Un grupo de legisladores chilenos criticaron la aplicación de la Ley Antiterrorista contra los comuneros mapuches que luchan por la devolución de sus tierras ancestrales y manifestaron su preocupación por 32 de ellos que se encuentran en Huelga de Hambre.
Fuentes de la Información:
Escrito Por Roberto Manríquez
“Las demandas de los mapuches en general son demandas legítimas. Es evidente que se hace necesario darle mayor autonomía e independencia a los pueblos originarios”, dijo Hugo Gutiérrez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Chile.
“Con respecto a quienes están privados de libertad, es también evidente que su demanda por la no aplicación de la ley Antiterrorista es de igual modo legítima. Esta ley sólo contribuye a estigmatizar sus aspiraciones, tratando de desvirtuarlas ante la opinión pública”, agregó el legislador.
Los mapuches, la etnia originaria más numerosa del país, integrada por unas 800.000 personas en un país de 16 millones de habitantes, exige la restitución de su territorio ancestral en las regiones del Bío Bío y Araucanía, en el sur de Chile, perdido sucesivamente ante la Corona española desde el siglo XVI y por el Estado chileno a partir del siglo XIX.
A partir de la década de 1990, junto al retorno de la democracia en el país, los mapuches, agrupados en diversas comunidades, iniciaron ocupaciones de territorios que reclamaban.
El ejecutivo aplicó entonces la Ley de Seguridad Interior para reprimir el movimiento, además de una política de compra de terrenos para responder a las demandas, pero las comunidades juzgaron insuficiente la restitución y radicalizaron su movimiento.
La quema de algunos predios forestales y la ocupación de tierras de hacendados constituirían una segunda etapa en el movimiento, lo que coincidiría con la aplicación de la Ley Antiterrorista. Hasta el momento los únicos habitantes del país condenados por la polémica normativa son Mapuches.
“Básicamente se trata de delitos de incendios o amenzas de incendios, son pastizales y uno no entiende cómo eso puede ser catalogado de terrorismo o amenaza terrorista y llevar a penas de diez año y un día”, indicó Gutiérrez, un destacado abogado en causas de Derechos Humanos.
Un informe de la Comisión Etica contra la Tortura, difundido el 23 de junio, indicó que un total de 106 indígenas se encuentran encarcelados, condenados o procesados en relación con el conflicto mapuche, cifra que se duplicó en menos de un año.
Al menos 30 de ellos enfrentan la Ley Antiterrorista, que implica excepciones con respecto a un proceso común, como la existencia de testigos sin rostro, la anulación de garantías como la libertad condicional y la aplicación de severas condenas de prisión.
La legislación ha sido rechazada por organismos locales e internacionales de Derechos Humanos, incluyendo a los enviados de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, el mexicano Rodolfo Stavenhagen y el estadounidense James Anaya.
“Las recomendaciones del Stavenhagen fueron de alguna forma recogidas por el gobierno chileno en su oportunidad, el ex presidente (Ricardo) Lagos (2000-2006) no favoreció la aplicación de esta ley contra los mapuches”, dijo Gutiérrez parlamentario del Partido Comunista.
“Sin embargo, en los últimos años de la administración de la presidenta (Michelle) Bachelet se volvió nuevamente a dar instrucciones a gobernadores e intendentes para interponer querellas con base en esta figura legal”, añadió el diputado.
De acuerdo con el parlamentario, la aplicación de la normativa “es una forma que tiene el Estado chileno de abordar las demandas de los mapuches, sabe de su legitimidad, entonces una forma de deslegitimarlas es aplicarle la Ley Antiterrorista”.
Según informes de prensa locales, los mapuches que cumplieron un mes en ayuno han comenzado a presentar problemas de salud, mientras el gobierno chileno aún no se ha pronunciado oficialmente sobre las demandas de este pueblo originario.
Respecto al movimiento el diputado René Safirio del centrista Partido Demócrata señaló tras visitar a los ayunantes “Estamos frente a una situación que más bien tiene caracteres políticos que judiciales o carcelarios. He asumido con ellos una serie de compromisos que tiene que ver con el desarrollo de los acontecimientos que les afectan”.
Por su parte el diputado socialdemócrata Tucapel Jiménez afirmó hoy que la comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja indagará sobre denuncias de hostigamientos a los mapuches.
Mientras el senador Alejandro Navarro del izquierdista Movimiento Amplio Social (MAS) expresó su preocupación por el “deterioro físico de los comuneros, que en promedio ya han perdido 11 kilos de peso; estado de salud que se empeora cada día más con el paso de los días, al no recibir la debida atención médica”.
El legislador adelantó que presentará “los casos ante la Cruz Roja Internacional, para que ésta, con sus médicos sin fronteras, pueda venir a Chile a atender a los afectados y garantizarles una real y oportuna atención”.
Navarro hizo un llamado al gobierno “a sentarse a conversar, a dialogar ahora antes de que sea demasiado tarde”.
“El gobierno no debe esperar que muera un mapuche por desnutrición para actuar y dialogar.
Esta huelga de hambre va en serio, y el ejecutivo no puede hacer oídos sordos e ignorar a los mapuche como si no existieran, en contraposición con la posición que asumieron con los presos cubanos, en cuyos casos intervinieron, ayudaron y acogieron, señaló.
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