“Han desplegado (nuevamente) un perverso manto de turbiedades en territorio Mapuche”

Nuevamente, desde los mismos sectores antidemocráticos chilenos, acostumbrados a avalar y promover toda violación a los derechos humanos, hacen aparecer los términos: Infiltrados, manipulación, financiamiento extranjero y terrorismo en su denominado “zona de conflicto Mapuche”,, justo cuando se han reafirmado en diversos lugares las reclamaciones por tierras ancestrales, activándose un clima represivo, de militarización y de campañas mediáticas.

Como ya se ha dicho antes, frente este tipo de climas orquestados, “ Son actos repulsivos, repugnantes, sin moral, que buscan desviar la atención sobre los verdaderos temas de fondo que reclama el Pueblo Mapuche y que versan sobre reclamaciones de tierras ancestrales, restauración de derechos humanos y exigencias de reparaciones frente a los abusos, violaciones, usurpaciones, arbitrariedades, negaciones y empobrecimiento causado por un estado colonial y patriarcal, controlado por grupos de poder fáctico…”

Con fecha 24 de diciembre, el ministro del Interior, Andres Chadwick, se dirigió a la Araucanía para presentar querellas en contra de “responsables” de ataques y atentados indicando que “estamos enfrentando a un adversario que es preparado, que se aprovecha de las circunstancias de la zona, de la naturaleza para poder esconderse, que actúa encapuchado (…) no tenemos temores ni nos va a temblar la mano, sabemos que enfrentamos un enemigo poderoso, que goza de apoyo político, comunicacional e internacional“.

Asimismo, sostuvo tras una reunión con los fiscales, de que habría “evidencia de delito terrorista”, señalando al respecto: “Vamos a presentar la recalificación de la querella para que se aplique la Ley Antiterrorista”.

“Complementariamente”, los diarios vinculados al empresario golpista, Agustín Edwards, con el mercurio y la segunda principalmente, desde donde se ha originado la terminología “terrorismo mapuche”, “zona de conflicto”, “zona roja”, particularmente post muerte de un campesino chileno pobre de la zona de Arauco, refuerza estos términos y acompaña los dichos oficiales de voceros de gobierno y sectores políticos conservadores.

En la misma línea, el intendente de la Araucanía, ex empresario de la industria forestal y yerno de uno de los principales latifundistas en la región de la Araucanía sale vilmente al paso de las declaraciones de una dirigenta de Quepe luego de un ataque incendiario de un camión en el marco de la construcción de un conflictivo proyecto de aeropuerto en zona Mapuche refiriéndose a un auto atentado y ante esto, el funcionario de gobierno la amenaza con criminalizarla sosteniendo a la prensa: “A través de nuestro equipo de profesionales de la Unidad Penal de la Intendencia Regional, hemos reunido antecedentes para presentar la querella que se hizo efectiva el mismo martes 11 de diciembre por este ataque, y por esta razón, con esta información que tenemos, podemos concluir que los dichos irresponsables de esta señora, en nuestro concepto, son injuriosos y calumniosos". Cabe mencionar que la dirigente es Luz María Huincaleo, una joven madre integrante de la comunidad Fermin Manquileo y cuyo único propósito, haciendo uso de la libertad de expresión como derecho humano fue el de alzar la voz ante un turbio hecho y que ha traído como consecuencia la intervención del territorio por parte de todo el aparato represivo y que busca involucrar a las comunidades la que además, ha manifestado reclamaciones de tierras ancestrales. La dirigente solo exige paz para su sector, sin embargo, el “valiente” intendente, la amenaza. Molina, hace rato viene actuando como operador político en estos escenarios.

Por su parte, el senador oficialista por Malleco, Alberto Espina, puntualizó este 26 de diciembre a medios radiales que existen "grupos muy organizados, que actúan como comandos y donde participan personas de diferentes etnias y otras personas que no son mapuches". Dijo en medios de su calaña: “la información que maneja el Ministerio Público apunta a que hay contactos con extranjeros". Agregó que "estamos frente a un hecho terrorista, que quieren infundir temor en la población y boicotear las políticas públicas del gobierno con las comunidades mapuches".

Cabe mencionar que el pasado jueves 20 de diciembre, según fuentes oficiales, cuatro personas encapuchadas ingresaron a una parcela en Cañete, hecho que terminó con un parcelero muerto, el campesino Osvaldo Zapata (54) y su esposa herida. Como suele ocurrir en estos casos, de diferentes formas, se dejó entrever que ocurría en una “zona de conflicto Mapuche”.

Al respecto, la organización Coordinadora Arauco Malleco (CAM) a través de un comunicado señalaba: “Nos debemos a una ética política del weichan, o de lucha, por consecuencia no tenemos una línea de confrontación indiscriminada contra parceleros y campesinos, estamos categóricamente en contra de eso. No atacamos a los más débiles aunque estén en territorio mapuche“, declaran en el documento, en el que identifican al capitalismo como su enemigo, representado por las “empresas forestales (Mininco, Volterra, etc) y sus expresiones de inversión y usurpación”. El campesinado chileno, dicen, no es ni será un objetivo para la CAM. “Es más, los consideramos un sector también oprimido por el sistema político económico imperante…”
A esto se debe agregar una seguidilla de extraños atentados que han involucrado esta vez a campesinos chilenos pobres, ataque a furgón escolar, escuela de niños y en algunos casos, a los intereses de latifundistas, lo que ha profundizado las políticas represivas y de militarización por parte de fuerzas especiales y del gope en diversos sectores, con continuos allanamientos y control de territorios.

Estos hechos han sido utilizados publicitariamente, donde nuevamente, desde los mismos sectores antidemocráticos chilenos, acostumbrados a avalar y promover toda violación a los derechos humanos, hacen aparecer los términos: Infiltrados, manipulación, financiamiento extranjero y terrorismo en su denominado “zona de conflicto Mapuche”, justo, cuando se han reafirmado en diversos lugares las reclamaciones por tierras ancestrales, activándose un clima represivo, de militarización y de campañas mediáticas.

¿La consagración de un modus operandi?

Estos sectores han desplegado (nuevamente) un perverso manto de turbiedades en territorio Mapuche y como ya se ha dicho antes, frente este tipo de climas orquestados, “ Son actos repulsivos, repugnantes, sin moral, que buscan desviar la atención sobre los verdaderos temas de fondo que reclama el Pueblo Mapuche y que versan sobre reclamaciones de tierras ancestrales, restauración de derechos humanos y exigencias de reparaciones frente a los abusos, violaciones, usurpaciones, arbitrariedades, negaciones y empobrecimiento causado por un estado colonial y patriarcal, controlado por grupos fácticos de poder…”

Estos hechos, vienen ocurriendo en zonas donde diversas comunidades mantienen activa sus reclamaciones por tierras ancestrales y que han asumido públicamente sus reivindicaciones y demandas y que mayoritariamente involucran los intereses de empresas forestales y en algunos casos de latifundios de descendientes de colonos. En estos sectores, junto con el control policial, también operan mercenarios – sicarios, que son grupos de seguridad privada de empresas forestales donde ha existido registro desde hace algunos años, del involucramiento de ex agentes de CNI (inteligencia dictadura militar) y de uniformados en retiro, donde ha habido acusaciones por auto atentados, como también, de sectores sindicados como paramilitares bajo la denominación de “comando Hernán Trizano”, supuestamente vinculado a grupos de terratenientes ultras y xenófobos.

Cabe mencionar, ante recientes ataques incendiarios a inmuebles de latifundios en algunos lugares de la Araucanía, se ha acusado directamente a comuneros mapuche y se han enviado duros mensajes, uno de ellos, bajo el anonimato a través de la prensa este 23 de diciembre. Se dijo en la radio Bio Bio: “ Hoy día se les acaba el plazo para detener a este gente, mañana nosotros empezamos a actuar, tan simple como eso. 24 horas para que detengan a esta gente. Nosotros sabemos cómo hacer las cosas y las vamos a hacer. Mañana empieza la cacería“. Sucesivamente han aparecido una serie de rayados y amenazas de muerte contra dirigentes Mapuche, tal cual lo ha denunciado la Comunidad José Guiñon, a modo de ejemplo.

¿A quién conviene este clima y escenario?

Un comunero, una familia, una comunidad que exige justicia, que les reparen derechos territoriales, que demanda al estado chileno restitución y que denuncia las prácticas de ciertas empresas forestales ¿Va a querer que le militaricen el territorio donde vive? ¿Va a querer que allanen sus viviendas y maltraten a los integrantes de su familia?

Estamos hablando de zonas que no son el denominado “conflicto Mapuche” inventado por grupos de poder ultras, sino de conflictos que ha instaurado el estado chileno con los procesos de usurpación de tierras y de impactos de la industria forestal, donde existe en el presente un masivo control de agentes policiales con formación militarizada del estado chileno, donde operan diversos servicios de inteligencia y en donde se viene invirtiendo millones y millones de dólares para supuestos fines de “seguridad”, con la más alta tecnología ¿es posible entonces pasar desapercibido así? Estamos hablando de zonas de “sacrificio” donde no interesa a las políticas oficiales del estado el desarrollo de comunidades o la restitución de sus derechos, sino de expansión de ciertas industrias, como las forestales.

Asimismo se ha hablado de “grupos armados” e incluso ha habido varias acciones penales en contra de jóvenes por supuesta “tenencia ilegal de armas”, reforzando el estigma de violentismo y “guerrilla” en zonas de control estatal y de ciertos sectores privados, pero de ser así, nadie de los acusadores se ha preguntado ¿quién está ingresando esas supuestas armas?, lo que, ante la masiva concurrencia e invasión policial, más que un acto temerario, sería un acto suicida.

En medio del entrelazo de sectores de poder público y privado, no cabe duda que ante las legítimas reclamaciones de comunidades, este clima y escenario gatillado desde estos sectores, busca intensificar la persecución hacia quienes reclaman tierras y neutralizar las movilizaciones en ese sentido, desviando la atención de los temas de fondo.

¿Es nuevo esto?

Son diversos los antecedentes similares al respecto, pero uno de los últimos, fue en enero del 2012, donde, desde las palabras del propio Presidente de la República y consecutivamente del aquel entonces Ministro del interior Rodrigo Hinzpeter, se señaló a medios de prensa que el origen de unos incendios que arrasó plantaciones forestales en la Región del Bio Bio y la Región de la Araucanía, y que en Carahue cobró la vida a 7 brigadistas, habría sido provocado por “manos criminales” y que estas provendrían de organizaciones mapuche, en particular apuntando a la Coordinadora Arauco Malleco, CAM, relacionando este hecho como un acto con calidad de “terrorista” y se aplicó la Ley Antiterrorista (LAT) para todo el proceso de investigación y que se cayó a pedazos.

En esta actitud, también se identificó a autoridades locales designadas como el Intendente de la Araucanía, Andrés Molina; Al diputado de la República, José Edwards; Al Senador de la República, Alberto Espina; Al Senador designado, Carlos Larraín, y a medios de información masiva que han hicieron relación directa entre los incendios y causas Mapuche.

Sin embargo se ha venido informando y denunciando por diversos sectores, que antes de los incendios forestales, en medio de la resequedad de terrenos por la falta de agua, miles de hectáreas de plantaciones forestales de pino en el centro sur de Chile se encontraban devastadas por una plaga descontrolada de una especie denominada avispa taladradora “forestal Sirex noctilio”, lo que afectó los intereses en comercio y exportación de las empresas y que también involucró seguros comprometidos.

Los únicos realmente poderosos que operan en territorio Mapuche a modo de ejemplo, son las grandes empresas forestales como Mininco y Arauco y sus propietarios, la familia Matte y Angelini. También, es la transnacional Endesa y ciertos mega latifundistas, quienes, desde la dictadura militar vienen controlando el aparato público del estado, con redes políticas absolutamente corrompidas y obteniendo suculentas ganancias y acumulación de riqueza a costa de la explotación, depredación y violaciones a los Derechos Humanos, siendo absolutamente necesario desenmascararlo y frenarlo.