Declaración de profesores del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile

La política de la Concertación para los pueblos originarios - en cuya formulación participó un grupo significativo de intelectuales y políticos mapuches- tuvo en la práctica un doble estándar. Por un lado, promovió los derechos indígenas (no olvidemos la ratificación del Convenio 169), amplió sus espacios territoriales, como también expandió y fortaleció los programas de desarrollo (Programa Orígenes). Mas, por otro lado, criminalizó al “movimiento mapuche”, especialmente a los dirigentes de la Coordinadora Arauco Malleco (en adelante CAM), que hicieron de las “tomas” un acto no sólo de recuperación de las tierras ancestrales, sino también un medio para la construcción de la “nación mapuche”.

En este proceso, que puso también en cuestión la propiedad de las grandes empresas forestales, la tónica ha sido la violencia: no olvidemos las muertes de Matías Catrileo, Alex Lemún, Jaime Mendoza. La dimensión más dura de la política Estatal fue la aplicación de la ley antiterrorista (que tiene el efecto perverso de triplicar las penas). La CAM fue la gran víctima, y sin duda sus dirigentes así lo han entendido (y también el país) al sufrir una durísima persecución, la prisión y ser juzgados por dicha ley.

El Gobierno del Presidente Piñera, sin duda, ha enfatizado esta segunda cara de la política de la Concertación (que no es más que la vieja política del Estado Portaliano chileno). En este contexto la CAM vuelve a la escena pública, pero desde las cárceles con una huelga de hambre en las que están nuevamente dispuestos a morir por su causa, la “del pueblo mapuche”, en el mismo momento que se celebra el Bicentenario.

En un plano hay que reconocer que lo que se está reprimiendo puntualmente es la CAM y que la huelga de hambre constituye en primer lugar un acto de protesta contra las formas que ha adquirido esta represión. Y sin embargo las complicidades, apoyos y solidaridades que ha generado a nivel nacional como internacional, han leído este episodio en el plano general de una represión al pueblo mapuche.

Ahora bien, desde nuestra perspectiva la cuestión no está en que la CAM represente efectivamente a una inasible totalidad del pueblo mapuche (así como tampoco suponemos que la clase política chilena represente a la “totalidad” de Chile). Lo importante es que, en primer lugar, la CAM como movimiento haya logrado romper con la folklorización de lo mapuche, con su reducción étnica a la categoría prepolítica de patrimonio “cultural”, por parte de la ideología nacionalista que ha dirigido las políticas de este como de los gobiernos chilenos anteriores. Y en segundo lugar, que esta ruptura haya desencadenado por parte del Estado una reacción también exterior a la política, es decir una de carácter jurídico y sobre todo militar.

En este sentido nos parece que la huelga de hambre constituye un esfuerzo radical por devolver el conflicto a un plano político, es decir a un plano en que se recupere la histórica necesidad de negociar y pactar en torno a la diferencia por la que los sujetos se reconocen como legítimos adversarios. En lugar de ello, la actitud del gobierno a tendido a profundizar una relación unidireccional y vertical, por la que esta capacidad de reconocimiento del conflicto y la consecuente capacidad de negociación, son reemplazadas por un doble movimiento que va de la mera administración de necesidades básicas (coherente con la tesis de la cuestión mapuche como un simple problema de pobreza), a las respuestas jurídico militares por las que el adversario político deviene criminal o terrorista.

En este contexto la huelga de hambre constituye una forma de repolitizar el espacio de las demandas devolviéndoles su densidad histórica. El Presidente Piñera y su gobierno han intentado aplicar a los 34 prisioneros mapuche el mismo tratamiento mediático que se aplicó a los 33 mineros atrapados, es decir desplazar un conflicto y unas demandas propiamente políticas, al plano biológico, sentimental y mediático del rescate de unas “vidas chilenas en peligro” y en las que se encarnaría la solidaridad compasiva de toda una nación.

Con su huelga de hambre, los 34 prisioneros mapuche no sólo están reivindicando el derecho a condiciones procesales básicas, sino que están manifestando la necesidad de que en Chile se considere una nueva forma de tratar los conflictos y las diferencias respecto de la conformación misma de la soberanía y del estado de derecho. Se trata de un esfuerzo por que estas diferencias y conflictos tengan un verdadero espacio de expresión y de negociación y no caigan automáticamente en el rango extrapolítico, o bien del terrorismo, o bien de los derechos humanos mínimos que el Estado o el mercado debe satisfacer unidireccionalmente apelando a la supuesta neutralidad de la eficacia tecnocrática, o a la vaga emotividad de la caridad y el espectáculo compasivo.

Se trata de superar la dialéctica mediática del terror y la compasión, para considerar el momento actual con profundidad histórica y política.

Posiblemente debamos mirar a las instituciones y prácticas que (antes de la invasión militar de los territorios mapuches que llamamos “la Pacificación de la Araucanía”) hicieron posible situar los conflictos entre mapuche y huincas sobre un plano de mutuo reconocimiento. Debemos entonces reconstruir los Parlamentos, sin olvidar que estos suponen la presencia de las autoridades de la nación chilena como interlocutores. Ese puede ser el primer paso, los pasos posteriores emergerán desde esa instancia.

Marcelo Arnold (Decano); Sonia Montecino (Vicerrectora de Comunicaciones Universidad de Chile); María Elena ACUÑA; Eugenio, ASPILLAGA; Isabel CARTAJENA; Claudio, CERDA; Sergio FLORES; Rolf FOERSTER; Carolina, FRANCH; José A. ISLA; Roberto, IZAURIETA; Donald JACKSON; André MENARD; Sonia MONTECINO; Andrés TRONCOSO; Jorge, RAZETO; Flora, VILCHES. Profesores del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile.