Hoy comienza la audiencia por el caso del joven Mapuche Pascual Pichún Collonao quien luego de años de solicitar refugio político en la argentina fue detenido por agentes policiales estatales chilenos en febrero de este año mientras visitaba a su familia de manera clandestina. Pascual por una antigua causa en un juicio irregular, fue condenado en enero del 2003 junto a su hermano Rafael a una pena de 5 años y al pago de una millonaria indemnización.
El día 31 de enero de de 2003, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol, en causa RUC: 0200045508-6, condenó a Pascual Pichún Collonao, “a la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos mientras dure la condena”, condenándosele además al pago de $6.000.000 con costas por concepto indemnización de perjuicios, y al pago de una multa de 10 UTM. en un juicio claramente irregular, como autor de un atentado incendiario cometido a un camión maderero en el año 2002 en las cercanías de la localidad donde vive junto a su familia.
Dicha sentencia se encuentra ejecutoriada desde el día 3 de abril de 2003, luego de que el Recurso de Nulidad del Proceso presentado por las Defensas de los Imputados, fuese rechazado por la Corte Suprema. Tras ello, Pascual se fue a Argentina en junio de 2003, y en febrero de 2010, fue detenido por agentes del estado chileno al interior del País.
Cabe mencionar que, paralelamente a esta situación vivida por el joven Mapuche, el padre de Pascual, autoridad tradicional de la Comunidad, cumplió una condena de 5 años de presidio, durante un proceso de recuperación de tierras en el que se invocó la Ley Antiterrorista. En la actualidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentra revisando este y otros casos donde se ha aplicado esta legislación por la desproporción los supuestos delitos cometidos y los tipos de sanciones aplicados, colocando en duda el debido proceso.
Por este caso, en el Tribunal de Traiguén, en audiencia pública, será visto su caso este 30 de agosto, causando expectación en diferentes sectores sociales y de Derechos Humanos.
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