Sobre el actual gobierno, durante la conferencia de prensa en Temuco para presentar el informe, se argumentó que “las políticas públicas no las han fundado sobre los principios establecidos en el convenio 169, particularmente el derecho a la consulta y a la participación. Creemos que eso traspasado a la huelga de los presos políticos mapuche son síntomas poco alentadoras, esperamos que esta actitud naturalmente cambie”, señalaron voceros del informe en conferencia de prensa en Temuco...
FUENTE: Observatorio Ciudadano
Por Elías Paillan y José Luis Vargas.
Miércoles 14 de septiembre de 2010 - Este 15 de septiembre se cumple un año de la entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT en Chile. El gobierno chileno está obligado a entregar información a dicho organismo sobre las medidas administrativas y legislativas que ha tomado para aplicar este instrumento internacional de derechos humanos de los pueblos indígenas en el país, el que ya presentó.
Pero considerando que el estado generalmente solo habla de su gestión, y no ha informado acerca de los contenidos de su informe, cual es también su deber, son las propias organizaciones indígenas en conjunto con las de sociedad civil quienes además de entregar su propio informe, informan y analizan el entregado por el gobierno.
Con fecha lunes 30 de agosto, la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (CONAPACH) entregó formalmente este informe alternativo, de conformidad con el artículo 22 de la Constitución de la OIT, dirigido a la Oficina de Normas de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones Organizaciones Internacional del Trabajo, ubicada en 4 route des Morillons CH-1211 Genevé 22 en Suiza, cuyo timbre de recepción indica el 1 de septiembre.
Dicho informe está suscrito por el Consejo de Longkos del Pikun Wijimapu, el Grupo de Trabajo Mapuche sobre los Derechos Colectivos, el Observatorio Ciudadano el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y Wallmapuwen, quienes lo desarrollaron de forma colectiva a efectos de brindar a la OIT un diagnóstico en torno al estado actual de los derechos indígenas en Chile y del cumplimiento del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
Principales contenidos del informe
El documento, que consta de 98 páginas, en su primer capítulo da cuenta del marco jurídico vigente y las iniciativas de reforma, al igual que un balance de las políticas públicas en materia de pueblos indígenas, así como también informar acerca de la expansión de los megaproyectos que afectan territorios indígenas y la criminalización de la protesta social de estos pueblos y la violencia policial ejercida en contra de ellos.
En el segundo capítulo del informe da cuenta de la vulneración de los derechos establecidos en el Convenio 169 de la OIT por parte del estado chileno. Entre otras, el hecho de que se aplique la ley antiterrorista a personas que reinvindican derechos territoriales y la violencia policial extrema que ha desencandenado en abusos de poder, muchas veces motivada por la discriminación racial y la estigmatización. Del mismo informa sobre la vulneración del derecho a la consulta que establece y garantiza el Convenio, especialmente en casos de implementación de megaproyectos de inversión que afectan el medio ambiente y el territorio de los pueblos indígenas.
Otros aspectos que se dan cuenta en el segundo capítulo, tiene relación con el derecho a la participación y la toma de decisiones, frente a lo cual existen barreras institucionales que impiden el ejercicio de dicho derecho, como es por ejemplo el derecho a la justicia y a un debido proceso; y el derecho a la propiedad, posesión y uso del territorio y los recursos naturales. Del mismo modo se refiere este capitulo al derecho a la educación y muy particularmente a la comunicación, ámbito en la cual se han vulnerado el derecho a la libertad de expresión e información al perseguirse a comunicadores sociales indígenas y no indígenas que registran las realidades que afectan a estos pueblos.
Comentarios en conferencia de prensa
Durante la conferencia de prensa con que este martes en Temuco se dio a conocer este informe alternativo, se señaló que se trata de “un informe crítico en temas gruesos como la consulta y el decreto 124 bajo del gobierno de Bachelet y una de las recomendaciones que hacemos es la falta del procedimiento de consulta, ya que no existe un mecanismo de consulta efectiva de acuerdo al estándar del convenio 169, y le pedimos a la OIT una medida clara para que le pida al gobierno que derogue ese decreto supremo 124”, comentó Blaise Pantel, Coordinador del Programa de Derecho Indígena del Observatorio Ciudadano.
Las organizaciones que participaron de este informe alternativo son a su vez críticos respecto de la falta de consulta a los pueblos indígenas frente a los proyectos de inversión industrial, comentó el antropólogo. “El instrumento de participación ciudadana en el sistema de impacto ambiental no está a la altura del convenio 169 y sobre la gestión de los recursos naturales de los pueblos originarios del convenio en su artículo 15, que señala que los pueblos originarios tienen el derecho de conservar, administrar y gestionar los recursos naturales en su territorio”, añadiendo que las leyes sectoriales, como el código de aguas, de minería y otros, no han sido modificados a la luz del convenio, lo que es una obligación de parte del estado.
Otro planteamiento importante fue la crítica a la ausencia en el actual gobierno de una línea clara sobre la aplicación del convenio 169, “no esta en su discurso, lo que hace que se tenga que recurrir a los tribunales de justicia, lo que conlleva a judicializar los temas, lo que es lamentable”, dijo Panel, añadiendo, “que el espíritu y lo que pretende el convenio es construir un diálogo fluido y constructivo del estado con los pueblos originarios”, finalizó.
Por su parte Pedro Mariman, integrante del partido mapuche Wallmapuwen, aclaró que este informe se basa en los últimos seis meses del gobierno de Michelle Bachelet y los primeros seis del gobierno de Sebastián Piñera, que si bien valoró que se haya reconocido por parte de Chile la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas y la ratificación del Convenio 169 de la OIT, hubieron hechos graves que lamentar. Recordó, por ejemplo, “la muerte de dos jóvenes activistas en manos de carabineros de Chile, agregando que se apreció por parte del gobierno de Bachelet una débil voluntad para desarrollar políticas públicas fundadas sobre los derechos de los pueblos indígenas”, acotó.
Las políticas públicas de estos gobiernos han sido, además, muy susceptible a las coyunturas políticas, lo que hace que no estén fundadas sobre una estrategia global, es decir, éstas pueden ser anunciadas y cambiadas de forma drástica, dependiendo de las coyunturas, aclaró.
Consultados sobre como se evalúa en este informe al actual escenario de la huelga mapuche, la aplicación de la ley antiterrorista y la justicia militar, Mariman respondió que el “partido ha expresado su absoluta solidaridad a la causa expresada, ellos no están pidiendo absolución, sino, que sean juzgados con las garantías mínimas de un debido proceso, y a estas alturas hay un consenso transversal en la sociedad, los partidos, y autoridades políticas que la reforma a la ley antiterrorista es absolutamente necesaria”, dijo.
Respecto de la justicia militar, comentaron que los tribunales militares son tribunales de excepción en muchos países y no existe sentido que justifique que en Chile se estén juzgando por parte de tribunales castrenses causas que involucran a civiles.
Señales erráticas y huelga de hambre
Señalaron, finalmente, que el gobierno de Piñera ha enviado señales erráticas en materia de políticas públicas. Se parte con funcionarios en altos niveles para el desarrollo de estas políticas, como Sebastián Donoso, que han estado adversas al diseño de medidas especiales que igualen las oportunidades de los pueblos indígenas con respecto a la población chilena, como también opuestos a la ratificación del convenio 169 de la OIT, al cual consideran un obstáculo, y eso no es una buena señal para el desarrollo de políticas públicas”, comentó Mariman.
Añadiendo que estas políticas no se han fundado sobre los principios establecidos en el convenio 169, particularmente el derecho a la consulta y a la participación. “Creemos que eso ha traspasado a la huelga de los presos políticos mapuche, son síntomas poco alentadoras, esperamos que esta actitud naturalmente cambie”, concluyeron.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire