En el marco de legítimas reclamaciones de Tierras ancestrales y/o defensa territorial se ha aplicado la Ley antiterrorista contra numerosas personas Mapuche. Ninguno de esos casos se ajusta a actos de terrorismo. Por quema de plantaciones, maquinarias, incluso por amenazas, ni si quiera demostradas, pero que vinculan los intereses de los principales sectores empresariales en Chile, se han aplicado demenciales, abusivas y desproporcionadas penas.
Sin embargo, un oficial de carabineros puede asesinar a un joven Mapuche desarmado y quedar impune. Ser inmediatamente trasladado y ascendido dos veces de cargo y la justicia militar lo ampara. Un GOPE puede asesinar por la espalda y quedar libre.
A modo de ejemplo….
5 años de cárcel fue la condena para dos autoridades ancestrales del Pueblo Mapuche, Lonko Pascual Pichún y Aniceto Norin por reclamar tierras ancestrales.
¿Motivo?
AMENAZA de incendio terrorista contra la casa de un Latifundista, neo colonialista, coludido con los intereses de empresas Forestales y parte de la estructura estatal chileno en el Tribunal constitucional y ex ministro de estado.
5 años y 1 día de cárcel para el Werkén Víctor Ancalaf Llaupe acusado por ataque incendio terrorista contra maquinarias que involucra los intereses de la transnacional ENDESA en el marco de la defensa territorial de la zona Pewenche ante la imposición de una represa hidroeléctrica.
Los comuneros Mapuche Patricia Troncoso, Jaime Marileo, Juan Marileo, Juan Millacheo, José Huenchunao, Juan Carlos Huenulao, fueron condenados a 10 años y un día por el delito de incendio terrorista, además de las exigencias de pagar una indemnización a la Empresa Forestal Mininco S.A. de 425 millones de pesos.
Y puede continuar una larga lista de casos. Se agrega los juicios en el presente. Asociación ilícita terrorista, ataque terrorista, son algunas de las acusaciones contra decenas de Mapuches, en su mayoría jóvenes. Incluso, se piden condenadas de hasta más de 100 años de cárcel como ocurre contra Héctor Llaitul.
Como contraparte, agentes policiales de estado, asesinos, en medio de acciones siniestras para reprimir las legítimas reclamaciones de tierras ancestrales, quedan libres e incluso impunes.
Marco Treurer, asesino de Alex Lemún, no solo quedó impune por la justicia militar, sino además la institución de Carabineros lo ha premiado ascendiéndolo dos veces de cargo.
El asesinado, el cobarde asesino de Matías Catrileo, Walter Ramírez, Miembro del GOPE, quien acribilló por la espalda al joven Mapuche desarmado, la justicia militar lo deja libre, con una condenan a 3 años y un día de libertad vigilada.
Cabe mencionar que el estado chileno, hace años debió haber modificado su Legislación Militar.
Dicha instancia es aún un poder fáctico del estado en esta denominada democracia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Chile el año 2007 en la sentencia “Palamara contra Estado de Chile” a restringir ostensiblemente la justicia militar en tiempo de paz, y no hacerla competente en casos que envuelvan a civiles.
La obligación señalada se debe al caso Palamara, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y cuya resolución es obligatoria al Estado chileno, ya que fue emitida por un Tribunal internacional al que están sometidos los Estados.
Asimismo, una serie de recomendaciones se han venido efectuando por diversos órganos de Derechos Humanos del sistema de Naciones Unidas y reiterados llamados de organizaciones internacionales.
La Justicia estatal chilena y sus instituciones fácticas, sigue amparando a criminales, como ayer.
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