarrollo Indígenas (ADI) y el incremento del conflicto en la Región de La Araucanía en los años venideros darían cuenta de este fracaso.
Pero para graficar con mayor detención la gravedad de este asunto, adjunto un cuadro comparativo sobre presupuestos de la CONADI:
ITEM
Presupuesto CONADI
39.613 - 2007
46.407 - 2008
65.072 - 2009
79.365 - 2010
73.537 - 2011
89.957 - 2012
91.172 - 2013
Fondo de Tierras y Aguas Indígenas
Presupuesto
22.099 - 2007
23.354 - 2008
34.596 - 2009
49.811 - 2010
43.275 - 2011
38.241 - 2012
43.491 - 2013
Ejecución
22.042 - 2007
23.298 - 2008
34.513 - 2009
12.006 - 2010
42.869 - 2011
38.225 - 2012
Diferencia
-56 - 2007
-56 - 2008
-83 - 2009
-37.805 - 2010
-406 - 2011
-17 - 2012
Cifras en Millones.
****************
Queda claro que el ítem más importante en el Presupuesto de la CONADI siempre ha sido el que dice relación con la compra de tierras, denominado en la ley de presupuesto como “Fondo de Tierras y Aguas Indígenas”. Dicho ítem ha representado más de la mitad del presupuesto del organismo, acorde al compromiso adquirido con las comunidades indígenas. Notemos sin embargo que dicha tendencia cambió en el año 2012, cuando bajó su participación a menos del 50%.
El presupuesto para el año 2010 fue de $79.365.000.000, de los cuales $49.811.000.000 eran para el Fondo de Tierras, sin embargo, solo se gastaron $12.006.000.000 Es decir, se dejaron de comprar tierras para los indígenas por $37.805.000.000. Esa cifra sobrepasa abismantemente la subejecución del resto de los años como se aprecia con facilidad en el cuadro. Es decir, nunca antes y nunca después hubo una ejecución tan nefasta.
Por esta razón, la pésima gestión de Painepán fue sancionada con su salida en enero del 2011 sin mayor apelación (ver link).
Sin embargo, tanto Felipe Kast, que se vinculó directamente en este proceso como Ministro MIDEPLAN, siguió en su puesto sin mayor contratiempo. No corrió la misma suerte el ideólogo de todo este desastre, Sebastián Donoso, quien vio debilitada su figura como asesor presidencial, a tal punto que meses más tarde no pudo sobrevivir a un nuevo escándalo que agitó aún más la paciencia de las comunidades.
Su salida final ocurrió cuando –siendo totalmente coherente con sus planteamientos en documentos académicos previos a su llegada al Gobierno- afirmó que “la consulta” a las comunidades que exige el Convenio 169 de la OIT no era vinculante para el Gobierno y que por lo mismo, lo que decidieran los pueblos originarios para sí mismos a través de estos procedimientos jamás podría interferir en los proyectos que tuviesen programados. Todo ello, en el contexto de la “Consulta” que el Gobierno de Sebastián Piñera anunció e intentó aplicar desde el año 2011 en adelante y que hasta hoy no arroja ningún resultado.
Su entrevista realizada en marzo del 2011 para el Diario Austral Temuco marca el comienzo de su fin en el Gobierno (ver entrevista en link).
Obviamente una vez materializada la renuncia, argumentó que las razones de su salida fueron asuntos de índole personal, sin mencionar el gran malestar que sus dichos produjeron en distintas comunidades (ver link).
El día prensa el 02 de junio del 2011 los medios daban cuenta de la salida de Donoso de la Segpres, y ya el 29 del mismo mes la “Revista Capital” daba cuenta de su incorporación al Estudio de Abogados Barros & Errázuriz. El artículo explica la razón de este fichaje debido a que “El estudio quiere potenciar su gestión en recursos naturales e incorporar estas nuevas áreas de práctica (Minería y Agua)” (ver link). Esto es, el abogado volvía al área privada para asesorar a empresas respecto de los asuntos que tuviesen con pueblos originarios. Nada más coherente.
Tras algunos años en el área privada, y con intentos fallidos de acercarse a otros poderes del estado, (como la licitación abierta por la Academia judicial para llevar a cabo el curso de perfeccionamiento sobre el Convenio 169 de la OIT y que perdió frente al Observatorio De Derechos de Pueblos Indígena, ver link) Sebastián Donoso hoy reaparece nuevamente designado por el Presidente Sebastián Piñera para ocupar el cargo de Consejero en el Instituto de Derechos Humanos. El nombramiento de Donoso es cuestionable a la luz de lo exigido por la propia ley que creó dicho Instituto, para los consejeros la ley 20.405 exige que “Los consejeros deberán ser personas de reconocida trayectoria en el ámbito de los derechos humanos” (ver link). ¿Cuál es la trayectoria en materia de derechos humanos?.
Tras el nombramiento del Presidente Piñera, cabe preguntarse entonces ¿Cuál será su lógica en el organismo? ¿Cuál su idoneidad? ¿Cuáles sus criterios? Sin duda, eso está por verse. Sin embargo, y como era de esperar, esta noticia no cayó nada bien en las Comunidades Mapuche, quienes reaccionaron de la siguiente forma:
“No recuerdo que deje buenas gestiones, cuando asumieron el 2010, no se ejecutó nada del tema de presupuestos en la Conadi. Se devolvieron los fondos para tierras, pese a los compromisos por una consulta que aún estamos entrampados. No conozco gestiones frente al tema indígena”. Ana LLao, Consejera nacional ante la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
“Es una vergüenza. Los pueblos originarios pensamos que se podía avanzar en materia indígena en este Gobierno, pero fue una equivocación de nuestra parte, de tener alguna idea de avanzar en algo. Lo que ocurre ahora significa que no les interesan los derechos humanos, menos en el tema indígena. Esto es una jugada estratégica con la que el Gobierno de Sebastián Piñera quiere coronar todo su trabajo de usurpación de derechos que ha estado haciendo, particularmente este último año”. Francisco Vera Millaquén, Werkén de la Comunidad Mapuche Huilliche Pepiukelen.
Los dados están echados: Sebastián Piñera se decidió por Donoso, quien además figura hoy como investigador asociado de la Fundación Jaime Guzmán (ver link). Frente a esa decisión y como ciudadanos no nos queda más que estar claros y atentos.
Del 2010 solo queda decir que simplemente fue un año perdido, y aunque con posterioridad se incrementó nuevamente el fondo de tierras y se ejecutó como corresponde, el daño y retraso a las comunidades causado por esta visión economicista, agudizó el conflicto en la Región, la desconfianza de los pueblos originarios, y el ejercicio de Derechos y garantías consideradas en instrumentos legales como también en convenios ratificados por Chile. Simplemente una vergüenza que marca el peor año para los pueblos originarios en su reivindicación territorial.
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